Ciudad de México
Señor Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Señor Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Señor Senador Ricardo García Cervantes, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.
Doctor Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral.
Doctor Guillermo Ortiz, Gobernador del Banco de México.
Doctor José Luis Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Doctor Eduardo Sojo Garza-Aldape, Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Doctora Jacqueline Peschard, Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información.
Magistrada María del Carmen Alanís, Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Señoras y señores Gobernadores.
Señoras y señores Presidentes Municipales.
Señoras y señores legisladores.
Distinguidos presidentes de partidos políticos.
Distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en México.
Señores dirigentes de organizaciones sindicales, empresariales, agrarias, religiosas y de la sociedad civil.
Señores representantes de los medios de comunicación.
Estimados colaboradores del Gobierno Federal.
Distinguidas personalidades que nos acompañan.
Amigas y amigos:
El día de ayer, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenté al Honorable Congreso de la Unión un Informe escrito sobre el estado general que guarda la Administración Pública.
El año transcurrido ha sido un año diferente, por diversas condiciones que impactaron severamente la vida de nuestra Nación, y pusieron a prueba la fortaleza de las instituciones y de nuestra sociedad.
Primero. Vivimos la crisis económica mundial más grave desde 1929. La economía mexicana fue una de las principales afectadas por nuestra vinculación a la economía de Estados Unidos, epicentro de la crisis.
Segundo. La aparición en el mundo de un nuevo virus de influenza humana, A/H1N1, dado a conocer de manera responsable por México, que desafió la capacidad del Sistema Nacional de Salud.
Por la actuación oportuna de las autoridades y la responsabilidad y madurez de los mexicanos, logramos contener la velocidad de propagación del virus y disminuir su letalidad, lo cual fue motivo de un amplio reconocimiento internacional.
Sin embargo, hay que reconocer que enfrentar la pandemia tuvo un impacto adicional en nuestra economía.
Tercero. La mayor virulencia registrada de los grupos del crimen organizado, particularmente derivada de su disputa por el control de mercados, rutas y territorios en el país.
Cuarto. La caída más severa en la producción de petróleo, que de 2008 a 2009 cayó en más de 215 mil barriles diarios. Esto significa una reducción de casi 70 mil millones de pesos en los ingresos públicos, sin considerar el efecto de la disminución de precios del petróleo.
Quinto. Este año nuestro país sufre el impacto de una de las peores sequías en décadas. El pasado mes de julio fue el segundo más seco en 60 años. Tendrá impactos en la producción agropecuaria, pero especialmente en el abasto de ciudades, en particular de la Ciudad de México.
Estos han sido desafíos históricos que han puesto a prueba nuestro espíritu y nuestra fortaleza como Nación; problemas que por sí solos podrían haber puesto en riesgo la viabilidad de muchos otros países.
Sin embargo, ninguno de ellos, individualmente considerado, ni todos en su conjunto, han minado la vida institucional de México.
El Gobierno Federal no sólo ha hecho frente a estos desafíos, sino que, al mismo tiempo, no ha descuidado su responsabilidad de conducir a México hacia el desarrollo humano sustentable, entendido como el proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades de las personas que permita a los mexicanos vivir mejor, sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras.
Destaco, a continuación, las principales acciones que hemos realizado en cada uno de los ejes que hemos planteado a la Nación desde el principio de la Administración.
En materia de Estado de Derecho y Seguridad Pública. Nuestro objetivo ha sido refrendar a México como un país de leyes y de instituciones y garantizar la seguridad pública de los ciudadanos. Y, por ello, hemos concentrado el esfuerzo del Gobierno en restablecer el imperio de la ley en aquellos lugares de la República que se han visto mayormente afectados por la acción de la delincuencia.
En ello quiero ser muy enfático. El objetivo medular del Gobierno es lograr la seguridad pública de los ciudadanos, y no única ni principalmente combatir al narcotráfico. Combatimos con determinación al crimen organizado porque es nuestra obligación constitucional y ética.
Porque es el ámbito delictivo que compete al Gobierno Federal, y porque el crimen organizado ha alterado, de manera significativa, la paz de los ciudadanos.
Al principio de la Administración, observamos que el comportamiento de las organizaciones criminales había cambiado en México. Durante décadas el narcotráfico fue una actividad criminal orientada, como su nombre lo indica, exclusivamente al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.
Los criminales se dedicaban a asegurar rutas y puntos de cruce en la frontera, y buscaban pasar desapercibidos ante la autoridad y ante la sociedad; era una actividad de bajo perfil. Sin embargo, desde mediados de la década de los 90, asociado al crecimiento del ingreso per cápita y del poder de compra de la población, los criminales comenzaron a diversificar su actividad, mediante la búsqueda de un mercado de consumo nacional entre los jóvenes mexicanos.
Eso implicó un cambio cuantitativo y cualitativo de su acción, poco percibido por la sociedad en su inicio. Cualitativo, porque al pasar de ser un negocio meramente exportador, a un negocio de distribución de droga en México, la actividad criminal se centró ya no sólo en el aseguramiento de rutas y de cruces, sino también en el control de mercados, territorios, plazas, autoridades y ciudadanos.
Y lo más delicado: un control territorial por la vía de la violencia; es decir, la actividad criminal pasó de ser de bajo perfil y no intrusiva en la vida de los ciudadanos, a ser una actividad desafiante y, particularmente, violenta; plenamente visible, basada en la cooptación o la intimidación de las autoridades y de los ciudadanos, para lograr el control de las plazas y de los territorios.
Cuantitativo, también, porque la búsqueda de mercados de consumo en México se propagó prácticamente por todo el país, a través de la lógica de distribución detallista, minorista, del narcomenudeo.
Esta nueva actividad de los criminales sorprendió a unas debilitadas estructuras institucionales del Estado, responsables de la administración y la procuración de justicia: policías, Ministerios Públicos, gobiernos municipales, que en muchos puntos de la geografía nacional jamás habían enfrentado algo semejante.
De pronto, en los lugares más disímbolos del país, lo mismo en las grandes ciudades que en los pequeños pueblos, en el norte o en el sur, grupos de criminales comenzaron a afectar severamente la tranquilidad de la población; a buscar, a como diera lugar, la cobertura o la complicidad de las autoridades, mediante la cooptación o la intimidación.
