viernes, 23 de agosto de 2013

Nuevamente ALDESA rompe la legalidad en la Durango-Mazatlán

  • En las siguientes horas serán sacados de la zona por los propietarios de la tierra


Durango, Dgo.- A la par que los campesinos de los ejidos Pueblo Nuevo, San Antonio y Anexos, Chavarría Viejo, Chavarría Nuevo y Comunidad de Chavarría Nuevo lograban importantes acuerdos con la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Durango, encontraron que la empresa española Aldesa construye un nuevo camino fuera del derecho de vía, sin autorización de los propietarios de la tierra.

“Estamos ante una situación irregular que vamos a arreglar en las siguientes horas”, expresó Andrés Medrano, comisariado ejidal de Pueblo Nuevo, el ejido más grande y más afectado de los perjudicados por la construcción de la autopista en el estado de Durango.

Una de las acciones será, entre otras, parar toda actividad de la empresa española que ha realizado los trabajos de construcción de la autopista Durango-Mazatlán, atropellando todos los cauces legales y la propiedad de los ejidatarios y sacar a sus trabajadores.

A la par, volvieron a denunciar ante los funcionarios de la SCT-Durango que han sido amenazados por el departamento jurídico local de la dependencia, con el ejercicio de la acción de presuntas órdenes de aprehensión si continúan  exigiendo que les paguen sus tierras.

Acompañados por sus compañeros campesinos de los estados de Sinaloa y Nayarit, los ejidatarios de Durango que luchan porque sus tierras les sean indemnizadas a precio comercial actualizado y en tiempo y forma, lograron ayer importantes acuerdos con la delegación local de la SCT, entre los que se encuentran la confirmación de los temas tratados el 31 de julio en las oficinas centrales de la dependencia del gobierno federal.

Entre los puntos acordados está el que este martes 3 de septiembre se realizará la revisión de los pagos liberados por Banobras y lo entregado a los ejidos afectados. También el lunes 26 de agosto se hará una gira de trabajo por las áreas afectadas, con personal de la Dirección General de Carreteras de las oficinas centrales, iniciando el recorrido a las 10.00 AM en La Bufita, km 132.

Asimismo, se acordó detener el trámite de expropiación y que el pago de tierras sea a dominio pleno en el menor tiempo posible, para lograr la liquidación a precio comercial actualizado.


Finalmente, reiteraron y se acordó que la delegación hará del conocimiento de las oficinas centrales de la SCT la propuesta realizada el pasado día 17 de agosto por los ejidatarios, de que ya que la inversión es enteramente del Gobierno Federal, la administración de la carretera se otorgue a los gobiernos de Sinaloa y Durango y no se concesione a particulares; de esta forma, la renta de las autopistas sería utilizada para educación, salud y generación de empleos en ambos estados.