Toluca de Lerdo, México.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 59
Legislatura mexiquense expresó su repudio a cualquier acto que atente contra
los derechos humanos y la libertad de expresión y se pronunció para que, a la
brevedad, se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades de los
hechos registrados el pasado 30 de noviembre en el operativo del predio Loma
Larga, de Atizapán de Zaragoza, en los que resultó afectada Iris Mabel
Velázquez Oronzor, periodista del periódico Reforma.
El comunicado fue firmado por los integrantes de la Jucopo y
coordinadores parlamentarios, Cruz Roa Sánchez (PRI), presidente; Juan Manuel
Zepeda Hernández (PRD) y Anuar Roberto Azar Figueroa (PAN), vicepresidentes;
José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), secretario; y los vocales Mario
Salcedo González (Encuentro Social), Jacobo David Cheja Alfaro (Movimiento
Ciudadano), Aquiles Cortés López (Nueva Alianza), Francisco Agundis Arias
(Verde Ecologista) y Carlos Sánchez Sánchez (PT).
Enfatizaron que “quien atenta contra el ejercicio de
libertad de expresión también lo hace contra la sociedad mexiquense y contra
sus principios fundamentales”, por lo que “manifestamos nuestro repudio contra
cualquier acto de violencia cometido contra cualquier mexiquense y nos
pronunciamos a favor de que existan protocolos transparentes y eficaces en el
desempeño de las corporaciones policiacas del Estado de México que permitan la
vigilancia y procuración de los derechos y obligaciones de la ciudadanía y de
los elementos policiacos en nuestra entidad”.
Los coordinadores parlamentarios solicitaron a la Asamblea
se pueda conformar una comisión especial de seguimiento a este hecho, cuyos
miembros sean los propios coordinadores para garantizar la pluralidad y
representatividad en los actos y diligencias que lleve a cabo.
El acuerdo leído por la diputada Patricia Durán Reveles
(Movimiento Ciudadano), secretaria de la Directiva, refiere que se ha
solicitado a la PGJEM información sobre las investigaciones del caso, tras lo
cual se recibió el siguiente informe:
El licenciado Gerardo Ángeles Enríquez, fiscal regional de
Tlalnepantla, solicitó se le suspendiera de su cargo para no interferir en la
investigación de las conductas delictivas, por lo que, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 129 fracción segunda de la Ley de Seguridad del
Estado de México, el 30 de noviembre de 2016 se dictó medida precautoria de
suspensión temporal al cargo que ocupa en la PGJEM hasta en tanto se resuelva,
en definitiva, el procedimiento administrativo que se instaure, lo que implica
su separación de la función que realizaba sin goce de sueldo.
El maestro Gabriel Navarro Laguna, encargado de la Policía
Ministerial de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla, solicitó se le suspendiera
de su cargo para no interferir en la investigación de las conductas delictivas,
por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 165 fracción segunda
de la Ley de Seguridad del Estado de México, el 30 de noviembre de 2016 la
Comisión de Honor y Justicia dictó medida precautoria de suspensión temporal al
cargo que ocupa, hasta en tanto se resuelva, en definitiva, el procedimiento
administrativo que se instaure.
El documento refiere que el procedimiento de investigación
administrativo queda a cargo de la Comisión de Honor y Justicia y de la
Subprocuraduría Jurídica y se resolverá a la brevedad, mientras que la
investigación penal queda a cargo de la Fiscalía Especializada para Delitos de
Servidores Públicos, que está trabajando en ésta.
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