Y así, neutralizada la acción de la autoridad, comenzaron a acosar a los ciudadanos, lo mismo ganaderos, que empresarios, pequeños comerciantes, incluso ambulantes, mediante la extorsión, el robo, el cobro de derecho de piso o el secuestro.
Esto es, en pocas palabras, señoras y señores, uno de los fenómenos más relevantes, que desde hace varios años venía deteriorando las condiciones de seguridad y la calidad de vida de los mexicanos.
De ahí la decidida intervención del Gobierno Federal para combatir a esas organizaciones criminales y fortalecer la plena autoridad del Estado, en cada punto del territorio nacional donde fuese vulnerada.
En esencia, lo que el Gobierno Federal hizo fue entrarle de frente a este problema, en aras de lograr nuestro propósito indeclinable de construir un México más seguro. A ello responde también la decisión de poner en marcha los operativos conjuntos en las regiones más asediadas por el crimen organizado, porque es obligación nuestra y porque han sido las propias autoridades locales las que han pedido la intervención y el apoyo de las Fuerzas Federales para fortalecer su autoridad.
Sin dejar de reconocer lo delicado de la situación, lo desafiante de la tarea y lo mucho que falta por hacer, la estrategia avanza en la dirección necesaria y establecida desde el principio.
Como nunca antes, estamos debilitando a las estructuras logísticas y financieras de la delincuencia. En estos tres años de Gobierno, hemos asegurado cerca de 50 mil armas, casi 22 mil vehículos; baste decir que la droga que hemos decomisado, alcanzaría para proveer con más de 80 dosis a cada joven mexicano entre los 15 y los 30 años de edad.
Hemos capturado y llevado ante las autoridades a alrededor de 80 mil personas vinculadas a la delincuencia, incluyendo a varios líderes de los principales cárteles.
Golpeamos con firmeza y, subrayo, sin distingos, a todas las organizaciones criminales. Tan sólo en este último año capturamos a 70 lugartenientes de todos los cárteles; es decir, más capturas de capos regionales en este año, que todas las que solían hacerse en un sexenio completo.
El combate al narcotráfico es el combate a una poderosa vertiente financiera, logística y operativa del crimen organizado; pero insisto, más que ser un fin último, es un medio indispensable para recuperar la seguridad de los ciudadanos, que es lo que medularmente nos importa.
Y soy sensible a las voces de la ciudadanía que, al mismo tiempo que reconocen al Gobierno Federal los golpes contundentes perpetrados contra el crimen organizado, reclaman también una mayor atención de los delitos que sufren diariamente: el secuestro, el robo, la extorsión.
Aunque al combatir específicamente el crimen organizado el Gobierno Federal no hace sino cumplir con la tarea de la cual es competente, en muchas ocasiones, los delitos del fuero común están estrechamente vinculados a los delitos federales.
Y no sólo por eso, sino porque, verdaderamente, nos preocupa lo que sufre el ciudadano común, el empresario, el trabajador, el agricultor, los estudiantes, las amas de casa, estamos trabajando intensamente en apoyo de las autoridades locales para combatir los delitos comunes que más agravian a la ciudadanía.
Es por esa razón que el Gobierno Federal ha desplegado este año una mayor y más específica actividad para combatir delitos tan despreciables, como el secuestro.
Tan sólo en los últimos 12 meses se han detenido a mil 400 secuestradores, se han desarticulado más de 200 bandas y se han liberado más de mil víctimas secuestradas. Esto, a través de la Estrategia Nacional contra el Secuestro, implementada por los estados y la Federación.
Todos estos resultados han sido posibles gracias a la valentía de los integrantes de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República y de las Fuerzas Armadas.
Mujeres y hombres ejemplares, que han respondido con decisión y, algunos de ellos, con su vida, al llamado de la Patria para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Desde aquí rendimos un sincero homenaje a todos los policías, soldados y marinos que han caído en el cumplimiento de su deber. Son héroes que merecen nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra gratitud.
Agradezco específicamente la lealtad y el patriotismo de las Fuerzas Armadas en esta lucha por la seguridad pública y la seguridad interior del país.
Otra vertiente de la estrategia, consiste en incrementar los recursos y las capacidades humanas, tecnológicas y logísticas del Estado, y en ello hemos realizado un esfuerzo sin precedente.
Desde el inicio del sexenio, hemos triplicado el presupuesto destinado a la seguridad pública. En el ámbito Federal, se han mejorado las condiciones de vida y laborales de los integrantes de la Policía Federal, del Ejército y la Armada de México. Además, se les ha dotado de mejor armamento y equipo, así como de tecnología de punta.
Estamos formando la primera generación de policías investigadores y de inteligencia, y creamos el Sistema Único de Información Criminal.
Sólo si contamos con policías verdaderamente profesionales, podremos asegurarnos de que las Fuerzas Armadas puedan ser relevadas, sin peligro para la sociedad, de las tareas que de manera temporal y subsidiaria realizan por la seguridad de los ciudadanos.
Por su parte, la Procuraduría General de la República se reorganiza y depura sus unidades especializadas.
Trabajamos de manera sistemática y trabajamos, también, para eliminar la corrupción en las instituciones de seguridad y de procuración de justicia.
Con la Operación Limpieza, este año buscamos depurar nuestras instituciones. Y en acciones sin precedentes, se encuentran en prisión, sujetos a proceso, altos funcionarios policiacos y ministeriales, por actos de corrupción o de colaboración con los grupos criminales.
Y además, también quizá por primera vez, se han desarticulado importantes redes de protección política y policiaca del crimen organizado en varias entidades de la República Mexicana.
Debe quedar claro que no hay ni habrá consideración alguna, fuero partidista o criterio político que valga, para aquellos que traicionan a México y a los mexicanos.
Por otro lado, estamos construyendo una nueva arquitectura legal para consolidar el Estado de Derecho. Con la acción responsable del Poder Legislativo, se han concretado varias reformas.
Destaco la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica de la Procuraduría o la Ley de la Policía Federal o la Ley Federal de Extinción de Dominio, entre muchas otras.
Nuestra estrategia también busca fortalecer el tejido social y enraizar una nueva cultura de prevención del delito.
