- La Dra. Guadalupe Virginia Jiménez García, reiteró que es
“la voz de quienes han muerto por falta de insumos” y exigió llegar hasta las
últimas consecuencias legales y no dar carpetazo al asunto con una sanción
administrativa
México, D. F.- La investigación en contra de servidores
públicos adscritos al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), debe
llegar a las últimas consecuencias y no quedar en una simple sanción
administrativa.
En conferencia de prensa, la doctora Guadalupe Virginia
Jiménez García dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR),
como consecuencia de una queja interpuesta ante la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), aceptó el pasado 21 de junio que “se detectaron
irregularidades al personal ministerial de la institución, que intervino en su
integración”, es decir, en la integración de la denuncia que interpuso en
contra de quien resultara responsable por el delito de amenazas, así como robo
de medicamentos y más irregularidades.
A raíz de tal documento, exigió que se reintegre todo el proceso
de investigación en contra de los médicos-funcionarios del CMN 20 de Noviembre
y también se castigue a los integrantes de la agencia del Ministerio Público
que actuaron irregularmente en la integración de su denuncia.
El pasado domingo 11 de agosto, mediante un comunicado, se
dio a conocer que autoridades del ISSSTE denunciaron ante la PGR hechos por
daño patrimonial superior a 55 millones de pesos, derivado de irregularidades
en el manejo de medicamentos en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.
De acuerdo al documento antes mencionado, las
irregularidades fueron detectadas en el proceso de distribución, registro y
control de medicamentos de alta Especialidad hacia el Servicio de Oncología
Médica, y en las que presumiblemente participaron funcionarios adscritos a ese
complejo hospitalario.
Esta investigación surgió a raíz de que hace poco más de dos
años la doctora Guadalupe Virginia denunciara pública y penalmente a altos
funcionarios del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, perteneciente al ISSSTE.
Sin embargo, el propio Órgano Interno de Control del ISSSTE,
el pasado 6 de marzo le notificó que presuntamente no precisó circunstancias de
modo, tiempo y lugar de los hechos presuntamente irregulares que denunció, ni
sus denuncias se encontraron “soportadas por elementos de convicción aptos y
suficientes para determinar presunta responsabilidad administrativa en contra
de los servidores públicos mencionados”.
Jiménez García detalló con documentos que su denuncia
pública y penal consistió en lo siguiente:
1.- Denuncia por robo de medicamentos biológicos que se
manejan en el Centro de Mezclas para ser utilizados en los servicios de alta
especialidad, por parte de la doctora Fedra Irazoque Palazuelos. Cabe señalar
que esta denuncia la hicieron ante el Director Rafael Navarro Meneses y ante la
doctora Guadalupe Virginia Jiménez García, cuatro médicos residentes, además de
Aura Erazo.
2.- Por estas denuncias, Jiménez García sufrió acoso laboral
del Subdirector Médico del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Antonio
Zárate Méndez, con la presunta complicidad de sus superiores jerárquicos, desde
el director del 20 de Noviembre, Rafael Navarro Meneses, pasando por el
Director Médico del ISSSTE, Doctor Ricardo Gabriel Manuel Lee y el Director
General en ese entonces, Jesús Villalobos López.
3.- La denunciante fue cesada sin derecho a indemnización el
10 de mayo de 2011 del cargo de Coordinadora de Medicina Interna, perdiendo una
plaza de más de 31 años en el ISSSTE, cuando le faltaban pocos meses para
jubilarse.
4.- Aquel año sufrió amenazas telefónicas y un atentado.
La doctora Jiménez García teme que la denuncia que las
autoridades del ISSSTE hicieron ante la PGR por un daño patrimonial superior a
55 millones de pesos, sea sólo un distractor y que a los presuntos infractores
sólo se les desligue de sus cargos o se les apliquen faltas administrativas.
“Estoy aquí para exigir que esto no se quede en castigos
administrativos, en sanciones administrativas, en darse palmadas y un
aguántate, te voy a suspender y no pasa nada. Que nos regresen lo que se
robaron, que haya un seguimiento penal, que se llegue hasta las últimas
consecuencias”, señaló Jiménez García.
“Soy la voz de los muertos. Tengo todo el derecho como la
voz de todos los que perdieron la vida prematuramente por consecuencia de no
tener los insumos destinados a ellos en salud, de exigir que en esta
administración no nos quieran tomar el pelo”, añadió la galena.
La doctora Guadalupe Virginia considera que se sirvieron de
la información que les proporcionó tanto al Órgano Interno de Control como a la
Procuraduría General de la República, pero ante las evidencias de que no hubo
una actuación correcta, anularon la demanda realizada por ella, para evitar:
1.- Que se le reinstale en el cargo que tenía hasta el 10 de
mayo de 2011 y,
2.- Que sea una ciudadana y trabajadora, quien realice un
acto de castigo a quienes en su momento fueron sus superiores jerárquicos, para
evitar de esta forma que se desate una ola de denuncias de los trabajadores del
Estado que desean destapar los casos de corrupción de sus jefes.
Por ello, Jiménez García indica que es un asunto de carácter
político, con el fin de tapar las irregularidades y que continúen actuando
impunemente las camarillas o grupos delictivos.
Finalmente, la doctora asegura que teme por su vida, ya que
se encuentra en real peligro frente a las investigaciones que se realizaron y
llegaron a encontrar culpables y luego de que la PGR y la PGJDF la dejaron en
total indefensión.
Ante ello, ayer exigió a las autoridades que se le diga de
quién es el número de teléfono 04455-3548-2958 desde donde salieron las
amenazas contra su vida y objetó que las autoridades no puedan obligar a las
empresas telefónicas a que den tal información, como lo dijo en su momento la
ex procuradora General de la República, Marisela Morales.
