Emplaza presidente de la legislatura al procurador mexiquense a esclarecer homicidio de diputado

• Octavio Martínez Vargas apuntó que el Congreso local rendirá un homenaje al legislador Jaime Serrano Cedillo.
• Indicó que debe existir mayor coordinación entre corporaciones policiacas para combatir la delincuencia en la entidad.
• Urge mayor atención al sistema penitenciario para evitar fugas masivas.

Toluca de Lerdo, Méx., a 18 de septiembre de 2012.- El presidente de la LVIII Legislatura del Estado de México, Octavio Martínez Vargas lamentó el deceso del diputado Jaime Serrano Cedillo, y señaló que el procurador de Justicia de la entidad está emplazado para dar a conocer los avances de las investigaciones, y presentar a los responsables de este homicidio; adelantó que en la próxima sesión, la Legislatura rendirá un homenaje en memoria de Jaime Serrano.

En conferencia de prensa, Martínez Vargas se pronunció en contra de que el Ejército patrulle las calles del país; “ellos tienen particularmente una función que hoy están violando, es una función que le compete estrictamente al estado”, señaló.

Respecto a incrementar la seguridad para los legisladores, el presidente de la Directiva enfatizó que está en contra de la protección individual de los representantes populares. “Los policías que son pagados por el erario deben dar seguridad a los ciudadanos”, dijo.

“Se debe generar una dinámica de mayor coordinación entre las policías municipales y estatal”, manifestó el diputado Octavio Martínez, quien adelantó que su Grupo Parlamentario (PRD) planteará la creación del mando único, esto es, que ambas sean parte de una sola corporación estatal, de tal manera que exista mayor coordinación, tecnología, eficacia y controles de vigilancia.

Advirtió que es urgente que el titular del Ejecutivo estatal, el secretario general de Gobierno y las autoridades responsables del sistema penitenciario presten mayor atención a la sobrepoblación, que dijo, se registra en las cárceles mexiquenses, de hasta 70 por ciento, y evitar casos como la fuga 132 reos de una prisión de Coahuila.

 “Espero que se respalde la seguridad de las prisiones del Estado de México y se genere una política adecuada para construir más prisiones, a efecto de atender los niveles de población y generar eficaces programas de readaptación a los internos”, expresó.

Sin embargo, señaló que la creación de más prisiones no terminará con el problema de seguridad; “es con programas sociales, apoyos, educación, empleos, como se reducen los índices delictivos”.

Limpieza de vialidades en Valle de Chalco

En entrevista con Patricia Balderas, Jefa de via pública de industria, comercio y normatividad de Valle de Chalco, informó para este canal informativo, que se esta llevando a cabo por parte de esta dirección, el retiro de puestos metalicos abandonados en base a una petición ciudadana para la limpieza de vialidades.

“Con esta acción se pretende darle una buena imagen al municipio vallechalquense, respetando los puestos que estan en funcionamiento y en buenas condiciones”. Manifestó.

Asimismo hizo un breve mensaje a todas aquellas personas que tienen en el abandono su puesto, para que lo pongan en funcionamiento o si no tienen la necesidad de trabajarlo lo retiren de la via pública, siendo sensibles y respetuosos hacia a la ley, al respeto de las personas y a los comerciantes, dandoles las facilidades para que puedan recuperar sus pertenencias. Puntualizó.

En la Opinión de...

Artículo Editorial

TESTIGOS PROTEGIDOS

Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva

México. D. F., a 17 de septiembre de 2012.- Dos teorías del derecho han entrado en colisión con el gobierno de Felipe Calderón que ponen en alto riesgo la libertad y la seguridad jurídica de los mexicanos. Su reforma amerita desandar el camino andado en estos seis años donde el uso de los instrumentos de procuración de justicia como herramientas políticas bajo el argumento de que se condena al enemigo, ha dejado un saldo negro. Veamos.

Primero. Entre muchas otras, hay dos grandes posturas doctrinales que entienden la finalidad del Estado. El derecho del enemigo, expresión acuñada por Günther Jakob, en 1985, hace una diferenciación entre el derecho penal de los ciudadanos que entraña tipos penales incidentales y el del enemigo que estigmatiza desde el principio como “enemigos” a los que hay que neutralizar y aplicar leyes especiales, como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que acotan los principios básicos de la presunción de inocencia, amplitud de las penas, restricciones al debido proceso, bajo el argumento de que, a juicio del Ministerio Público, son enemigos del Estado y, por tanto, quedan reducidos a su mínima expresión sus derechos a un debido proceso.