Con el Programa de Rescate de Espacios Públicos, por ejemplo, hemos recuperado casi dos mil parques, plazas o jardines en todo el país, porque queremos que sean las familias, y no los delincuentes, quienes las utilicen.
También pusimos en marcha el Programa Escuela Segura, para darle a nuestros estudiantes un ambiente escolar sin violencia, sin armas, sin drogas y sin pandillas, y ya hay 16 mil escuelas incorporadas a Escuela Segura.
Hoy contamos con más de 300 Centros Nueva Vida, organizados todos en los últimos 12 meses, para la prevención y el tratamiento de las adicciones entre jóvenes y adolescentes; y han sido construidos con el dinero que le hemos decomisado a los criminales.
En suma. La Estrategia Nacional de Seguridad no sólo ha permitido revertir la tendencia ascendente de la delincuencia y el narcotráfico, sino que ha debilitado las condiciones que hacen posible su reproducción y su ampliación. Por primera vez en mucho tiempo, el Estado está poniendo un límite a la acción de los criminales.
En esta Administración nos trazamos también la meta de transformar nuestra economía, a fin de hacerla más competitiva y capaz de generar los empleos que necesitamos.
Con ese propósito, hicimos reformas estructurales muy importantes que no habían podido ser realizadas en décadas en el país. Así fue el caso de la Reforma en Materia de Pensiones; la Reforma en Materia de Seguridad Pública misma y Procuración de Justicia; fue el caso también de la Reforma en Materia Energética y de la Reforma Fiscal.
Estas reformas nos han permitido avanzar. Pero también es cierto que en la segunda mitad del año pasado, en el 2008, México comenzó a sufrir los efectos de la crisis económica internacional.
México resultó seriamente afectado no sólo por su vecindad y alta vinculación con Estados Unidos, al que le exportamos más del 80 por ciento en nuestro comercio exterior, sino también porque esta crisis afectó, específicamente, las manufacturas que tienen una presencia intensa en la industria mexicana, y particularmente en las automotrices.
Esta contracción económica provocó una disminución sin precedentes del comercio internacional, de aproximadamente el 12 por ciento, una caída nunca vista en las cifras económicas mundiales.
Por su parte, la caída del Producto Interno Bruto a nivel mundial fue la más grave en varias décadas. Era imposible evitar la crisis económica mundial, pero sí podíamos actuar para evitar un grave deterioro en el empleo y en el ingreso disponible de las familias, y a eso nos abocamos.
Por eso impulsamos una serie de medidas contracíclicas, la mayoría contenidas en el Acuerdo en Favor del Empleo y la Economía Familiar. De no haberlas puesto en práctica, los efectos de una caída del 10 por ciento que tuvo nuestra economía en el primer semestre del año, hubiesen sido devastadores.
En efecto, ésta ha sido la peor crisis económica en décadas, pero gracias al esfuerzo de todos, logramos que su impacto en el empleo y en el ingreso de los mexicanos fuese considerablemente menor a lo que se registró en crisis anteriores.
Por ejemplo, en 1995 la pérdida neta de empleos registrados en el Seguro Social fue de más del 10 por ciento, en tanto que la variación en el empleo, de enero a la fecha, es menor al dos por ciento, 1.6 por ciento, para ser exactos.
La pérdida del poder adquisitivo del salario o del ingreso disponible de las familias mexicanas, es la décima parte de lo que se registró en la crisis de 1995, a pesar de haber sido aquella una crisis mucho menos severa.
Entre las medidas concretas que tomamos para proteger los empleos de los mexicanos, se encuentran las siguientes:
Primero. El Programa de Preservación del Empleo. Ahí protegimos a los trabajadores, en particular los de las industrias exportadoras, que fueron las más afectadas por la caída de nuestras ventas externas.
En ese Programa, el Gobierno Federal paga hasta una tercera parte del sueldo de sus trabajadores, la empresa otra tercera parte, y el trabajador aporta el tercio restante. Y con eso evitamos que 450 mil trabajadores que se registraron en el Programa, quedaran sin empleo.
Segundo. Ampliamos el Programa de Empleo Temporal. Y así, en el primer semestre del año brindamos oportunidades de trabajo a medio millón de mexicanos, cuyas familias, sin estas actividades, no hubieran tenido posibilidad de ingreso.
Y se emplearon en obras que beneficiaron a sus comunidades: limpiando carreteras, zonas arqueológicas, abriendo brechas contra fuego.
Tercero. Extendimos la vigencia de los beneficios del Seguro Social a quienes perdieran su empleo, para que conservaran ese servicio de salud para ellos y sus familias.
Cuarto. Impulsamos el programa más agresivo de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que son las principales empleadoras en México.
En los últimos 12 meses, por ejemplo, se ha detonado crédito en beneficio de 100 mil, 100 mil pequeñas y medianas empresas, que están empleando a un millón y medio de personas.
Además, el Gobierno Federal destina ya más del 20 por ciento de todas sus compras a las PyMES mexicanas, con lo que orientamos el gasto público al empleo en estas empresas.
En quinto lugar. Pusimos en marcha programas específicos para estimular la compra en sectores industriales afectados, como es el caso del Programa de Sustitución de Electrodomésticos y el puesto en marcha, muy recientemente, de Renovación del Parque Vehicular.
Y además de la protección del empleo, pusimos en marcha medidas para proteger el ingreso de las familias. En los momentos más agudos de la crisis, el Gobierno Federal congeló los precios de las gasolinas y redujo en 10 por ciento el precio del gas que se consume en los hogares mexicanos. Y, por otra parte, apoyamos como nunca a los pequeños productores.
Este año el Presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Campo, para el Desarrollo Rural Sustentable, superó los 235 mil millones de pesos, 50 por ciento más que en el año 2006.
Y hay que decir que a pesar de la crisis, el campo registró tasas de crecimiento positivas e incluso alcanzó, el año pasado, una cifra récord en la producción de alimentos en el campo mexicano.
Finalmente, y de manera muy relevante, seguimos impulsando el Programa de Infraestructura más grande en la historia contemporánea de México. En menos de tres años hemos invertido más de 100 mil millones de pesos en proyectos carreteros.
