- Ponemos a su disposición la opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del CONACYT, Ernesto Villanueva
México. D. F., a 5 de septiembre de 2011.- El 5º Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón pone de relieve o que todos los mexicanos estamos equivocados de lo que ha pasado en estos cinco años de gobierno o el Presidente Calderón tiene datos de los que los ciudadanos carecemos. Existen, por supuesto, elementos que me permiten afirmar lo anterior. Veamos algunos ejemplos por lo que concierne a Estado de derecho y seguridad.
Primero. El Presidente Calderón expone uno de los principales objetivos de su gobierno: “En estos cinco años, el Gobierno Federal ha enfrentado con determinación una lucha por la seguridad, con el objetivo de lograr una seguridad auténtica y duradera para las familias mexicanas; refrendar a México como un país de leyes y de instituciones; y de garantizar una convivencia ordenada y tranquila en todo el país”. El propósito es plausible. Estoy seguro que muchos podríamos suscribir el ánimo que dice tener el titular del Ejecutivo Federal. El gran problema es que los resultados logrados son inversamente proporcionales a los propósitos buscados. De acuerdo a la muy reciente encuesta de Cultura Constitucional 2011 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dirigida por la Mtra. Julia Flores (http://www. juridicas.unam.mx/invest /areas /opinion/doc /Encuesta Constitucionpdf) el 68 por ciento de los mexicanos ven la situación como preocupante y/o peligrosa. Por el contrario, sólo el 1.3 por ciento ven las cosas mejor que antes. La encuesta de Parametría sobre el 5º Informe de Gobierno sostiene que el 42 por ciento de los mexicanos consideran que el Gobierno de Calderón ha hecho mal o muy mal sus labores de combate a la delincuencia y el 53 por ciento considera que está peor que antes. Lo anterior pone de relieve la enorme distancia entre la “convivencia pacífica y ordenada” que buscó el presidente Calderón y las percepciones de la comunidad.
Segundo. El presidente Calderón en su informe ofrece como medidas de solución la generación de decenas de acuerdos y reglamentos en materia de procuración de justicia y seguridad pública. No aporta elementos que permitan validar metodológicamente cómo la inflación normativa se traduce en eficacia y mejora para la sociedad. Como ayuda de memoria habría que recordar que de las 346 mil leyes que existen en el mundo de acuerdo a datos de la ONU, más del 70% corresponden a países en vías de desarrollo cuyos niveles de corrupción e impunidad son altos, como lo refleja cada año el reporte de la OCDE o de Transparencia Internacional. Esto significa que es falsa o por lo menos altamente cuestionable la hipótesis de que a mayor número de leyes mayor observancia en su cumplimiento. Informa el presidente cifras estadísticas- tampoco validadas- de cómo aparentemente el país va muy bien con niveles de cumplimiento de las labores de procuración de justicia. El conocido ”michoacanazo” o la detención arbitraria de Jorge Hank Rhon, quien fue liberado por falta de méritos por dos juzgadores federales, genera suspicacias razonables de que la procuración de justicia sea imparcial; antes bien, hace pensar que está al servicio de la política y mal.
Tercero. El presidente informa cómo se ha incrementado sustancialmente el presupuesto federal para labores de procuración de justicia y seguridad. Entre el 2007 y el 2011 el presupuesto de seguridad aumentó más del 120 por ciento. Ese incremento paradójicamente ha venido acompañado por un incremento similar en la percepción de inseguridad creciente de la comunidad mexicana. En otras palabras, lo que el presidente afirma es que cada vez cuesta más hacer menos y no al contrario, como sería lógico que se plasmara en un informe de gobierno. La ausencia de resultados ha llegado a que el gobierno subsuma; es decir, limite la noción de incremento de certeza jurídica fundamentalmente con datos sobre propiedad intelectual. No es cosa menor, por supuesto. Pero a la sociedad le preocupa más que quien infringe la ley sea sancionado en los rubros que más lastiman a la población como la afectación de su integridad y de su patrimonio. Si la propiedad intelectual fue utilizada como ejemplo es, con toda seguridad, porque no se tenían a la mano resultados vinculados a la solución de las preocupaciones más recurrentes de los mexicanos. Lo absurdo fue ejemplificar con 15 reuniones la voluntad de escuchar del gobierno de Calderón de los grandes problemas nacionales. Valga decir que cualquier gobernador tiene al menos más de 100 veces esa cifra para los mismos propósitos. Y en materia de transparencia y rendición de cuentas de plano confunden conceptos, no establecen objetivos logrados sólo una serie inconexa de actividades sin impacto en la sociedad. En fin vamos mal y no hay señales de que las cosas puedan cambiar para mal de todos.
evillanueva99@yahoo.com
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