Por el lado contrario, el neoconstitucionalismo sostiene la posición contraria, que tiene como eje la protección de la dignidad humana, la supremacía constitucional y el objetivo de que la finalidad del Estado no se constriñe a la seguridad, sino a la libertad. En esa línea se inscriben los grandes teóricos del derecho como Robert Alexy, Luigi Ferrajoli, Sergio García Ramírez, por citar algunos ejemplos. En el Estado democrático de derecho toda norma que haga distinciones y restrinja derechos humanos es inconstitucional.

Segundo. En este contexto, la figura del testigo protegido, que se ha vuelto una pieza del gobierno federal para atacar a sus enemigos, es grave no sólo por quienes eventualmente puedan cometer algún delito, sino para la sociedad entera, como usted y yo, porque en cualquier momento podemos ser objeto de esta vía y estar en plena indefensión frente al poder.

Por un lado el artículo 40 de la Ley contra la Delincuencia Organizada establece que: “Para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal y la responsabilidad del inculpado, el juez valorará prudentemente la imputación que hagan los diversos participantes en el hecho y demás personas involucradas en la averiguación previa”. Con poca afortunada técnica legislativa en su diseño legal, esta disposición es un galimatías, que requiere de otra disposición para ser entendida en sus términos.

Es atendible, por ello, la Tesis por unanimidad del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, que a la letra dice: “Testigo es toda persona física, que manifiesta ante los funcionarios de la justicia lo que le consta, por haberlo percibido a través de los sentidos, en relación con la conducta o hecho investigado; es un órgano de prueba, en cuanto comparece ante el agente del Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional a emitir su declaración. Pero, en tratándose del tema de la valoración de su testimonio, es importante atender a dos aspectos: la forma (que se refiere también a lo relativo a la legalidad de la incorporación y desahogo de la prueba en el proceso) y el contenido del testimonio.

Es decir, en términos generales la valoración de un testimonio se hará, en primer lugar, atendiendo a los aspectos de forma previstos en el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales. Y, si bien es cierto que tratándose de delitos vinculados con la delincuencia organizada debe en principio estarse al contenido de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, también lo es que en dichos preceptos no se regulan exhaustivamente los parámetros de valoración del aspecto formal y material del dicho de un testigo protegido; de ahí que al ser el Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria ordenada por el artículo 7o. de la propia ley especial, resulta indiscutible que deberá atenderse a los parámetros que el citado artículo 289 del ordenamiento procesal federal citado establece, en todo lo conducente.” (Amparo en revisión 202/2004. 10 de marzo del 2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretaria: Alma Jeanina Córdoba Díaz)

Tercero. Como lo sostiene correctamente la resolución anterior, ante la oscuridad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se debe remitir al Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), el cual dispone que: “ Para apreciar la declaración de un testigo el tribunal tendrá en consideración: I.- Que por su edad, capacidad e instrucción, tenga el criterio necesario para juzgar del acto; II.- Que por su probidad, la independencia de su posición y antecedentes personales, tenga completa imparcialidad; III .- Que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro. IV.- Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales; y V.- Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno”.

¿Qué persona en su sano juicio podría creer que un testigo protegido observe los requerimientos que el CFPP requiere? Si no se expande esta tesis citada del testigo protegido, que en la práctica tiene un valor preponderante para el ejercicio de la acción penal, todos seguiremos en el peor de los mundos. El artículo 35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada crea generosos incentivos para que el Testigo Protegido testifique contra quien sea, porque de esta forma tiene frente a sí 7 posibles recompensas que pueden llegar a reducir las dos terceras partes de la sanción recibida.

En suma, debemos regresar del derecho penal del enemigo de Felipe Calderón al derecho garantista y neoconstitucionalista. Más todavía, el artículo primero constitucional ubicado en la parte dogmática dispone que: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. Asimismo, el citado artículo prohíbe cualquier medida que: “atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Quienes sean absueltos deberían iniciar demandas de reparación de daños y perjuicios por lo que dejaron de ganar o perdieron así como por la afectación a sus derechos al honor y a la propia imagen. Estas demandas deberían ser formuladas contra la institución y contra las personas físicas (Agentes del Ministerio Público, Directores de Comunicación Social, etc.) lo que elevaría los costos de quienes se conducen por consigna, colusión o sean parte de la más amplia corrupción.