Entre las obras más destacadas que se han concluido en estos tres años, destaco, a manera de ejemplo, el Arco Norte de la Ciudad de México, que conecta la carretera a Querétaro con la carretera a Puebla sin pasar por esta ciudad; la nueva autopista Puebla-Perote o la Morelia-Salamanca, o la Arriaga-Ocozocuautla, que concluye en Tuxtla Gutiérrez.
Se modernizaron y renovaron totalmente carreteras tan importantes como Irapuato-La Piedad, Mexicali-San Luis Río Colorado, Mérida-Progreso, entre muchas otras; y se continúan obras medulares, las más costosas en inversión carretera, como la Mazatlán-Durango o la México-Tuxpan, que quedarán concluidas en esta Administración. Además, libramientos urbanos en varias ciudades del país.
La inversión pública-privada permitió que se concluyeran proyectos, como el Tren Suburbano de la Ciudad de México, la Terminal II del Aeropuerto Benito Juárez, la Ampliación del Aeropuerto de Toluca o del Aeropuerto de Cancún, que ahora tiene una pista nueva y será el primer aeropuerto en México que permita operaciones aéreas simultáneas; la terminación de la Presa de El Cajón y el inicio de la Presa de La Yesca, entre Nayarit y Jalisco. Estamos también modernizando los puertos de Guaymas, de Manzanillo, de Mazatlán, de Lázaro Cárdenas y de Altamira.
En síntesis. En infraestructura este año seguimos trabajando muy fuerte, como nunca, a pesar de la crisis. Estamos decididos a que éste sea el sexenio de la infraestructura.
En este periodo también, el Congreso de la Unión aprobó la Reforma para fortalecer a PEMEX. Con ella vamos a invertir este año 240 mil millones de pesos en infraestructura en la paraestatal e iniciaremos la construcción de una nueva refinería en el Estado de Hidalgo, la primera en 30 años. En suma. En medio de la crisis económica mundial más severa, actuamos para proteger los empleos, las fuentes de ingreso y la economía familiar, hasta el límite de las posibilidades que tiene el Gobierno Federal.
También, la Administración ha adoptado una política social integral que busca igualar las oportunidades de vida digna para los mexicanos, especialmente para los más pobres, que son, precisamente, los que más sufren en las crisis económicas.
Con el Programa Oportunidades, estamos apoyando ya a cinco millones 200 mil familias; es decir, prácticamente una de cada cuatro familias mexicanas, con becas educativas y apoyos económicos para útiles escolares, servicios de salud y suplementos alimenticios.
Desde 2008, estamos entregándoles una ayuda económica adicional a esas familias para compensar el incremento en el costo de los alimentos y que no falten en la mesa del hogar.
Cada una de las familias de Oportunidades recibe entre 500 y un poco más de dos mil pesos, dependiendo del número de hijos que tenga en la escuela. A través del Programa 70 y Más, creado en esta Administración, estamos entregando 500 pesos al mes a más de dos millones de adultos mayores que viven en las localidades menores de 30 mil habitantes.
Buscamos también que las mujeres, especialmente las madres solteras, puedan trabajar y fortalecer el ingreso familiar.
Gracias a la instalación de ocho mil 400 Estancias Infantiles, hoy más de 210 mil mujeres pueden trabajar con la tranquilidad de que sus hijos están bien cuidados y, a su vez, las estancias infantiles están dando trabajo a más de 40 mil mujeres, que las organizan en su propia casa a costos verdaderamente marginales para el Estado.
Por otra parte, hemos cambiado el piso de tierra de las viviendas más pobres de México por piso de cemento en más de 800 mil viviendas rurales. Y la meta que nos hemos impuesto, es que al terminar este Gobierno, todas las viviendas de los mexicanos tengan, precisamente, un piso firme, en lugar de piso de tierra.
Hemos ampliado la cobertura de los servicios de salud a quienes más lo necesitan. Hoy, el Seguro Popular protege a más de 10 millones de familias que no están aseguradas ni en el IMSS ni en el ISSSTE; es decir, el doble de familias que las que protegía en el año 2006; y en entre ellas, hay casi un millón de familias indígenas.
Desde el inicio del Gobierno, cada niña o cada niño que nace en el país, llega con su Seguro Médico bajo el brazo. Y a la fecha, el Seguro Médico para una Nueva Generación cubre ya con servicios de salud a más de dos millones 200 mil niños y a sus familias.
Y una estrategia paralela, la estrategia de Embarazo Saludable, permite que 400 mil mujeres y sus hijos estén recibiendo atención médica durante el embarazo, en el parto, y después tengan el Seguro Médico.
Para atender las necesidades de salud de más familias, las que viven en zonas alejadas, sin clínicas y sin hospitales, el Gobierno ha puesto en operación más de mil Caravanas de la Salud.
Y por otra parte, en estos tres años hemos arrancado la operación de mil 300 clínicas u hospitales en todo el país, de distinto tamaño.
Estamos convencidos de que la salud tiene que llegar, precisamente, a aquellos lugares donde nunca ha llegado un médico, como así está ocurriendo a partir de la puesta en marcha de Caravanas de la Salud.
La educación, por otra parte, es un factor que nivela las oportunidades de los mexicanos; por ello, el Gobierno Federal está otorgando a niños y jóvenes seis millones de becas para apoyarlos en la compra de útiles, uniformes, libros o en su transporte.
También hemos puesto en servicio en estos tres años más de 600 bachilleratos, y hemos ampliado o construido 100 planteles; estamos en la ampliación o construcción de más de 100 planteles de educación superior en todo el país.
Hemos emprendido una transformación del sistema educativo, con el compromiso conjunto de maestros y de autoridades. En el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación, impulsamos la actualización permanente de los profesores; y por primera vez en la historia, hemos sometido a concurso nacional público 25 mil plazas docentes, para que sólo los más capacitados y con verdadera vocación de servicio, sean los que eduquen y formen a nuestros hijos.
Poco a poco estamos terminando con prácticas que obstaculizan el avance en la educación. Hoy las plazas de maestros ni se venden, ni se heredan; las plazas se concursan y las obtienen las maestras y los maestros mejor preparados.
Estamos también trabajando para que nuestros niños y jóvenes puedan estudiar en mejores escuelas. A la fecha, hemos realizado acciones de remodelación en más de 16 mil escuelas, para reparar las aulas, los techos o los baños, particularmente en los planteles de educación básica de las zonas rurales y más pobres del país.
