DEL AUTORITARISMO A LA DEMOCRACIA
Los cambios estructurales no pueden seguir aplazándose. Ya
hay avances y acuerdos con mucho camino por delante. Sólo falta la voluntad
política del nuevo presidente de México
Agustín Ambriz / Luces del Siglo
Cancún, Qna. Roo., a 3 de julio de 2012.- El próximo
presidente de México no seguirá ejerciendo solo el poder. Tiene ante sí la
exigencia de las diferentes fuerzas políticas y sociales que le demandan
transitar de una “gobernabilidad autoritaria”, como la dominante, a una
“gobernabilidad democrática”, como a la que han aspirado inalcanzablemente las
últimas cuatro generaciones.
Después de que el PRI perdió la silla presidencial en el
2000, tras 70 años de gobierno, el PAN con tan sólo doce años reprodujo el
esquema autoritario priísta y canceló esa esperanza de cambio que parecía haber
encendido la llama de millones de mexicanos que hoy, como desde hace poco más
de cuatro décadas, anhelan la democratización del sistema político.
Ya no hay tiempo de seguir aplazando esta exigencia. Las
circunstancias sociales están dadas para que desde los diferentes órganos del
poder se materialicen las reformas estructurales que hacen falta en el país y
cuyo tema central es el poder, cómo se genera, cómo se estructura, como se
distribuye, cómo se ejerce y para quién se ejerce.
Estas son las voces que se escuchan entre en los actores
políticos de primera línea tanto de izquierda como de derecha o de centro. Igual
en la academia y los foros jurídicos. La mayoría coinciden que el sistema
presidencial mexicano autoritario está superado y es necesario un nuevo diseño
institucional que incluya reglas de entendimiento y control para toda la
constelación de los poderes fácticos, aquellos que ejercen influencia sin
existir en la estructura gubernamental: el clero, los empresarios, los medios
de información y el poder ciudadano, principalmente.
Uno de los principales promotores de este cambio es el
próximo líder de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados,
el priísta Manlio Fabio Beltrones, quien considera que el gobierno compartido
es un instrumento institucional ajeno a la discusión de quienes propugnan por
una cambio de sistema político: de presidencialismo pasar a un sistema
semipresidencial o de plano a uno parlamentario, con lo cual no todos están de
acuerdo.
Hay afinidad en el qué pero no en lo cómo resolver los
cambios para ver luz al final del túnel de la transición política por la que
atraviesa el país. Manlio es de los que cree que no se requiere restarle
facultades al poder presidencial sino fortalecerlo para que opere con eficacia.
“Me parece más apropiado pasar de los gobiernos divididos a
una era de gobiernos compartidos, mediante la figura del gobierno de coalición.
Una coalición gobernante permite agregar respaldo legislativo efectivo y
capacidad de acción a la fuerza política que con mayor número de sufragios
obtuviera la mayoría para integrar el gobierno hasta el siguiente momento
electoral en que debiera aprobarse”.
En opinión del senador, existen varios mecanismos para
impulsar lo anterior, pero lo que es innegable es que se requiere sumar
respaldo político y ciudadano a la buena gestión del gobierno, que es el
significado de la gobernabilidad democrática, muy diferente de aquélla que se
obtiene por el uso de la fuerza o la imposición de unos sobre otros, que
también es gobernabilidad pero de talante autoritario.
Transitar al bipolarismo
Desde las filas de la izquierda, el diputado federal
Porfirio Muñoz Ledo sintoniza con quienes promueven transitar a un sistema de
poderes compartidos que plantea el fortalecimiento y cooperación entre todos
los poderes, en beneficio de la autonomía y de la eficiencia de cada uno,
“porque si no, ocurre lo que en las plazuelas, que domina quién habla más
fuerte”.
Muñoz Ledo parte de la idea de que en México el
presidencialismo actuó por suplencia de una sociedad civil prácticamente
inexistente, de una demografía fragmentada y de una carencia dramática de
instituciones eficientes.
“Generó una cultura política: la cultura del autoritarismo,
que a su vez produjo fenómenos endémicos que fueron: el verticalismo, esto es,
el sistema de decisiones en un polo geográfico de poder; el patrimonialismo, esto
es, la pérdida de frontera entre el patrimonio público y el patrimonio privado
y; diversas formas de corporativismo, esto es, de sujeción de los órganos
sociales al poder público”.
Para revertir eso, considera, en primer término se trata del
fortalecimiento de un Ejecutivo moderno, que pasa por alguna distinción clara
entre la esfera del Estado y la esfera del gobierno.
“Se trataría de, o bien del establecimiento de un jefe de
Gabinete y un gobierno responsable frente al Congreso para sus actos políticos
fundamentales y que cuenten para su nombramiento con la aprobación de éste; o
la figura de un jefe de Gobierno que pueda ser removido junto con el gabinete,
tanto por el procedimiento del voto de censura, como por el de cuestión de
confianza.
“En ambos casos de lo que se trata es de fortalecer los
poderes públicos derivados del Estado nacional. Eso exige una reforma
administrativa en profundidad, un fortalecimiento del Poder Judicial, una
definición respecto de la justicia constitucional, una federalización y
descentralización de las atribuciones y de las responsabilidades públicas, el
desarrollo de entidades autónomas, el servicio civil de carrera, el juicio
político al presidente de la república y, por esa vía, la revocación de
mandato”.