Reportaje

BLOQUEO A CELULARES ROBADOS, OTRA FARSA EN CLAVE TELEFÓNICA

Antes fue el registro de los números, ahora el supuesto bloqueo que no ha generado ningún beneficio, ni siquiera quejas

Por Silvina Brizuela / Luces del Siglo

Cancún, Qna. Roo., a 14 de septiembre de 2012.- Con el corazón en la boca atravesaron la primera semana de septiembre alrededor de un 80 por ciento de usuarios de teléfonos inteligentes en Cancún, temiendo el “archi” anunciado bloqueo de celulares. Según lo dado a conocer, los teléfonos que contaban con denuncia de robo iban a ser bloqueados y quedarían inutilizables desde el primero del mes corriente. Sin embargo, la medida estuvo lejos de lo que se imaginaba, como una escena de La guerra de los Mundos.

Al parecer la medida encontró más trabas que otra cosa y no logró entrar en rigor como se esperaba. El mayor inhibidor al bloqueo de celulares robados es la falta de denuncias ante el Ministerio Público, requisito fundamental para las compañías de teléfonos.

En México, durante los últimos dos años, se han presentado a los diversos operadores alrededor de 1 millón de solicitudes para desactivar equipos móviles por robo o pérdida; de éstos, menos del 1 por ciento han sido denunciados ante el MP.

Luces del Siglo consultó a expertos en telefonía móvil para echar un poco de luz a un tema donde palabras como bits, GPS, IMEI, se han vuelto de uso común, pero que son inaccesibles para la mayoría.

Alejandro Fonseca es un especialista en teléfonos inteligentes y fue consultado para despejar las dudas que traerá la medida gubernamental para desalentar el robo de celulares que después pasan al creciente mercado paralelo.

– Empecemos por el principio, ¿qué es el IMEI?

– Es el código único del teléfono; es como la huella digital del aparato. De acuerdo al IMEI, a través de las antenas de la compañía que corresponde, es posible bloquear el IMEI para que el teléfono quede inservible.

– ¿Esta semana recibieron alguna consulta por bloqueo?

– No, para nada, ni una sola.

– ¿Crees que no se implementó la medida?

– No es algo fácil de poner en práctica, además los hackers ya deben estar trabajando para revertirla.

– ¿Es posible que burlen estos bloqueos?

– Hay muchas posibilidades. Hay muchos sitios que se dedican a cambiar número de IMEI, números de serie, antes se hacía con los Blackberry que eran extranjeros, se les cambiaban los números de IMEI para que funcionaran como nacionales. Siempre existe la posibilidad.

Alejandro refiere que el mejor ejemplo es la empresa de la manzanita (Apple), una de las más poderosas del mundo y que cada día va contratando los servicios de los mejores hackers del mundo para mejorar sus sistemas. “Siempre hay nuevo hacker que no está de acuerdo con sus políticas y empieza a sacar nuevas formas de liberaciones, de desbloqueo”, dice el especialista.

– ¿Consideras que es una medida temporal?

– Lo que ellos quieren es tener control de los equipos robados, bloquearlos para que no puedan desbloquearlos mediante software, pero ahora ya existe la liberación por IMEI de fábrica, tú puedes traer tu equipo y el IMEI se libera a través de tu compañía telefónica.

Otra fuente que pidió anonimato, manifestó que equipos extranjeros que están reportados, según la compañía, se pueden liberar. Los teléfonos aunque estén reportados ya se desbloquean con programas especiales.

– ¿A quién beneficia que hagan esto ahora?

– Al usuario, porque quizás de esa forma se reduzca el interés en el robo de celulares, aunque tal vez los roben igual y se esperen a que salga el desbloqueo– responde Alejandro Fonseca.

Gustavo Íñigo también es un fanático de la tecnología y experto en telefonía móvil.

– ¿Hay otras formas de que el usuario proteja sus equipos?