Este Gobierno ha puesto el tema del desarrollo humano sustentable como el principio rector de su agenda. Por esa razón, México hoy cuenta con una política ambiental de Estado que garantiza la protección del patrimonio natural del país y aprovecha de manera racional los recursos naturales.
La Estrategia Nacional de Cambio Climático busca armonizar el desarrollo económico y social con las políticas de conservación y de protección del medio ambiente.
Al inicio de la Administración pusimos en marcha PROÁRBOL. Mediante este programa de pago de servicios ambientales estamos beneficiando a las comunidades indígenas y a las campesinas que viven en nuestras selvas y bosques, con objeto de que cuiden nuestro patrimonio ecológico, y para ello, les estamos pagando por preservarlo, además de realizar en él actividades como la reforestación, la restauración y conservación de suelos, el desarrollo de plantaciones comerciales, entre otros.
Estamos en la ruta correcta para revertir el deterioro de nuestros bosques y selvas. Por primera vez en muchos años, se cuidan o reforestan en México más hectáreas de las que se pierden anualmente por incendio o tala ilegal, o por uso agrícola. En estos tres años, hemos acumulado más de un millón de hectáreas reforestadas.
En este Gobierno también hemos actuado con decisión y estamos enfrentando el reto de manejo sustentable del agua con obras como las presas de El Realito, en San Luis Potosí; o El Zapotillo, en Guanajuato; así como el Acueducto II, de Querétaro, que nos ayudarán a garantizar el abasto de agua en amplias regiones.
Durante mucho tiempo, muchas voces nos advirtieron de los riesgos inherentes a un viejo modelo no sustentable del manejo del agua en el Valle de México, que se ha exacerbado con el crecimiento desordenado de la ciudad alrededor de su Zona Metropolitana.
Por eso, también diseñamos y pusimos en marcha el año pasado el Plan Hídrico del Valle de México, que es el mayor proyecto de infraestructura hidráulica en el país. El proyecto contempla desde grandes obras para evitar inundaciones catastróficas, como el entubamiento del Gran Canal de Desagüe, que ya se hizo; el Río de la Compañía, que se está construyendo; pero especialmente la construcción del Túnel Emisor Oriente, hasta la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, una de ellas que será la más grande de Latinoamérica, como también el Túnel Emisor será la mayor obra en su tipo.
En coordinación con las autoridades locales, del Distrito Federal y del Estado de México, estamos rehabilitando la infraestructura de la Cuenca del Cutzamala, a fin de mitigar los efectos de la sequía que ha provocado el grave abatimiento de sus presas.
Con la misma convicción, seguiremos trabajando con los gobiernos locales para resolver de fondo y de manera sustentable el suministro y el reciclaje del agua en la Ciudad de México. Estamos trabajando hombro con hombro para resolver este serio problema de sus habitantes.
En el resto del país hemos puesto en marcha 167 nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales. Todos los mexicanos tenemos que contribuir a resolver el problema del agua.
Los gobiernos Federal, estatal y municipal, fortaleciendo la obra pública y haciendo más eficientes los organismos operadores; y los ciudadanos, asumiendo una nueva cultura de pago y ahorro del agua.
Finalmente. En este rubro, también echamos a andar el Programa Especial de Cambio Climático. Hoy, México es la Nación en desarrollo que ha mostrado el mayor compromiso con el combate al calentamiento global, y así ha sido reconocido a nivel mundial.
Al inicio del Gobierno, enfrentábamos también el reto de romper la parálisis para generar acuerdos y hacer más efectiva la relación entre los distintos Poderes. Privilegiando el diálogo, se lograron importantes reformas, como la del Sistema de Pensiones, la Hacendaria, la Electoral, la Energética o la Reforma al Sistema de Justicia Penal.
Las pasadas elecciones para renovar la Cámara de Diputados confirmaron la pluralidad democrática de México y la existencia de instituciones capaces de organizar dicha pluralidad. Ahora, el mandato ciudadano, tanto para el Legislativo como para el Ejecutivo, es trabajar con unidad, a fin de construir sobre ellos un futuro de prosperidad.
En el ámbito internacional, nos enfocamos a la tarea de que México recuperara su presencia y liderazgo en el concierto de las naciones.
Así, México fue electo con el mayor número de votos en la Asamblea General, como miembro no permanente de la Organización de las Naciones Unidas.
México encabeza, también, el Grupo de los 5, integrado por vigorosos países emergentes, como son: China, India, Brasil, Sudáfrica y el propio México; y hemos sido activos participantes en foros internacionales.
En las reuniones del G-5 y del G-8, en las del G-20. Ahí hemos defendido los temas de medio ambiente, de migración, de derechos humanos, de desarrollo, de recuperación económica y de cooperación internacional.
Además, hemos impulsado la creación de un Fondo Verde, que se ha consolidado como una de las propuestas financieras más viables para combatir el cambio climático.
Con Estados Unidos tenemos una renovada relación bilateral basada en la confianza, en la responsabilidad compartida y en la cooperación.
Este año me he reunido en cuatro ocasiones con el Presidente Barack Obama, para construir una alianza constructiva en torno a la migración legal y a los derechos de los migrantes, la expansión de nuestro comercio bilateral, la seguridad fronteriza y el combate al crimen organizado transnacional desde un enfoque de corresponsabilidad.
Por otra parte, hemos reforzado los lazos con los pueblos hermanos de América Latina, asumiendo el liderazgo que a México le corresponde. Ahora México encabeza el Grupo de Río, que agrupa a los países latinoamericanos y, desde ahí, hemos contribuido a la solución de conflictos que surgen en la región.
México seguirá asumiendo sus responsabilidades de carácter global.
Señoras y señores:
Como he dicho, éste ha sido un año particularmente difícil para los mexicanos, pero más que arredrarnos ante la adversidad, le hemos hecho frente, al máximo de nuestras capacidades y limitaciones. Gracias a la solidez de las instituciones mexicanas, a la responsabilidad de los actores sociales, sindicales, político, no obstante la severidad de los choques externos inéditos que México ha sufrido, el país permanece fuerte y con rumbo.
