Francisco Velasco Zapata
El sensacionalismo, notas amarillas y rojas son la variable común de muchas ediciones de diarios y revistas en nuestros días. La última década mexicana ha sido rica en esta materia. En todos, o casi todos, los que se han vuelto escándalos políticos o personales permean los signos de la sentencia de Voltaire: “calumnia que algo queda”. El área donde más inciden este tipo de fenómenos es en las campañas políticas. Se trata de operativos puestos en marcha por los distintos actores políticos que luchan por el poder en una entidad, un distrito, un municipio o la presidencia del país.
Para el mejor logro de sus propósitos acuden a las denominadas campañas “negativas” que se han vuelto la variable común en cada proceso electoral. Este tipo de campaña es uno de los temas más controvertidos de la ciencia política y del ejercicio que tienen a su cargo las autoridades electorales en virtud de sus implicaciones legales, éticas y morales. En ellas, generalmente, se acude a la calumnia, las verdades o mentiras a medias, la incursión en la vida privada de las personas ajenas a los temas políticos, lamentablemente, con mucho éxito, la mayoría de las veces.
No hay nada, ni nadie, que justifique legal o éticamente el uso y abuso de la mentira, la calumnia o la injuria en la lucha por el poder, en las campañas político electorales; sin embargo, se ha descubierto y probado que entre menos capacidades y recursos tenga un partido y sus candidatos es más frecuente que los mismos acudan al uso de estos mecanismos “meta legales” para verse menos mal y hacer que sus oponentes parezcan peores que ellos.
El recurso de la campaña negativa es utilizado por partidos y candidatos sin escrúpulos a fin de desviar la atención pública lejos de los asuntos que impliquen una amenaza a sus intereses o los ponga en aprietos. Esto no niega que un candidato o partido perdedor obtenga resultados negativos como consecuencia de múltiples factores ajenos a su actuación, o por un conjunto sucesivo de errores de su campaña y no por los golpes de sus adversarios. Incluso, algunos analistas políticos consideran que la mayoría de las heridas son autoinfligidas.
Exponer los aspectos más desfavorables y cuestionables del historial del adversario se ha vuelto una parte determinante de la contienda electoral, lo mismo que exaltar las virtudes propias. Los mensajes de campaña y la propaganda que pueden parecer positivos, por ejemplo, con frecuencia están hechos para dar mayor énfasis a los defectos o errores del contendiente. En el fondo, según especialistas de la materia, el problema no está en respetar o no respetar la ley, en hacer o no campaña negativa, sino decidir en que extensión se atacará abiertamente a los adversarios y en cómo hacerlo -sin que la autoridad electoral y la ciudadanía lo perciban- e, incluso, saber responder a esta cuando se sufra en carne propia. Jean Marie Domenach afirma en su libro “La propaganda política” que desde 1791 la propaganda ha permitido que la ideología se una a las armas en la conducción de las guerras, donde la propaganda se convierte en auxiliar de la estrategia cuando se trata de crear cohesión y entusiasmo en el bando propio y el desorden y el miedo en el enemigo. (Domenach: 2005/ pp. 16-22).
Así es como observamos la publicación de notas amarillistas, sensasionalistas, que uno y otro día aparecen en nuestro país para enaltecer o degradar figuras públicas o privadas. No tenemos ninguna duda que están apareciendo con el propósito de incidir en los procesos electorales de 2010. De hecho, consideramos que es una batalla que apenas empieza y habrá mucho de que hablar. No obstante, me parece que ya es hora de que pasemos de la rumorología, la calumnia y la insidia a la verdad objetiva, legal. Es hora de que dejemos de lado las publicaciones propagandísticas. Es la hora de que transitemos a la integración de averiguaciones previas o demandas formales para que se hagan investigaciones serias, sobre todo cuando los asuntos tengan que ver con el prestigio o desprestigio de figuras públicas que administran cuantiosos recursos fiscales que pagamos los ciudadanos. Los ciudadanos queremos que se presenten pruebas ante los órganos legales correspondientes para que se exonere a inocentes o se castigue a culpables. Queremos que haya transparencia y rendición de cuentas. Que se acabe la impunidad. Eso sí contribuiría al desarrollo de la democracia y el Estado de Derecho. ¿Y usted, cómo la ve? Politólogo.