– Una compañía creó un bloqueo que viene de fábrica, si pierdes o te roban tú ordenador, puedes impedir que lo usen otras personas bloqueando el dispositivo desde cualquier computadora con internet de forma remota mediante un código: un número que debe introducirse para poder usar el dispositivo. Con ese programa puedes localizar, mostrar un mensaje, bloquear de forma remota o realizar un borrado de tu celular, tarjeta, dispositivo para música o computadora; y además, a través de GPS, localizar el equipo. Es una medida muy buena y que aún no han podido hackear.

– ¿ Todos los celulares inteligentes tienen una manera de rastreo?

– Casi todos los celulares “inteligentes” tienen la aplicación GPS para la saber la ubicación del equipo y es muy sencillo activarlo, pero la gente en general no sabe usarlo, o no sabe que su teléfono lo posee.

“El otro día mi novia perdió su teléfono en la playa, fuimos a un ciber, lo rastreamos y nos dio la posición exacta, volvimos y ahí estaba, de hecho, en otros países que cuentan con satélites especializados pueden rastrear los equipos con una exactitud milimétrica”, explica.

– ¿Puedes hacer una estimación de cuántos equipos quedarían desactivados en la ciudad?

– Yo diría que un ochenta por ciento de los quipos. Aquí en Cancún la mayoría de los equipos inteligentes son extranjeros.

Ya sea que los aparatos robados se queden en “stand by” en algún depósito o “circulen” hacia otros países, el bloqueo a través de IMEI no parece ser una medida del todo eficaz que, sin embargo, dejará a muchos fuera de línea.

Hacer la denuncia: responsabilidad del usuario. Luego de la firma del acuerdo entre el gobierno federal y las empresas de telefonía móvil para bloquear celulares robados, se han registrado más de 50 mil denuncias, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La actual subdirectora del área de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la Zona Norte, María Antonia Salmerón Méndez, en conversación telefónica con Luces del Siglo, expresó que las denuncias por teléfonos celulares no son muy comunes, pero que esperan se incrementen.

Los usuarios, a partir de las nuevas disposiciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tienen la opción de efectuar una llamada de aviso en el momento en que suceda el robo, sin que medien requisitos complicados o información que no tengan disponible, pero para aquellos que tengan contratado el seguro por robo de equipo, y quieran hacer efectiva la póliza de seguro, debe presentar a la operadora un acta emitida por el Ministerio Público, sí o sí.

La funcionaria señaló que con este tipo de medidas buscan desalentar al mercado negro de aparatos celulares, sin embargo, destacó que para que sea exitoso este esfuerzo se requiere el apoyo de los propios ciudadanos.

Columna

Reflexiones

Por Francisco Alfaro Ramírez

EL ORIGEN DEL MAL

Existe un problema muy grave que esta carcomiendo a la sociedad en la que vivimos, y es precisamente un sistema político, el cual ha caminado sobre mafias convertidas en partidos, sindicatos que han generado líderes que venden los votos corporativos de sus integrantes, todo por puestos políticos, gobiernos que han solapado a la delincuencia o que han sido delincuencia, saqueando, endeudando, concesionando, cambiando el uso de suelo y fraccionando terrenos, agrupaciones sociales que se pelean por territorios donde la violencia es la regla, así se muestra la debilidad de un Estado que ha fallado, que no controla y que deja por conveniencia que los grupos antagónicos se peleen, o los hace pelear.

Los gobiernos emanados de la legalidad pero fuera de la legitimidad, no tiene el control de la nación, sino que ha fraccionado a la nación, lo que resulta conveniente para no cumplir, para evitar la unión del pueblo, y desviando la mirada de la población.

Dividir al país es importante para quienes tienen el poder formal de los gobiernos, es decir, el poder formal es lo que legalmente les permite mantenerse al frente de los gobiernos, esta división hace de cada gobierno un principado, donde cada gobernador, hace su voluntad sin rendirle cuentas a nadie, el cambio del uso de suelo les permite fraccionar y convertir tierras fértiles y de labor en fraccionamientos que requerirán muchos de los recursos que no se sabe de donde provendrán, el caso es hacerse o ser dueño de las fraccionadoras.

El uso de las policías para la represión, muy poca vigilancia y disuasión del crimen, pero con gastos estratosféricos pero con muy pocos resultados favorables para la población, pero sí muy beneficiosos para el crimen organizado.

