"Maduro no quiere que se publique la información y
trata de taparla"
T. del Nacional.
En el Día del Periodista, comunicadores sociales e
investigadores señalan al gobierno como el principal responsable de los ataques
y amenazas contra los trabajadores de la prensa. El bloqueo de portales es la
práctica más reciente.
La libertad de expresión incomoda al presidente Nicolás
Maduro y a sus colaboradores. Y no son pocos los mecanismos que ha empleado
para atentar contra ese derecho: la censura, los procesos administrativos y
judiciales, las amenazas, la violencia física y verbal contra periodistas y
medios de comunicación, así como la impunidad y la opacidad en la información,
han caracterizado sus cinco años de gobierno.
En el Día del Periodista, Marcelino Bisbal, periodista e
investigador; Luisa Torrealba Mesa, investigadora del Ininco; Carlos Correa,
director de Espacio Público, y Marco Ruiz, secretario general del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa, coinciden en que el Ejecutivo ha creado
mecanismos legales, económicos y violentos para amedrentar y evitar que los
periodistas reflejen la realidad de Venezuela.
Aunque el gobierno ha utilizado la legislación para coartar
el libre ejercicio del periodismo, estudiosos de la comunicación y periodistas
aseguran que informar es un derecho consagrado en los artículos 57 y 58 de la
Constitución. "Informar no es delito sino un derecho que debe ser
protegido y respetado por Maduro, aun en Estado de excepción. La carta magna es
clara", asevera Ruiz.
En lo que va de año se han registrado 113 hechos de
violación de la libertad de expresión y del derecho a la información, de los
cuales 87 han sido agresiones directas a periodistas y demás trabajadores de la
prensa. El gremio contó 24 detenciones arbitrarias, recuerda.
Espacio Público advierte en su más reciente informe que la
Ley contra el odio, aprobada por la asamblea nacional constituyente, también se
ha utilizado como herramienta para amedrentar. Hasta junio la ONG ha
identificado nueve casos, de los cuales dos se relacionan con periodistas y
medios de comunicación, y uno de ellos es el procedimiento administrativo contra
El Nacional web.
Informarse e informar son derechos
Marcelino Bisbal, periodista e investigador, señala que la
libertad de recibir información y transmitirla es consustancial con la
democracia: "Informar no es un delito. Lo que determina que una sociedad
es democrática es la libertad que tiene el ciudadano no solo de hacer ejercicio
de todos sus derechos, sino de poder recibir y transmitir información sin
ningún tipo de cortapisas".
La democracia se sostiene en la medida en que se ejerce ese
derecho: "Lo que llama la atención es que el ciudadano no se percata de
que informarse e informar son derechos y si se violan pierde la posibilidad de
llamar la atención sobre su situación".
Bisbal asegura que el país está ante un régimen dictatorial.
"Por eso el gobierno ha ido creando mecanismos para que no se informe lo
que sucede, que no se diga hacia dónde nos ha conducido este proceso político.
Es un gobierno que ha venido generando mecanismos para coartar la crítica y
mantenerse en el poder".
Una primera etapa, añade, estuvo signada por la retórica del
fallecido presidente Hugo Chávez, que acusó a periodistas y medios de
comunicación de ser los malos. Luego del golpe de Estado de 2002 se creó una
plataforma grandísima de medios y no de servicio público: "Una hegemonía
comunicacional que no tiene precedentes".
En la tercera etapa, refiere Bisbal, se adelantó un diseño
jurídico que limitó de manera importante la libertad de expresión y de
información. En el gobierno de Maduro esa plataforma creció de un modo
impresionante mediante decretos y normas que limitan la libertad de expresión;
además se restringió el otorgamiento de divisas para adquirir insumos y papel
periódico, y censuraron las redes sociales.
Se han sofisticado las agresiones
Luisa Torrealba Mesa, investigadora del Ininco, asegura que
el gobierno mantiene una política dirigida a censurar los medios de
comunicación y evitar que la información de interés público llegue a los
ciudadanos: "Cualquier información que resulte crítica representa para quien
ejerce funciones de poder un peligro para su estabilidad y continuidad. Atenta
contra un derecho que tienen los ciudadanos".