El sensacionalismo, notas amarillas y rojas son la variable común de muchas ediciones de diarios y revistas en nuestros días. La última década mexicana ha sido rica en esta materia. En todos, o casi todos, los que se han vuelto escándalos políticos o personales permean los signos de la sentencia de Voltaire: “calumnia que algo queda”. El área donde más inciden este tipo de fenómenos es en las campañas políticas. Se trata de operativos puestos en marcha por los distintos actores políticos que luchan por el poder en una entidad, un distrito, un municipio o la presidencia del país.
Para el mejor logro de sus propósitos acuden a las denominadas campañas “negativas” que se han vuelto la variable común en cada proceso electoral. Este tipo de campaña es uno de los temas más controvertidos de la ciencia política y del ejercicio que tienen a su cargo las autoridades electorales en virtud de sus implicaciones legales, éticas y morales. En ellas, generalmente, se acude a la calumnia, las verdades o mentiras a medias, la incursión en la vida privada de las personas ajenas a los temas políticos, lamentablemente, con mucho éxito, la mayoría de las veces.
No hay nada, ni nadie, que justifique legal o éticamente el uso y abuso de la mentira, la calumnia o la injuria en la lucha por el poder, en las campañas político electorales; sin embargo, se ha descubierto y probado que entre menos capacidades y recursos tenga un partido y sus candidatos es más frecuente que los mismos acudan al uso de estos mecanismos “meta legales” para verse menos mal y hacer que sus oponentes parezcan peores que ellos.
El recurso de la campaña negativa es utilizado por partidos y candidatos sin escrúpulos a fin de desviar la atención pública lejos de los asuntos que impliquen una amenaza a sus intereses o los ponga en aprietos. Esto no niega que un candidato o partido perdedor obtenga resultados negativos como consecuencia de múltiples factores ajenos a su actuación, o por un conjunto sucesivo de errores de su campaña y no por los golpes de sus adversarios. Incluso, algunos analistas políticos consideran que la mayoría de las heridas son autoinfligidas.
Exponer los aspectos más desfavorables y cuestionables del historial del adversario se ha vuelto una parte determinante de la contienda electoral, lo mismo que exaltar las virtudes propias. Los mensajes de campaña y la propaganda que pueden parecer positivos, por ejemplo, con frecuencia están hechos para dar mayor énfasis a los defectos o errores del contendiente. En el fondo, según especialistas de la materia, el problema no está en respetar o no respetar la ley, en hacer o no campaña negativa, sino decidir en que extensión se atacará abiertamente a los adversarios y en cómo hacerlo -sin que la autoridad electoral y la ciudadanía lo perciban- e, incluso, saber responder a esta cuando se sufra en carne propia. Jean Marie Domenach afirma en su libro “La propaganda política” que desde 1791 la propaganda ha permitido que la ideología se una a las armas en la conducción de las guerras, donde la propaganda se convierte en auxiliar de la estrategia cuando se trata de crear cohesión y entusiasmo en el bando propio y el desorden y el miedo en el enemigo. (Domenach: 2005/ pp. 16-22).
Así es como observamos la publicación de notas amarillistas, sensasionalistas, que uno y otro día aparecen en nuestro país para enaltecer o degradar figuras públicas o privadas. No tenemos ninguna duda que están apareciendo con el propósito de incidir en los procesos electorales de 2010. De hecho, consideramos que es una batalla que apenas empieza y habrá mucho de que hablar. No obstante, me parece que ya es hora de que pasemos de la rumorología, la calumnia y la insidia a la verdad objetiva, legal. Es hora de que dejemos de lado las publicaciones propagandísticas. Es la hora de que transitemos a la integración de averiguaciones previas o demandas formales para que se hagan investigaciones serias, sobre todo cuando los asuntos tengan que ver con el prestigio o desprestigio de figuras públicas que administran cuantiosos recursos fiscales que pagamos los ciudadanos. Los ciudadanos queremos que se presenten pruebas ante los órganos legales correspondientes para que se exonere a inocentes o se castigue a culpables. Queremos que haya transparencia y rendición de cuentas. Que se acabe la impunidad. Eso sí contribuiría al desarrollo de la democracia y el Estado de Derecho. ¿Y usted, cómo la ve? Politólogo.
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