Permitir la injusticia, crear “presuntos culpables”, teniendo supuestamente tecnología de vanguardia, pero policías sin garantías, sin sueldos honorables, sin supuesta certificación, donde el delincuente tiene más garantías que la policía, donde la justicia brilla por su ausencia, nos hace ver un Estado injusto, que cuando inventa culpables y resulta que son inocentes, cobardemente no ofrece disculpas y un pago por el daño hecho al ciudadano, lo que deja ver gobiernos sin honor y pueblos sometidos.

Quienes tendrían que ser certificados son además de los policías, los que se proponen como candidatos a algún puesto de gobierno, no podemos seguir teniendo ineptos y corruptos en el poder, así como jueces que tal pareciera tienen mucho trabajo y no pueden con tantos casos.

La justicia en un estado corrupto no se aplica y contagia a la población, así la cadena de la corrupción no se rompe, permite los males hacia población y genera una constante, que las cosas son, han sido y siempre serán así, por lo que la desesperanza hace vulnerable a las nuevas generaciones, sin oportunidades, sin empleo o educación, sin acceso a trabajos dignos, el comercio informal o ingresar a la delincuencia es la única opción.

Un sistema mal organizado u organizado para que la delincuencia opere, favorece únicamente a los gobiernos corruptos, los cuales derrochan los impuestos emanados del trabajo del pueblo, así quienes no trabajan que son los gobernantes simulan hacer algo, que es administrar y saquear los recursos, todo a su favor y dando migajas al pueblo, aun cuando firmen sus promesas.

La pregunta es: ¿Seguiremos sosteniendo un sistema que agrede a nuestra comunidad?

Por supuesto tú tienes la mejor opinión y la mejor acción.

Reportaje

LO QUE CALDERÓN QUEDÓ A DEBER A QUINTANA ROO

  

No concretó el proyecto del aeropuerto de la Riviera Maya aun cuando lo anunció en varios eventos oficiales, y tampoco el hospital General de Cancún, cuyos cimientos son la prueba del incumplimiento

Por Enrique Huerta / Luces del Siglo

Cancún, Qna. Roo., a 11 de septiembre de 2012.- Era el Día de la Marina, 2 de junio de 2008. El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa estaba en terreno panista: Isla Mujeres. A dos años de haber iniciado su gobierno prometía magnas obras para Quintana Roo y proyectos. “Ustedes saben que ya está muy avanzada la pista del aeropuerto de la Rivera Maya”, decía sobre una obra que nunca se llevaría a cabo.

Tres años después, el 8 de septiembre de 2011, decretó que en Quintana Roo había cobertura universal de salud a través del Seguro Popular; y puso la voz grave para anunciar una importante obra para este estado: el Hospital General de Cancún, cuyos cimientos hoy son la prueba de la inacabada construcción que no pudo ver la luz en seis años.

Lejos de ser el sexenio del empleo, con la derrota electoral sobre sus espaldas y más de 60 mil muertes producto del combate frontal contra la delincuencia organizada, Felipe Calderón se despide de la máxima encomienda de su vida con una imagen que está lejísimos del 80 por ciento de aprobación con la que se despidió Lula Da Silva del gobierno de Brasil. Desde Quintana Roo, estado turístico por excelencia, los líderes señalan que los tropiezos nos fueron pocos y costaron millones a la industria hotelera.

Desde el ámbito turístico empresarial del estado que genera el 30 por ciento de las divisas del país, no vieron con buenos ojos el que haya intentado desaparecer la Secretaría de Turismo, ni dejar para el 2014 la realización del Tianguis Turístico que emigró desde Acapulco para convertirse en itinerante. Es más, el mismo mandatario se impuso la meta de hacer de México una de las cinco primeras potencias turísticas del mundo, sin embargo, figura en lugar 11 de la tabla en la que arrancó en el octavo lugar.

Tras asistir al último informe del gobierno federal, el primero que calificó la labor del mandatario panista, fue el propio gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, quien recordó que no se alcanzaron todas las metas con las que se comprometió el gobierno federal. “No se puede negar avance en infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos, pero en Quintana Roo no se construyó la terminal aérea de la Riviera Maya, indispensable para desahogar el Aeropuerto Internacional de Cancún y detonar el crecimiento del sector turístico en el centro-sur del Estado”, señaló sin miramientos.

