Toluca, México.
La 60 Legislatura del Estado de México aprobó la creación de
la Guardia Nacional, al otorgar su voto unánime a la minuta con proyecto de
decreto enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por la que
se modifican diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De esta forma, se suma a los nueve Congresos locales que,
hasta la hora en que este martes la avaló, en calidad de integrantes del
Constituyente Permanente, habían dado su voto a la conformación de esta
institución policial que será de carácter civil y se regirá por los principios
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos, consigna el documento.
En sesión del Segundo Periodo Ordinario, que preside la
diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal (morena), la secretaria de la
Directiva, Xóchitl Flores Jiménez, dio lectura al proyecto que reforma,
adiciona y deroga varios preceptos establecidos en los artículos 10, 16, 21,
31, 35, 36, 73, 76,78 y 89 de la Carta Magna.
El proyecto señala, en sus artículos transitorios, que el
Congreso de la Unión expedirá la Ley de la Guardia Nacional y las leyes
nacionales que reglamenten el uso de la fuerza; que la Guardia Nacional se
constituirá, a la entrada en vigor del decreto, con elementos de las policías
Federal, Militar y Naval, y que los Ejecutivos de las entidades, a partir de
entonces y en un plazo no mayor de 180 días, presentarán al Consejo Nacional de
Seguridad Pública el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento de sus
cuerpos policiales estatales y municipales.
AVAL DEL PLENO A PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA PARA MÁS
DELITOS
El Pleno legislativo también aprobó la minuta con proyecto
de decreto para reformar el artículo 19 de la Constitución de la República, que
se refiere a la ampliación del catálogo de delitos para los que el Ministerio
Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa.
También enviado por el Congreso de la Unión para efectos del
artículo 135 constitucional, el decreto agrega los delitos de abuso o violencia
sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas
sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de
enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de
carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos,
petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de
personas o desaparición cometida por particulares y delitos en materia de armas
de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza
Aérea.
El documento establece que a partir de los cinco años de la vigencia
del decreto, esta medida deberá ser evaluada conforme los criterios del Sistema
Nacional de Seguridad Pública para determinar la continuidad de su aplicación.
El diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador del Grupo
Parlamentario del PRD, expresó en tribuna la decisión de su bancada de
abstenerse de votar, aunque dando el beneficio de la duda al Ejecutivo federal.
Argumentó que, de acuerdo con consideraciones de la
Organización de las Naciones Unidas, las modificaciones al artículo 19
violentan los derechos a la presunción de inocencia y a la libertad y la
integridad personal; vulneran la independencia judicial y el principio de
igualdad ante la ley; afectan el funcionamiento del sistema de justicia penal,
e implican la desviación de las políticas de seguridad ciudadana y la regresión
en la protección de los derechos humanos.
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