Pasada esta difícil coyuntura, ahora la prioridad debe ser recuperar la senda del desarrollo humano sustentable, la del combate a la pobreza, la del crecimiento económico acelerado con justicia y con generación de empleos. Esta tarea a todos corresponde, y para lograrla, México requiere de unidad de propósitos y de unidad de acción.
El próximo año, los mexicanos celebraremos el Bicentenario de nuestra Independencia y el Centenario de la Revolución. Además de recordar y conmemorar el orgullo de nuestro pasado glorioso, el 2010 debe ser ocasión propicia para redefinir el futuro que queremos.
En estos tres años se han podido realizar, a pesar de las dificultades, obras y proyectos importantes. Soy el primero en reconocer que a la vista del México al que aspiramos, lo logrado es claramente insuficiente.
Que a este ritmo tomaría muchos años y, quizá décadas, el poder vislumbrar en hechos concretos el México que queremos. Que por muchos que han sido los esfuerzos por mitigar la pobreza, cada crisis alimentaria o económica como las que vivimos, representa un nuevo golpe a las posibilidades de vida digna de millones de mexicanos.
Tenemos que cambiar a México. Ante la disyuntiva de administrar lo logrado y de seguir con el impulso propio de la inercia, o asumir cambios profundos en las instituciones de la vida nacional, claramente me inclino por un cambio sustancial de las mismas, con todos los riesgos y con todos los costos que ello implica.
Para que México cambie, y cambie de fondo, tenemos que cambiar nosotros, quienes tenemos algún tipo de responsabilidad encomendada por los electores. Tenemos una oportunidad, ahora que se ha renovado la Cámara de Diputados y se han renovado sus liderazgos.
Porque en todo cambio hay siempre la oportunidad de replantear prioridades y estrategias. Y quienes tenemos responsabilidades públicas, no podemos permitir que la grandeza de México, que está en su gente, en sus recursos, en su historia, quede finalmente frustrada en sus posibilidades por la falta de visión de los actores políticos, que nos impida ponernos de acuerdo para cambiar y acerca de cómo cambiar al país.
Es la hora de cambiar, y es la hora de cambiar a fondo. Y cambiar a fondo significa no sólo realizar los pequeños pasos, en la medida en que las comprensibles resistencias sean capaces de soportar, sino verdaderamente asumir las reformas y las transformaciones que México necesita.
En esencia, lo que propongo es pasar de la lógica de los cambios posibles, limitados siempre por los cálculos políticos de los actores, a la lógica de los cambios de fondo, que nos permitan romper las inercias y construir, en verdad, nuestro futuro.
Es la hora de dejar atrás la percepción tan arraigada de que en México las cosas no sólo no suceden, sino que no pueden suceder. Dejar atrás un México en el que pueden más las sombras de los prejuicios, de los mitos y los tabúes; que las luces, las esperanzas y las razones de las legítimas aspiraciones de los mexicanos.
Es hora dejar atrás nuestros miedos y ponernos seria y profundamente a discutir aquello que tiene que cambiar a fondo y de lo que cada quien puede y debe aportar para que los cambios sucedan.
Por eso, hago un llamado enérgico a todos los mexicanos para despertar la enorme capacidad que tenemos de forjarnos un futuro mejor. Y a eso los convoco, a establecer una agenda de reformas que nos permita construir el México que queremos.
Los retos que enfrentamos nos obligan a redefinir las prioridades y el ritmo de los cambios. Los mexicanos sabemos que las cosas no pueden seguir igual, y no van a seguir igual.
No pienso ni provocar, ni convocar a la división del país. Por el contrario: convoco a la unidad para transformar a México en el país que queremos; convoco a que cada una y cada uno de nosotros ponga lo que tenga que poner para que las cosas cambien.
Celebrar el Bicentenario de ser una Nación libre, nos obliga a todos a replantearnos cómo preservar y cómo ampliar nuestra libertad.
Celebrar el Centenario de la Revolución nos compromete a revisar cómo hacer realidad las aspiraciones de justicia y de democracia que la hicieron posible.
Cómo podemos hacer que México se convierta en un país que tenga inversión, empleo, crecimiento económico acelerado y sostenido, una justa distribución del ingreso nacional.
Cómo podemos corregir y de manera estructural la pobreza extrema que siguen padeciendo millones y millones de mexicanos.
Cómo podemos hacer de nuestro México un país más seguro, más limpio, más democrático.
Las crisis que acabamos de pasar, más que inhibir o cancelar por largo tiempo nuestras posibilidades de desarrollo, deben ser un acicate para dejar atrás esos miedos, los tabúes, los mitos, y regresar a nuestra aspiración de fondo, que es la transformación de México.
Sí, sé que es muy difícil cambiar. Es tan difícil, que por eso México, en alguno de sus rubros esenciales, no ha podido cambiar en décadas. Hoy tenemos que hacerlo, porque además ya no quedan otras alternativas, porque el tiempo y los recursos se nos agotan, porque las necesidades de la población son cada vez más apremiantes.
Hoy, cambiar de fondo no sólo es la mejor, sino la única alternativa. Ese cambio debe contener, y así lo propongo, cuando menos 10 elementos:
El primero y fundamental, tiene que ver con las condiciones de pobreza en la que vive la mitad de la población, y en particular la pobreza extrema, que sufre uno de cada cinco mexicanos.
Lo que propongo es concentrar la fuerza y los recursos del Estado mexicano en un esfuerzo de todos por frenar el crecimiento de la pobreza, por mitigar los impactos negativos que la crisis alimentaria y económica mundial han dejado en nuestra población de menores ingresos.
Por eso, propondré al Congreso de la Unión, aún en medio de la adversidad económica, un programa que no sólo no reduzca el gasto orientado a combatir la pobreza, sino que lo fortalezca, lo blinde para evitar cualquier abuso o desvío en cualquier orden de Gobierno y lo dirija, precisa y especialmente, a aquellas familias que de acuerdo con la definición de pobreza alimentaria, no les alcanza, incluso, para el sustento diario.
Segundo. Y como un legado del Bicentenario, México puede y debe alcanzar en esta Administración la cobertura universal de salud. Uno de los signos más injustos y más distintivos de la pobreza ha sido que muchos mexicanos no hayan contado en nuestra historia con médico, medicinas a su alcance, en un momento de sufrimiento y de enfermedad.
