TUDF cumplió con entrega de información; espera respuesta sobre tarifa el lunes

Nuestra apuesta es la de recibir dos pesos, tener un plazo perentorio para capitalizarnos y, entonces sí, comenzar el cambio de unidades mediante un esquema previamente acordado con las autoridades del Distrito Federal, afirma el vocero Nicolás Vázquez Figueroa

Nicolás Vázquez, vocero de los Transportistas Unidos del Distrito Federal.

México, D. F., a 21 de febrero de 2013.- Los Transportistas Unidos del Distrito Federal (TUDF), cumplieron ayer con la mesa de diálogo propuesta por las autoridades del Gobierno de la Ciudad, donde entregaron todos los elementos técnicos en los cuales se funda su exigencia de un incremento emergente de dos pesos a la tarifa y ahora quedan a la espera de la respuesta que les darán este lunes.

“Ayer llevamos la información que nos fue solicitada. Nos recibieron los colaboradores del Secretario de Transportes y Vialidad, Héctor Larragoiti y María Teresa Vicenteño, les que preguntamos que si les faltaba información y nos respondieron que era suficiente… así que la pelota está ahora en su cancha”, expresó Nicolás Vázquez Figueroa, vocero de los transportistas.

Los integrantes de TUDF entregaron documentos a la dependencia dirigida por Rufino H. León Tovar, donde se pondera un análisis entre 2008 y 2013, con estimaciones del salario mínimo vigente en la ciudad, el precio del litro del combustible, el precio del vehículo y el Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde la tarifa para los microbuses y vagonetas debería alcanzar los 5 pesos y la de los autobuses 7 pesos.

El Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Transportes y Vialidad, en particular, tienen todos los elementos no sólo técnicos, sino también las comparaciones entre el costo del combustible desde hace 20 años y este 2013, donde hay un incremento de 900 por ciento; el porcentaje en que subieron los demás insumos como llantas, aceite, refacciones y otros, además de los servicios del propio gobierno, entre 2008 y 2013, agregó Nicolás Vázquez.

Y no sólo eso, destacó el vocero. “También les entregamos los datos donde se compara el precio del pasaje en los otros estados del país, incluidos los de salarios mínimos menores al Distrito Federal con un precio mínimo de 6 pesos. De igual forma, los documentos que ellos conocen bien, pero que no es por demás recordarlo, donde la propia Red de Transporte de Pasajeros (RTP) nos informa que su costo de operación es de 7.56 pesos por cada pasajero que trasladan y nosotros no debemos estar muy por debajo de eso”.

Finalmente, Nicolás Vázquez dijo que “nuestra apuesta es la de recibir los dos pesos, tener un plazo perentorio para capitalizarnos y, entonces sí, completar el cambio de unidades mediante un esquema previamente acordado con las autoridades del Distrito Federal, donde, como ya lo hemos anunciado, necesitamos hayan certeza jurídica y operativa, apalancamiento financiero porque el transportista no debe cargar con todo el peso de la inversión y, un esquema tarifario técnico, que quede fuera de los caprichos e intereses políticos de las autoridades”.

Columna

NIÑO IMPUNE

México, D. F., a 15 de febrero de 2013.- Es un cachorro si no de la Revolución, si de la impunidad que el amparo del poder ha dado a la vieja clase política priista. Se viste de verde pero por dentro es más priista que muchos. Y tiene por qué. Sin embargo, su detención la madrugada del domingo 17 puede ser el inicio de una andanada en su contra por parte de algún grupo político contrario, entre los que se disputan el poder. Es un aviso para Jorge Emilio González Martínez, el “Niño Verde”.

Su abuelo, Emilio Martínez Manautou fue un cacique latifundista en Tamaulipas, Diputado y Senador de la República en los años 50 y 60, quien compitió contra Luis Echeverría como precandidato para las elecciones de 1970, cuando ocupaba el cargo de Secretario de la Presidencia de la República con Gustavo Díaz Ordaz; luego fue Secretario de Salubridad y Asistencia en la presidencia de su ex colaborador José López Portillo, desde donde acumuló una mayor fortuna al realizar negocios desde la Comisión Constructora de Ingeniería Sanitaria, entregando obras a empresas cercanas a él. Fue el sexenio del saqueo al país.

Ahí también fortaleció su relación económica y familiar con los González Torres, dueños de las farmacias El Fénix de Tampico, uno de cuyos integrantes, Jorge, se casó con su hija Leticia. De este matrimonio nació Jorge Emilio, “El Niño Verde” en 1972.

