En la mesa de análisis “Carta de Derechos”, realizada este
jueves en la Escuela de Administración Pública, reiteraron la defensa de la
Constitución local, la cual protege derechos humanos.
Participaron el coordinador general de la Unidad para la
Reforma Política, Porfirio Muñoz Ledo; el senador y ex presidente de la
Asamblea Constituyente de la CDMX, Alejandro Encinas; las ex constituyentes,
Clara Jusidman y Esthela Damián Peralta, así como el presidente del Partido
Acción Nacional (PAN) en la capital del país, Mauricio Tabe Echartea.
Porfirio Muñoz Ledo adelantó que próximamente se nombrará
una comisión de abogados y delegados del grupo redactor para la defensa de la
Carta Magna local.
Como parte de las acciones, indicó que se recurrirá a la
figura jurídica Amicus Curiae, recurso que permite involucrar a terceros que no
son parte de un litigio.
Alejandro Encinas, ex presidente de la Asamblea
Constituyente, aseguró que la Constitución de la CDMX es reconocida a nivel
internacional como un documento de avanzada, que atiende los Objetivos del
Milenio y los derechos planteados por la Organización de las Naciones Unidas.
Recordó que en la metrópoli se han logrado consumar derechos
importantes “como el establecimiento de la pensión universal para adultos
mayores, la ley de atención médica y medicamentos gratuitos, la ley que otorga
útiles y uniformes escolares gratuitos a estudiantes de educación pública”.
Al hablar sobre su experiencia en la elaboración del marco
normativo, Clara Jusidman, ex diputada de la Asamblea Constituyente, sostuvo
que fue “un ejercicio de diálogo excepcional”.
Esthela Damián Peralta destacó que esta Constitución “busca
revolucionar conciencias, llama al cambio perdurable y a la acción permanente.
Se ve al ciudadano como eje en su columna vertebral. Se cuidó que el ciudadano
fuera menos vulnerable”.
El presidente del PAN en la capital del país, Mauricio Tabe
Echartea, sostuvo que la Constitución de la CDMX fue resultado de un gran
esfuerzo político y de acuerdos que se dieron en el pleno y en el debate. Esta
Carta Magna “permite empoderar a los ciudadanos, elevar las exigencias a los
gobernantes para que rindan cuentas y poner límites a las burocracias y a los
grupos de interés”.
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