El controvertido político explica que por lo que hace al
poder Legislativo es claro que se trata de profesionalizarlo, de fortalecerlo y
de prestigiarlo.
“Un tema es la reelección, sobre la que no hay objeción
mayor de los especialistas. Convendría determinar si es sólo para
representantes de circunscripción o también los de lista. Se requieren
decisiones complementarias para la compactación de las comisiones y la
ampliación de los periodos de sesiones. Se trata a demás de devolver al Senado
su carácter federativo”.
- ¿Cuál sería en el futuro un régimen de partidos
compartidos con un sistema de poderes compartidos? -, se pregunta y él mismo
responde;
“Pienso que no es necesario transitar hacia la disminución
arbitraria del número de partidos sino a lo que el maestro Sartori llamó el
bipolarismo, esto es, a la asociación y alianza de partidos, que permite una
alternancia del poder y un equilibrio de poderes públicos eficientes.
“Ello requiere desde luego, y esto es claro, nuevas reglas
de orden público y democrático en la vida de los partidos; flexibilizar las
coaliciones y aceptar las candidaturas comunes; admitir la figura de candidatos
independientes; elevar el umbral para que mantengan su registro los partidos y;
redimensionar las cámaras de Diputados y de Senadores, sin lo cual la
reelección sería fácilmente aceptable por la opinión pública”.
El sistema de poderes compartidos, continúa Muñoz Ledo,
requiere también un nuevo equilibrio entre la democracia representativa y la
democracia directa y semidirecta; una definición clara y practicable de la
figura del referéndum, del plebiscito y de la iniciativa social; formulas
asequibles de participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de
los servicios públicos; una multiplicación participativa de las autonomías
territoriales y la ciudadanización de numerosos servicios públicos.
“Sin este nuevo juego de equilibrios, sin esta redefinición
institucional, difícilmente podríamos encarar con acierto los grandes problemas
de la agenda nacional: los económicos, sociales, y los que provienen de la
globalización.
“De lo que se trata, a fin de cuentas, es de instaurar una
nueva legitimidad y una Constitución estable, que no tenga que ser reformada
cada dos semanas. En un futuro de incertidumbre, el sistema político debe dar
seguridades a los ciudadanos y viabilidad al Estado”, indica.
Estado intangible
El constitucionalista Diego Valadés ha impulsado desde la
academia foros para reflexionar sobre el tipo de nuevo sistema político al que
debería transitar México. Es de los investigadores que cree la tendencia en el
mundo es pasar de los sistemas presidenciales a los sistemas parlamentarios.
“Yo siempre he dicho que es más fácil mejorar aquello que se
conoce que adoptar aquello que no se conoce, y en México no tenemos práctica de
sistema parlamentario, entonces sería más complejo transformar nuestro régimen
presidencial.
“Sin embargo, también considero que lo natural es que una
vez que empecemos con el proceso de parlamentarización del sistema presidencial,
culminemos con un sistema parlamentario. Creo que en general esa es la
tendencia en el mundo y si podemos ahorrar etapas y las circunstancias del país
en determinado momento facilitan o incluso exigen un cambio drástico del
régimen de gobierno, evidentemente tendremos que ir hacia un sistema
parlamentario.
“O sea: iremos hacia allá o por etapas que es como yo lo
propongo, que es la vía sencilla y en la que tenemos experiencia; o de tajo si
es que las condiciones del país así lo exigen”.
Valadés también sintoniza con la idea de que las diferentes
fuerzas políticas construyan acuerdos para revertir el “sistema de minoría
democrática” que se ha constituido a partir de la falta de legitimidad con que
obtuvieron el triunfo los dos últimos presidentes de la república; Vicente Fox
Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Explica: “En el orden del sistema legislativo tenemos ya un
congreso plural en función del sistema electoral que se fue decantando, pero
tenemos un sistema representativo sin consecuencias, o sea nuestros
congresistas siguen aprobando todos los días puntos de acuerdo que no tienen
absolutamente ningún efecto práctico, y en cambio no participan en decisiones
importantes del estado mexicano, y el gobierno también está detenido en su
estructura tal como en el periodo de la hegemonía de un partido”
- ¿Qué resultados, qué consecuencias tenemos de todo esto?
- Que en México se haya construido una democracia de un
gobierno de la minoría. Esto es, en el año 2006 el presidente de la república
fue elegido con el 35 por ciento de los votos y más o menos ese era el
porcentaje de apoyo parlamentario al que tenia.
En 2009, añade, el apoyo para ese partido en el gobierno
disminuyó al 26 por ciento, esto quiere decir que en el 2006 el 65 por ciento
de los electores no tuvieron influencia en las decisiones del gobierno, y a
partir del 2009 el 74 por ciento de los electores no tiene influencia en las
decisiones de gobierno.
- ¿Qué se tiene que hacer en estos casos?
- Si no se tiene una mayoría electoral se tiene que
construir una mayoría parlamentaria, y entonces lo normal es que un gobierno le
diga a un congreso este es mi programa del gobierno discútelo y apruébamelo, no
ocurre eso, entonces tenemos que las decisiones del gobierno son dictados por
una autoridad que tiene un apoyo en el 24 por ciento del electorado, esa es una
anomalía institucional que se debe corregir-, puntualiza.