Hoy tenemos la inigualable oportunidad de lograr que haya médico, medicinas y tratamiento para cualquier mexicana o cualquier mexicano que lo necesite, independientemente de su condición social. Sé que se puede y sé que lo vamos a lograr, si hay la voluntad política para jerarquizar estas prioridades.
Tercero. Lograr una educación de calidad. Una educación que, verdaderamente, promueva al ser humano a plenitud y prepare a nuestros jóvenes para un mundo que compite y que compite ferozmente, que haga que México supere el marasmo de los intereses, las inercias, y construya a través de la educación de calidad, una puerta grande para salir de la pobreza; que sea la educación sinónimo de orgullo, de fortaleza y de oportunidad para construir un futuro de prosperidad, al que aspiramos.
Sé muy bien, también, que no podremos erradicar la pobreza, ni garantizar el acceso a la salud y a la educación de calidad de todos, si no contamos hoy con finanzas públicas fuertes, con recursos públicos debidamente aplicados y escrupulosamente ejercidos, para hacerle frente a estos desafíos.
Hoy el futuro nos ha alcanzado. Hoy los recursos petroleros, que sí permitieron a México disponer de ingresos y financiar su desarrollo hasta ahora, y que fueron relativamente abundantes, han comenzado a declinar.
En los últimos años, el yacimiento de Cantarell, que llegó a proveer más del 60 por ciento de todo el petróleo que producíamos, ha comenzado a declinar y se agotará.
La plataforma de producción de petróleo se ha reducido en 700 mil barriles diarios, de seis años a la fecha. Eso significa haber perdido de manera permanente 300 mil millones de pesos de ingreso, por lo menos, que tienen que ser sustituidos ahora por ahorro y una mayor recaudación.
Y por ello, como cuarto punto, es necesaria una reforma profunda de las finanzas públicas. Tenemos que hacer más con menos.
Y por eso, el Gobierno Federal será el primero en poner el ejemplo. Lo haremos a través de un extraordinario esfuerzo de austeridad y racionalización de la Administración Pública, jerarquizando las prioridades a partir de los gastos imprescindibles y eliminando todos aquellos programas y rubros que no contribuyan de manera decidida a los objetivos que he mencionado.
Y para ello, enviaré a la consideración del Congreso de la Unión una reforma que permita jerarquizar, con criterio de eficiencia, transparencia y austeridad, el gasto del Gobierno Federal; que reduzca su costo administrativo e invito a los Poderes y a los distintos órdenes de Gobierno, a los órganos autónomos, a los partidos políticos, a realizar un esfuerzo en el mismo sentido.
Mi Gobierno no pedirá a nadie un esfuerzo que antes no haya hecho en su propio ámbito. Una vez que el Gobierno Federal haya puesto la muestra y mostrado en los hechos que está dispuesto a hacer mucho más con menos, podrá, en justicia, pedir a la sociedad su parte para esta tarea común.
Esta Reforma de las Finanzas Públicas tiene como segundo componente el fortalecimiento de los ingresos públicos. Debemos alcanzar acuerdos de fondo que nos permitan simplificar los trámites fiscales, reducir la evasión e incrementar la recaudación, aumentando la base gravable.
Y debemos hacerlo bajo el compromiso de todas las partes, en el sentido de que todo incremento en los ingresos públicos debería estar encaminado a cubrir las prioridades en materia social.
Un Estado moderno requiere un sistema recaudatorio que garantice finanzas públicas sólidas, no sólo para cumplir sus responsabilidades, sino para, también, poder transformar su realidad, como lo propongo a la Nación.
Propongo también una Reforma Económica de fondo, que transforme nuestra economía para hacerla más competitiva, que permita acelerar el crecimiento y la generación de empleo, que lo haga, además, de manera sostenida.
Y para ello, como quinto punto. Debemos emprender una nueva generación de reformas en las empresas públicas del sector energético. Las empresas del sector registran resultados cada vez más preocupantes. Se requiere urgentemente una racionalización de su administración y de su operación.
Es fundamental que se rescate su misión histórica, que es brindar a los mexicanos, energéticos de calidad y a precios competitivos y traducir en ingresos públicos la riqueza nacional que poseemos.
Habremos de emprender una transformación de raíz de las empresas públicas, con la finalidad de eliminar privilegios, terminar con la opacidad y la corrupción, y orientar su desempeño al servicio público, a través de una profunda reestructuración y modernización.
Al mismo tiempo, es necesario avanzar más a fondo en reformas de segunda generación para fortalecer nuestra industria petrolera. Sé bien, es cierto, que la Reforma aprobada el año pasado nos permite claramente iniciar el proceso de recomposición de Petróleos Mexicanos, pero el agotamiento de los recursos y de las reservas de petróleo, nos obliga a ir más a fondo y mucho más rápido.
Impulsemos juntos una nueva reforma para recuperar nuestra capacidad productiva de largo plazo, y hacer que el sector retome su papel como palanca de crecimiento, de desarrollo y de empleo.
Sexto. Una reforma al Sector de las Telecomunicaciones, porque México requiere que este sector realmente responda a las necesidades del desarrollo, garantice una mayor cobertura de los servicios, la convergencia de las tecnologías disponibles y la competencia entre los actores.
Que sea, precisamente, México un país que pueda acceder para el mayor número de sus habitantes a la telefonía, al Internet, al radio, la televisión, a todos los servicios de telecomunicaciones, que son detonantes de desarrollo.
Que lo haga en un ambiente de verdadera competencia, que brinde a empresas y hogares la oportunidad de tener acceso a servicios de calidad y a precios accesibles.
Séptimo. Enfrentar la adversidad económica no hubiese sido posible sin la responsabilidad de los actores en el mundo laboral; ahora, es importante plantearnos una transformación, también, del sector, con el objetivo específico de que facilite el acceso de millones de mujeres y de jóvenes a la vida del trabajo, a la vida económica, a un ingreso digno; una reforma que incremente la productividad y que lo haga con pleno respeto a la autonomía sindical, al derecho de huelga y a la contratación colectiva, que fortalezca la rendición de cuentas y los derechos de los trabajadores, en especial el más importante, que es el derecho a obtener un trabajo.