Y fue más allá: “Si bien de enero de 2007 a la fecha se crearon 2 millones 240 mil empleos, la meta estaba muy por encima, era de 800 mil puestos de trabajo anuales”, recordó. “En su momento se ofreció que este sería el sexenio del empleo”, ahondó el mandatario quintanarroense, con quien surgieron algunas rispideces sobre todo en las últimas giras del primer mandatario federal.

Para Francisco Córdoba Lira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, fue un sexenio de claroscuros. “Es claro, es la estabilidad económica durante cinco años para sortear una crisis tan grande y transcendente, eso habla bien del manejo macroeconómico”, dijo por un lado.

Por el otro, menos amable, criticó la estrategia contra el narcotráfico, “la consideré sin una estrategia integral y sin el apoyo de 32 gobernadores”, manifestó sobre una guerra que dejó más de 60 mil muertos en el sexenio. En tanto, en el ámbito turístico, el ex director de Xel-Ha, resume que hubo cuatro años de incertidumbre, de falta de visión, de compromiso, hasta con el deseo absurdo de desaparecer la Secretaría de Turismo; y dos años de una muy buena gestión de Gloria Guevara, “eso nos permitió volver a poner el mapa político en la visión gubernamental. Lo hizo muy bien, pero en muy poco tiempo, tampoco hay grandes logros si la visión gubernamental sigue siendo cortoplacista y con tan poca visión. En turismo me parece que es un sexenio tirando a lo malo, pero con una buena gestión de Guevara”.

Cristina Alcayaga, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, califica al presidente como un “amigo de Quintana Roo”. Para la empresaria el panista ha sido un asiduo visitante interesado en todo lo que acontece en el estado, “le gusta mucho venir, bucear, llevaba a sus hijos, es un amigo de Quintana Roo. Fue un presidente muy presente en nuestro estado y si quedan proyectos por terminar, ahora le tocará al nuevo presidente hacerlo”, defendió.

Justamente, el diputado priísta Paul Carrillo de Cáceres, criticó la presencia de Calderón por asuntos no precisamente relacionados al trabajo. “Las visitas de Calderón han sido más por un tema vacacional que laboral. No es positivo el balance como presidente”; califica.

Y recuerda la grave afectación para el turismo en el estado durante la Influenza. “Dañó a Quintana Roo y tardamos dos años en recuperarnos parcialmente, fue una alarma excesiva, y muchos trabajadores quedaron sin empleo, muchas empresas quebraron, hoteles tardaron más de un año en recuperar sus ocupaciones y trajo consecuencias que están a la vista de todos, y posterior a esto no tomaron las medidas drásticas que ellos debieron tomar en su momento”.

Emiliano Ramos, presidente estatal del PRD, también se suma a los señalamientos contra la gestión panista. “Dejó como primera herencia la migración de trabajadores del campo de Quintana Roo hacia los Estados Unidos. La migración comenzó a ser también un fenómeno en el estado”, dice.

La mayoría de los actores político-empresariales recordaron que la promesa de ser el sexenio de el empleo, fue uno de los grandes fracasos, no sólo en el empleo formal, sino en el informal. Según datos del INEGI, el 29.14% de la Población Económicamente Activa (PEA) trabajaba en la informalidad. En enero, el INEGI reportó que en el cuarto trimestre de 2011 cerca de 14 millones de personas laboraban en el sector informal.

Material ambiental.

La actual diputada federal del PRD, Graciela Saldaña Fraire, coincide en que Calderón Hinojosa prometió mucho para Quintana Roo y el Sureste, pero se quedó en promesas. Sobre todo en materia ambiental, reseña la maestra en biología y ex directora de ecología, rubro en el que no se cumplieron los objetivos trazados de reforestación, y no se entregaron los recursos para contingencias producto de las sequías. “De plano abandonó a los estados del Norte y Sureste durante las sequías”, dice la representante a la Cámara de la Unión.

Si bien la COP 16 representó millones de dólares de promoción para Cancún, Saldaña Fraire dice que no se hizo nada para bajar la emisión de gases que provocan el efecto invernadero, “mucho menos fue el presidente del empleo”, se queja. “Igualmente prometió que ningún niño de primaria se iba a quedar sin clases con la cobertura universal, lo cual no se cumplió”; acusa.

