Advierte el abogado Antonio Ortega Barco que el Gobierno de
la Ciudad de México cometería un delito si continúan los trabajos antes de que
un juez federal dé su sentencia definitiva después del 5 de mayo
Ciudad de México.
Alrededor de 250 vecinos del pueblo de Cuautepec obtuvieron
una suspensión provisional otorgada por un juez federal en contra de la
construcción del Cablebús que correrá del Metro Indios Verdes a Barrio Alto,
dio a conocer el abogado de los quejosos, Antonio Ortega Barco, quien advirtió
que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México no han demostrado la
legalidad, la constitucionalidad y que la obra no causa perjuicio al interés
jurídico de los ciudadanos que solicitaron la protección de la justicia.
La suspensión provisional que consta de más de 200 fojas
dice por un lado que la construcción del Cablebús no se detiene porque es un
sistema de orden público e interés social, pero por otro dice que se otorga la
suspensión de dicho proyecto por lo que hace a los derechos de los quejosos, o
sea que el Cablebús podrían seguirlo construyendo, pero no si causa perjuicio a
los quejosos que formaron el amparo y a los que la justicia federal otorga la
suspensión, explicó el abogado.
De acuerdo con Ortega Barco, los quejosos no pueden ser
desalojados arbitrariamente, ni pueden ser molestados de la posesión de sus
bienes inmuebles. “El Cablebús no puede ser construido por abajo, por arriba,
por los lados, hasta que no se resuelva el juicio constitucional; esto quiere
decir, hasta que la autoridad logre demostrar que esa construcción del Cablebús
es legal, constitucional y no afecta derechos de los gobernados, como los derechos
de propiedad, de posesión, a un medio ambiente sano, a la privacidad, etc.”,
destacó.
El juicio, dio a conocer el abogado, fue iniciado por
alrededor de 3 mil personas, pero sólo lo ratificaron 250, quienes están
protegidos contra actos del Gobierno de la Ciudad de México y la empresa
constructora porque de lo contrario estarían incurriendo en el delito de
violación a la suspensión del acto reclamado, ordenado por un juez federal.
La sentencia definitiva del juicio de amparo se dará después
del 5 de mayo, fecha tentativa en la que regresarán a trabajar los juzgados
federales por la emergencia del Covid-19, por lo que hasta en tanto no haya una
decisión apegada a la Constitución, las obras no podrán continuar alrededor ni
en la propiedad de los quejosos.
“Vamos a esperar qué contesta la autoridad (Gobierno de la
Ciudad de México) porque al día de hoy no ha podido demostrar la legalidad, la
constitucionalidad y que no causa perjuicio al interés jurídico de los
ciudadanos que solicitaron la protección de la justicia”, finalizó Ortega
Barco.
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