Octavo. Emprenderemos en el Gobierno una reforma regulatoria de fondo; en el curso del próximo año debemos lograr el objetivo de contar con una regulación base cero para el Gobierno Federal, un proceso que nos permita derogar todos aquellos acuerdos, oficios, decretos o reglamentos cuya necesidad no quede clara y plenamente justificada.
De lo que se trata, es de facilitar la vida de los ciudadanos, de simplificar todos los trámites que realizan las empresas, de acercar el Gobierno a las necesidades de la gente. Y convoco a los gobiernos estatales y municipales a que coordinemos este esfuerzo y eliminemos trámites innecesarios, y promovamos una nueva cultura de eficiencia en el servicio público.
Noveno. Debemos profundizar y ampliar la lucha frontal contra el crimen y por la seguridad de los ciudadanos.
El Estado de Derecho es indispensable, no sólo por razones de justicia, de dignidad, de seguridad en sí misma, sino porque el Estado de Derecho es un factor sustancial para la competitividad, la equidad y la eficiencia. La certidumbre jurídica es una palanca poderosa e indispensable para el desarrollo.
El Gobierno Federal ha avanzando y seguirá avanzando sustancialmente en esta materia, en su lucha contra el crimen organizado.
Y además, enfocaremos ahora una mayor atención a fortalecer la autoridad de las instancias locales, a fin de que podamos combatir con eficacia aquellos delitos que más agravian a la ciudadanía: el robo, la extorsión, el secuestro.
Al mismo tiempo, es necesario acelerar el esfuerzo en todos los órdenes de Gobierno, para contar con un sistema eficaz de cuerpos policiacos.
Hoy, los cuerpos policiacos, particularmente en el ámbito municipal, enfrentan serias limitaciones ante el poder de cooptación e intimidación de los criminales.
Necesitamos fortalecer todos los eslabones, en particular los más frágiles de la cadena de protección ciudadana, y evitar que éstos se utilicen en contra de los ciudadanos, como ha llegado a ocurrir en diversos lugares.
Yo convoco a que discutamos qué modelo de organización policial requiere México para hacer frente y derrotar a una criminalidad sin escrúpulos y, sobre todo, a que el esfuerzo de depuración y fortalecimiento de los cuerpos policiacos continúe en todo el país.
En esa materia, convoco también a la ciudadanía a tener una mucho mayor participación en la prevención del delito. No pido a los ciudadanos actos que corresponde, por deber, hacerlo a las autoridades; pero sí pido actos cotidianos de civismo, de cultura de legalidad, de denuncia, de ocupación de espacios públicos; de promoción de labores de cultura, de deporte, de prevención y tratamiento de adicciones entre los jóvenes y los adolescentes. Ahí todos tenemos mucho que hacer y mucho podemos hacer.
Y, finalmente, el décimo elemento de la agenda que propongo corresponde a la necesidad de emprender una Reforma Política de fondo. Las reformas políticas que se han llevado a cabo en las últimas dos décadas, han permitido una mejor relación entre los actores políticos, para vivir y actuar en democracia, y han abierto la puerta a la vida democrática de México.
Pero no se han traducido aún en resolver los problemas de los ciudadanos o en garantizar mejores gobiernos. Y por ello, debemos emprender una nueva generación de Reformas Políticas.
Hay que reconocerlo. Los ciudadanos no están satisfechos con la representación política y perciben una enorme brecha entre sus necesidades y la actuación de sus gobernantes, representantes y políticos.
La Reforma Electoral aprobada recientemente, corrigió muchos vicios, pero dejó sin corregir algunas prácticas indebidas. Propongo una nueva revisión a fondo de las reglas electorales, a fin de que el ciudadano vea en las elecciones un instrumento efectivo de participación democrática; que política sea sinónimo de ciudadanía.
Y además de lo electoral, tenemos que plantearnos seriamente, si nuestro sistema político permite, verdaderamente, procesar conflictos y traducir en acciones públicas el mandato de los ciudadanos. Hay que pasar del sufragio efectivo, a la democracia efectiva.
Propongo que entre todos revisemos las reglas y cambiemos lo que haya que cambiar, para que la política deje de ser sinónimo de conflicto y de parálisis, para que la política se convierta en un instrumento de cambio al servicio de la sociedad, para que el sistema político genere verdadera rendición de cuentas y genere acuerdos que permitan avanzar al país.
Para que el sistema político realice una correcta asignación de responsabilidades y de exigencias entre los tres Poderes y entre los tres órdenes de Gobierno.
Amigas y amigos:
Para hacer realidad estos cambios fundamentales, es primordial construir una gran alianza entre todos los que conformamos al Estado: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los gobiernos estatales y municipales, los organismos autónomos, la sociedad entera.
Esto no es una cuestión de partidos políticos, ni es una responsabilidad exclusiva del Presidente de la República. Es una cuestión de todos los órdenes, de todos los Poderes, de todos los mexicanos.
El mandato que hoy tenemos los representantes de los ciudadanos, es gobernar bien. Nuestro objetivo debe ser que cada vez más mexicanos puedan vivir mejor, sin importar qué partido, qué Gobierno o qué poder se lleve el mérito de ello.
Ésta es la altura de miras que hoy nos exigen mexicanas y mexicanos. Nos lo exigen a nosotros, autoridades y representantes. Es tiempo de actuar y es tiempo de tender puentes de diálogo entre quienes queremos lo mejor para México.
He estado atento a las voces que han propuesto distintos mecanismos de entendimiento, a fin de definir la agenda del país, particularmente en materia económica.
En los próximos días buscaré reunirme con diversos liderazgos sociales, políticos, económicos y académicos, a fin de analizar todas las alternativas.
Enfrentamos un momento definitorio. En nuestras manos está el decidir si seguimos en la inercia o si impulsamos cambios de fondo para transformar el país.
Seamos la generación que puso por encima de cualquier otro interés particular el interés de México.
En el umbral de las conmemoraciones del Centenario de la Revolución y del Bicentenario de la Independencia, en los albores de un nuevo siglo como Nación independiente y soberana, seamos una generación a la altura de nuestra historia, de nuestros anhelos, y conduzcamos a México al futuro.
Es la hora de cambiar.
Viva México