López Portillo hizo al abuelo Martínez Manatou gobernador de Tamaulipas de 1981 a 1987, lapso en el que también fue señalado como uno de los “sacadólares”, junto con Rodolfo Echeverría —hermano del ex presidente—, el también gobernador de Guanajuato, Enrique Velasco Ibarra; el hijo del ex regente Carlos Hank González, Carlos Hank Rhon y el empresario Pablo Aramburuzabala, accionista entonces del Grupo Modelo, entre los más destacados.

Con el apoyo de su suegro el todavía gobernador, Jorge González Torres se integró a la política dentro del PRI y tras crear la Alianza Ecologista Nacional a principios de los 80, en 1986 fundó el Partido Verde Mexicano, en el momento en el que varios priistas decidieron salir, como lo hiciera también Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros, candidato al que el padre de Jorge Emilio se unió en la presidencial de 1988.

Luego de perder el registro, insistió ahora con el Partido Ecologista de México en 1990 y volvió a perder el registro en las elecciones de 1991. Sin embargo, por quién sabe qué extraña razón jurídica lo recuperó en 1993, mediante la realización de las asambleas en las que logró confirmar 86 mil simpatizantes; ese año también cambió el nombre al actual Partido Verde Ecologista de México.

Tras 14 años al frente del partido, en 2001 Jorge González Torres heredó la empresa-política familiar a su hijo, el joven Jorge Emilio González Martínez, quien ha sido más conocido por su vida ligera y los escándalos que lo acompañan, incluido el de su arresto la madrugada de este domingo.

El partido de la familia y amigos de los González Martínez sorteó a lo largo de los siguientes años una serie de problemas legales y electorales, producto de su cercanía con los grupos de poder político.

En 2006 A vuelapluma se publicó un estudio notarial donde se expresaba que el Partido Verde Ecologista de México sólo contaba con el 8.91 por ciento de los afiliados que el propio instituto político propuso en 2003 para los nuevos partidos o la conservación del registro de los ya existentes. El 28 de octubre de 2003 el Verde presentó una iniciativa en el Senado de la República a fin de incrementar al doble los requisitos para que las agrupaciones políticas obtuvieran su registro como Partidos Políticos Nacionales.

De acuerdo con la escritura pública 20,952 de fecha 31 de octubre del 2005, el Notario Público 142, Daniel Luna Ramos, señaló que una vez realizada la compulsa del padrón de militantes y del quórum de las asambleas estatales del instituto político, se desprendía que el PVEM estaba integrado por apenas 16 mil 668 miembros y no los 170 mil 788 que se necesitaban en ese momento. Pero el IFE nunca le quitó el registro.

En tanto, en 2004, cuando el PVEM gobernaba Cancún, se dio a conocer un video en el que se intentaba sobornar al nieto de Martínez Manautou con 2 millones de dólares para la liberación de unos terrenos protegidos ecológicamente.

En uno de los más recientes escándalos, el 2 de abril de 2011 una joven de 25 años, originaria de Bulgaria, Galina Chankov, cayó del departamento 19B de las Torres Emerald de Cancún, presuntamente propiedad del llamado “Niño Verde”. Nunca se le investigó formalmente, a pesar de las evidencias.

En la madrugada del domingo fue detenido por el alcoholímetro en el Distrito Federal y llevado al centro de arresto administrativo conocido como “El Torito”. En alguna otra circunstancia, tal vez, la detención del político pudo pasar desapercibida o no realizarse. Sin embargo, al reportar los policías a sus jefes, la orden seguramente fue arrestarlo para darle un golpe mediático, salvo que también haya sido una acción bien estructurada, con el mismo propósito.

Sea cual sea el caso, Jorge Emilio, quien ha sido cubierto con el manto de la impunidad que le heredó su abuelo desde 1994, cuando a sus 22 años fue electo a un cargo de elección popular: asambleísta del Distrito Federal, ahora comenzó a saber lo que implica carecer de él, aunque sea por una noche de copas.

AMOS dice sí a policías comunitarias; anuncian marcha nacional en defensa de la vida el 13 de marzo

• Afirman que el actual gobierno y el Estado Mexicano son incapaces de cumplir las razones mínimas de la democracia como empleo, seguridad, educación, acceso a una vida digna y, por el contrario, aplican la Ley de Herodes; se movilizarán 20 entidades federativas

México, D. F., a 18 de febrero de 2013.- La dirigencia nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS), se pronunció a favor de la existencia de las policías comunitarias y advirtió que es un fenómeno viejo que se reproduce ante la falta de respuesta del Estado Mexicano: “Muchos se espantan porque es ilegal, pero la soberanía radica en el pueblo. Y si alguien cuida a mis hijos y si es anarquista o lo que sea, pero lo cuida, bienvenido sea para nosotros. Si el Estado mexicano lo hace, bienvenido sea. Lo que no queremos es que ningún niño más vaya al cine con su papá y muera”.