Como agua entre los dedos. El programa de recuperación de playas que lideró la Federación con un monto de casi mil millones de pesos, en los hechos, es dinero que se fue como agua entre los dedos. La realidad es que las playas vuelven a desaparecer sin que en su momento la Federación haya dado a conocer el mantenimiento para retener la inversión que endeudó principalmente a los municipios de Benito Juárez, con 230 millones y Solidaridad con otros 100.

Aunque el gobierno fue un promotor de las áreas protegidas, en el proyecto conocido como Malecón Cancún desaparecieron varias hectáreas de manglar, y en el mismo acto de su puesta en marcha, fue corrido públicamente Rafael Muñoz Berzunza, recientemente nombrado como subsecretario de Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en el gobierno del estado de Quintana Roo.

El Programa Especial de Cambio Climático contemplaba medidas para promover energías alternativas, “pretendemos llegar a dos mil 500 megawatts de energía eólica; contempla medidas de transformación industrial”. Sin embargo, a meses de su salida, por ejemplo, la misma dependencia federal tuvo que dar marcha atrás al parque eólico en Cozumel por presentar inconsistencias y posibles afectaciones a la fauna y la flora de la isla de las golondrinas; justamente allí, donde el saliente mandatario supo relajarse del estrés del puesto para bucear en las profundidades entre peces de colores y arrecifes.

Empresarios de Tulúm denunciaron que desde la PROFEPA, a cargo del ex gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, se hostigó a hoteleros en un conflicto que no ha sido resuelto por la tenencia de las tierras. Era el 11 de diciembre de 2009 cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales restableció la clausura total temporal impuesta en julio del 2008 al Hotel Diamante K, predio asentado en un lote de la carretera costera Tulum-Ruinas-Boca Paila, en Quintana Roo.

A esto se sumó el conflicto por el número de cuartos de la Zona Hotelera de Cancún. La autoridad federal argumentaba que no era factible seguir construyendo porque se violaba la normatividad; sin embargo, el conteo que avaló la Universidad del Caribe desacreditó a la Federación cuando concluyó que existen 28 mil 225 cuartos hoteleros y condominales operando, construidos y autorizados y en proceso de iniciar obras.

Recientemente instalada en el Senado de la República, la perredista Luz María Beristaín opina que más allá de las obras, que son importantes, o las polémicas, los rezagos más graves que deja el gobierno son los sociales. Afirma que si bien hubo un aporte en varios sentidos, Quintana Roo por su dinámica de crecimiento necesita un mayor esfuerzo, tanto en salud, vivienda y generación de empleo, “necesitamos estructura básica de los trabajadores que laboran en la Zona Hotelera y que no se den esos contrastes tan dramáticos de opulencia y máxima pobreza, que ha llevado a que muchos jóvenes se suiciden en Quintana Roo ante la falta de sentido de la realidad”, dice.

“Si hubiera aplicado el presupuesto de una mejor manera para la prevención de los delitos, no hubiese sido necesario llenar las calles de militares, sino invertir en desarrollo humano, social, esa es la manera como nos hubiera gustado que gobernara”, concluye.

Más de 13 millones de personas laboran en condiciones precarias

Desde enero de 2007 se han registrado más de 2 millones 245 mil nuevos empleos en el Seguro Social, el segundo periodo de generación más alta de empleos. Enuncia en su último informe Calderón.

Sin embargo, de diciembre de 2006 a julio de 2011, se generaron 751 mil puestos de trabajo permanentes, nada si se compara con la expectativa de crear 1.3 millones fuentes de empleo anuales.

Según la OCDE el desempleo en México continuará durante 2012 en niveles superiores al 5%. Esto significa que el número de personas sin trabajo en México rondará en unos 2.5 millones.

En México laboran unos 13 millones de personas en condiciones precarias, sin seguridad social, ni salarios fijos, que si se suman a los 2.5 millones de desempleados y los 4 millones de subocupados –personas que declararon tener la necesidad y disponibilidad de laborar horas extras–; en el país hay unos 19 millones de mexicanos trabajando en condiciones negativas. Contra los 15.7 millones de personas que laboran en la formalidad.

Calderón presumió que durante su administración se crearon 2 millones de plazas formales. No obstante, los especialistas y el sector empresarial aseguran que México debe crear, por lo menos, un millón de puestos laborales al año para satisfacer la demanda de empleo.