Toluca, México.
La educación es parte fundamental de la agenda legislativa
porque es uno de los principales instrumentos para la regeneración del tejido
social y la democratización de las instituciones públicas, afirmó el diputado
Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de
la 60 Legislatura, en la apertura del foro La Agenda 2030: orientando la
planeación educativa municipal.
Esta convicción mueve a los legisladores a dirigir esfuerzos
a la búsqueda de coincidencias con los diversos actores involucrados con el
sector educativo, agregó el legislador en presencia del diputado Benigno
Martínez García, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, organizadora del encuentro.
Ante servidores públicos del ámbito municipal relacionados
con el tema y especialistas en asuntos educativos, Maurilio Hernández celebró
la convocatoria a esta reunión y llamó a los participantes de todos los órdenes
de gobierno y los poderes relacionados con tareas educativas a hacer lo que a
cada uno corresponde para cumplir con un derecho fundamental.
“Estamos en un proceso de transformación y lo asumimos,
porque entendemos el momento que nos toca vivir para abonar a que, a través de
esta asignatura, podamos recuperar el tejido social degrado por el
incumplimiento de este tema fundamental para la evolución social”, sentenció.
Por otro lado, al explicar los motivos y objetivos del foro,
Benigno Martínez, quien se pronunció por corresponsabilizar a los municipios en
las tareas educativas, dijo que “si la educación como bien común es causa común
de la sociedad, conlleva como consecuencia un proceso de amplia participación
social para la formulación y aplicación de políticas apropiadas”.
Señaló que el tiempo para cumplir los objetivos de
desarrollo sustentable en el renglón educativo que enumera la Agenda 2030 de la
Organización de la Naciones Unidas “se acorta”, lo que urge a diseñar un
programa propio y homogéneo para los órdenes de gobierno federal, estatales y
locales.
Declaró, además, que no será posible promover una educación
inclusiva y de calidad si antes no se logra una reducción drástica de la
pobreza, la que “seguimos arrastrando como una gran deuda social”.
Bernardo Martínez García, investigador del Instituto
Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, señaló que si bien
en el texto constitucional se considera a la educación como un derecho básico
que el Estado debe garantizar, en los hechos el sistema educativo presenta
enormes rezagos en la cobertura y la calidad de la infraestructura, entre otros
aspectos. Los municipios, por ser el orden de gobierno más cercano a la
población, pueden y deben asumir responsabilidades educativas, señaló.
Expuso que la pobreza generalizada impide trabajar en un
modelo mucho más eficiente e incluyente, lo que puede solventarse orientando
las políticas públicas educativas hacia la municipalización, porque es en el
espacio municipal donde puede innovarse y romperse con el centralismo en la
materia.
Adolfo Rodríguez Guerrero, especialista en el tema y
colaborador de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), explicó que la Agenda 2030, a la que México está
adherida, pretende cumplir con al menos 17 objetivos para ese año; uno de los
principales es alcanzar una educación de calidad, equitativa e incluyente.
Agregó que los municipios pueden contribuir asumiendo
acciones específicas que no se consideran en la educación formal e
institucional, como promover la educación para la paz y la convivencia, la
educación hospitalaria y para la salud, para las emergencias, el uso de las
tecnologías de la información y la integración y atención a migrantes, entre
otras posibilidades.
Cynthia Martínez Domínguez, del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), apuntó que aunque la Agenda contiene 17
grandes objetivos y 169 metas específicas, no todas se refieren al tema
educativo, pero éste se concibe como integrador. Uno de los principios que los
sustentan es el de “no dejar a nadie atrás”, lo que se logrará precisamente con
la garantía de una educación de calidad para todos.
Sugirió a los presentes que identifiquen cuáles de esas 169
metas pueden asentarse en sus espacios y diseñar acciones para la vinculación
del municipio con actores particulares como organizaciones no gubernamentales y
privadas interesadas en el tema. Destacó como un enfoque propio de la Agenda la
horizontalidad de la educación para superar paradigmas antiguos: “Se trata, por
ejemplo, de promover que más niñas y adolescentes se formen en áreas técnicas y
científicas donde tradicionalmente los varones ocupan más espacios”.
Para Alfredo Martínez Rosas, del Observatorio Ciudadano de
Desarrollo Social y Derechos Humanos, las bondades de la Agenda son evidentes,
“pero el problema es su implementación, los ‘cómos’”. Se pronunció por
difundirla entre los jóvenes que para los años 30 serán profesionistas,
precisamente para que entonces lleguen a ser sus operadores y ejecutores”.
Israel Escobar Blanco, del Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social, resaltó la importancia de evaluar las
políticas públicas, pues de sus resultados depende la asignación de recursos y
la priorización de determinados programas. Apuntó que si bien la educación no
es aún facultad de los municipios, es posible proponerlo a partir de una
valoración objetiva de su desarrollo y capacidad para responsabilizarse.
Llegado el caso, precisó, cada municipio tendrá sus propias condiciones y retos
para asumir esta tarea.