La declaración fue realizada esta mañana por Elí Homero Aguilar Ramírez, durante la conferencia de prensa para dar a conocer la movilización nacional “En defensa de la vida”, que realizarán para el próximo miércoles 13 de marzo en el Distrito Federal y 19 estados. Aquí se manifestarán a partir de las 16:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo.

“La violencia continúa siendo una gran amenaza para la mayoría de los mexicanos. El nuevo gobierno pretende matizar los hechos y ahora llama a que se deje de hacer apología de la violencia en los estados. Sin embargo, esto de ninguna forma inhibe o termina con la criminalidad”, expresó Nicolás Vázquez Figueroa al dar a conocer la posición de la AMOS.

“La clase política es incapaz de brindarnos la seguridad que necesitamos y comienzan a surgir nuevas alternativas como son la policía comunitaria del Estado de Guerrero; en Michoacán donde surgen formas de autodefensa como el caso de Cherán, en las comunidades zapatistas de Chiapas, que es la defensa de la naturaleza y de la cultura o el mismo Distrito Federal”, agregaron.

Elí Homero Aguilar dijo que poco se sabe en el Distrito Federal que ha habido gente ejecutada con diferentes tipos de armas. “El sistema judicial ha quedado en entredicho, eso es lo que está planteándose aquí cuando la policía se corrompe, cuando la SCJN se presta a que alguien no sea enjuiciado en este país (caso Cassez), cuando el Poder Judicial local se transforma en el poder ejecutor del Gobierno de la ciudad”.

Por estos motivos, en Iztapalapa, en zonas como La Polvorilla, Degollado, Cabeza de Juárez desde hace tiempo existen guardias ciudadanas. Pero “en la ciudad de México ya se está haciendo esto desde hace mucho, desde Polanco, las Lomas, Iztapalapa, Tláhuac, hoy la diferencia es que la sociedad construye nuevas formas y su creatividad es asombrosa, ilimitada”.

En el caso de la Policía Comunitaria, dijo Elí Homero Aguilar, “es una alternativa. Los que hemos estado en Guerrero hemos visto cómo con este tema del narcotráfico y la delincuencia, se asesinó a la población y les llamaron daños colaterales; donde entran el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la AFI o las policías estatales hay abusos, robos y violaciones entre otros. Con la Policía Comunitarias no porque son gente del lugar”.

Por esto, añadió: “Preferimos formar parte de una policía comunitaria que defiende a mis hijos, a mis hijas, a mi familia; si me puedo poner de acuerdo con ellos y con mis vecinos, lo hago”.

Al realizar el anuncio de la marcha, Nicolás Vázquez Figueroa leyó un comunicado donde la AMOS preciso su postura sobre el momento actual: “Miramos un retorno al presidencialismo autoritario, donde los grupos o el grupo que está detrás del presidente Enrique Peña Nieto, trabajan para inhibir la participación de los ciudadanos en los grandes asuntos de México”, mientras que, por el otro lado “plantean iniciativas que no son otra cosa que la Ley de Herodes”.

Dijeron que “México se precia de ser un país que vive en democracia. En su constitución se consagran las garantías individuales de sus ciudadanos, garantías que tendrían que ser suficientes para lograr un mínimo de bienestar para poder vivir”, pero “resulta que en los últimos años las razones mínimas de la democracia, que son el otorgamiento a los ciudadanos de empleo, seguridad, educación, acceso a una vida digna, entre otros y que son derechos esenciales para todo ser humano, no se cumplen”.

Los aliancistas agregaron que “no ha habido la transformación esperada por quienes decían que sí sabían hacer las cosas” y “lo peor de todo esto es que nos encontramos frente a un gobierno mediático que nos dice o deja de decir lo que realmente sucede en el país, mientras que los de abajo, la clase obrera, los asalariados, y sobre todo los no asalariados que deben conformarse o buscar un lugar en la informalidad, perciben las cosas de manera diferente”.

La defensa de la vida está planteada no sólo en el ámbito de la seguridad, sino también en el empleo, donde los órganos del estado garantes de la democracia, hoy parecen estar contra el pueblo.

Pusieron como ejemplo la presunta subordinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Ejecutivo, con la liberación de Florence Cassez y la negativa al amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas para que la Comisión Federal de Electricidad fuera el patrón sustituto.