El cerco que tiene el gobierno hacia el ejercicio del
periodismo es de distinta índole. "Uno es lo legal. Se sigue usando el
Código Penal para criminalizar a periodistas y medios, para acusar a los
periodistas de dañar la honra, para acusar a los medios de difamación
agraviada".
Añade que otro mecanismo son las providencias de Conatel
para los medios radioeléctricos, pero que recientemente lo han comenzado a usar
contra los medios digitales. "Se abre una investigación y se acompaña el
procedimiento de una medida cautelar que tiene de manera directa una
sanción".
La otra vía de censura es la económica. "El gobierno
utiliza la publicidad como mecanismo de premio o de castigo", enfatiza.
La investigadora advierte que se institucionalizó la
violencia: "Se pasó de la agresión física al hecho de que los propios
funcionarios y los cuerpos de seguridad del Estado agreden directamente a los
periodistas".
Torrealba considera que el cerco al ejercicio del periodismo
es una estrategia del Ejecutivo. "Es sistemática, se ha extendido por
muchísimos años, se han ido sofisticando las formas de cómo se ataca y cómo se
criminaliza, aunque informar no es un delito, y con un elemento común que es la
impunidad".
La práctica es censurar a periodistas
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Prensa, Marco Ruiz, indica que el periodismo ha vivido varias etapas de
persecución. La primera fue verbal, cuando los funcionarios, incluso Hugo
Chávez, señalaron y cuestionaron la labor de los comunicadores. Luego
manipularon las leyes para provocar que los periodistas se inhibieran y
autocensuraran. Además, emplearon la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y
la Corporación Alfredo Maneiro para otorgar concesiones y asignar papel
periódico discrecionalmente; lo que ha afectado la labor de periodistas y
trabajadores de la prensa.
"La práctica más reciente del gobierno, referida a la
violación de la libertad de expresión, es el bloqueo de portales digitales, con
lo que incumple el derecho de recibir información que tienen todos los
venezolanos, de acuerdo con la Constitución", recuerda Ruiz. El Nacional
Web fue uno de los medios bloqueados por la Cantv.
Destaca que la violencia contra los periodistas se ha
evidenciado en cuatro fases. "Maduro es responsable del mayor número de
violaciones de la libertad de expresión en la historia democrática",
asevera.
La persecución que ha ejercido el Ejecutivo y la crisis
económica ha obligado a los periodistas a migrar a otros países, donde casi
nunca ejercen su labor. El SNTP informa que desde 2012 han salido de Venezuela
1.328 comunicadores. No obstante, en aras de hacerlos parte del mercado laboral,
la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe se comprometió a
apoyarlos y a denunciar cualquier explotación a la que sean sometidos.
Periodismo condicionado no es opción
El director de Espacio Público, Carlos Correa, destaca que
debido a la política de persecución y hostigamiento que ha implantado el
presidente Nicolás Maduro, los periodistas ejercen su tarea bajo una libertad
condicionada: no pueden hacer coberturas oficiales ni mencionar a determinados
funcionarios para evitar ser blanco de ataques.
"No hay que acostumbrarse al condicionamiento. La
pretensión es convertir lo incómodo en delito y con ello ejercen el poder de
manera arbitraria. Informar no es delito, pero Maduro no quiere que se publique
la información, y trata de taparla", subraya.
Aunque este año no se han registrado protestas como las de
2017, cuando periodistas y trabajadores de la prensa fueron agredidos y
detenidos, la persecución continúa. Correa asegura que ahora la ofensiva es
contra la fuente, sobre todo las que están relacionadas con la crisis de salud
y económica. "Hay un castigo a la fuente. También descalifican al
periodista para dañar su honor. Eso ha aumentado notablemente", agrega.
"Desde el año pasado la violencia de los funcionarios
del Estado ha sido más abierta. En años anteriores solo eran cómplices de
grupos civiles armados que robaban y golpeaban a periodistas y al equipo
técnico", asevera.
Uno de los casos más recientes ocurrió en mayo cuando el
coronel de la Guardia Nacional Bladimir Lugo golpeó a un camarógrafo de
Venevisión y lanzó su equipo al suelo cuando se disponía a entrar a la Asamblea
Nacional.
Los comunicadores también deben sortear la opacidad de la
información. En lugar de verificar los datos, los periodistas deben buscarlos
porque no existe información oficial, apunta.