Por estos dos casos, entre otros, dijo Vázquez Figueroa, “los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación merecen ser sometidos a un juicio político”, una acción que nadie ha vislumbrado hasta este momento.

Además del Distrito Federal, las organizaciones pertenecientes a la AMOS en la república, se movilizarán en otras 19 entidades federativas como Chiapas, Coahuila, Guerrero, Nayarit, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, el Estado de México y Morelos, ya confirmadas, a la espera de que se agreguen algunas otras.

Impulsan el agro mexiquense

Texcoco, México.- Con una inversión de 25 millones de dólares, el gobernador Eruviel Ávila Villegas, junto con Bill Gates, co-presidente de la Fundación Bill y Melinda Gates, Carlos Slim Helú, presidente de la Fundación Carlos Slim y el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, inauguró el Complejo de Biociencias del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, en el que se fortalecerá el desarrollo de variedades de estas semillas, mediante el uso de tecnología de punta.

Avalan comisiones prisión por venta ilegal de bebidas alcohólicas

• Por unanimidad, también agravaron las penas para quien venda bebidas alcohólicas a menores de edad.
• Implementar uso de técnicas modernas de investigación del delito, otra disposición aprobada.

Toluca de Lerdo, Méx., 12 de febrero de 2013.- A fin de combatir el alcoholismo en la entidad, las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como Procuración y Administración de Justicia de la LVIII Legislatura estatal, aprobaron por unanimidad, sancionar con prisión la venta de bebidas alcohólicas sin el permiso correspondiente, penas que se agravarán cuando los consumidores sean menores de 18 años, al reformar diversos ordenamientos que establecen los requisitos mínimos para la operación de este tipo de establecimientos mercantiles.

Al reanudar la reunión de trabajo declarada en sesión permanente, los diputados locales también aprobaron el uso de técnicas modernas para la investigación del delito, su clasificación, condiciones para su uso, reserva informativa y responsabilidades por manejo irregular.

La reforma para establecer mayores controles a la venta de bebidas alcohólicas, que conjuntó las propuestas del Ejecutivo estatal, así como de los diputados Alonso Adrián Juárez Jiménez y Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN, también establece que los menores de edad no podrán trabajar en establecimientos donde se comercialicen estos productos.

Obliga al refrendo de permisos y licencias ante los ayuntamientos, teniendo como plazo el 30 de abril del año en curso. Dichos establecimientos contarán hasta el 30 de junio para cumplir con la aplicación del alcoholímetro.

De acuerdo con las reformas, que deberán ser aprobados por el Pleno legislativo antes de adquirir vigencia, será facultad de los ayuntamientos establecer horarios, según el tipo de establecimiento; pero en ningún caso podrán operar después de las dos de la mañana.

Entre las sanciones administrativas por contravenir estas y otras disposiciones, se encuentran: la suspensión temporal hasta por 90 días, multas económicas diversas, así como la clausura definitiva.

Además, podrán imponerse de 3 a 6 años de prisión a quien venda estas bebidas sin contar con la licencia de funcionamiento y se aumentará en una mitad a quienes las vendan a menores de edad. A quienes permitan el acceso de menores a estos centros se les impondrán de 6 meses a dos años de cárcel.

En el caso de los servidores públicos que otorguen permisos o licencias sin el cumplimiento de los requisitos legales, se les impondrá cárcel de 3 a 5 años, así como la destitución del cargo e inhabilitación. La propuesta involucra reformas al Código Administrativo, Financiero, Penal y de Procedimientos Administrativos, todos del Estado de México y a la Ley Orgánica Municipal.

TÉCNICAS MODERNAS DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO

El dictamen aprobado reconoce e identifica como técnicas de investigación las entregas vigiladas, entendidas como la intercepción en tránsito de bienes o recursos que sean objeto, instrumento o producto del delito; operaciones encubiertas; ofrecimiento de recompensas; colaboración con la justicia; intervención de comunicaciones privadas; extracción de información y programa de denuncias anónimas.

La propuesta del gobernador Eruviel Ávila Villegas, consigna que la aplicación de estas técnicas requerirá de control judicial a solicitud del procurador o algún subprocurador; en tanto que su supervisión corresponderá al Ministerio Público.

De acuerdo con la reforma al Código Penal y al de Procedimientos Penales, así como a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; el procurador y el ministerio público podrán suscribir con la federación convenios de colaboración para el éxito de la investigación.

Las autorizaciones para aplicar estas técnicas también serán confidenciales y quienes las operen y supervisen deberán guardar estricta reserva de su contenido. Asimismo, durante el procedimiento penal, los documentos e información relacionados con estas técnicas serán estrictamente confidenciales.