Reportaje

Al banquillo de los acusados por 162 mdp

• En los próximos días, la Contraloría del municipio de Benito Juárez llamará a comparecer a ex funcionarios que tuvieron responsabilidad en el manejo de los 162 millones que hoy están desaparecidos

Por: Hugo David Pérez y Juan Manuel Coronel

Cancún, Q. Roo.- La desaparición de 162 millones de pesos etiquetados para obras de pavimentación y la creciente aparición de baches por todas las calles de Cancún, tienen al gobierno municipal metido en un círculo vicioso del que no será fácil salir.

Del silencio y hasta del ocultamiento inicial de ese faltante, el gobierno que encabeza Julián Ricalde Magaña se vio obligado a pasar a la acción, y la semana pasada anunció que en los próximos días la Contraloría Municipal llamará a comparecer a 10 ex funcionarios, después de la resolución de la Auditoría Superior Gubernamental, que tuvieron responsabilidad en el manejo de estos recursos públicos con el fin de deslindar responsabilidades.

Aunque oficialmente no se dio a conocer la lista, se filtró la información de que entre los comparecientes estarán los ex munícipes Gregorio Sánchez Martínez, Latifa Muza Simón, Jaime Hernández Zaragoza y el propio Ricalde Magaña, quien en la anterior administración fungió como titular de la Secretaría de Obras Públicas.

Los otros ex funcionarios que deberán rendir cuenta son Carlos Trigo Perdomo, Antonio Jiménez García y Jaime Zetina González, quienes fungieron como tesoreros cuando supuestamente desapareció el dinero.

Tanto el actual tesorero, Leonel Sauri Galué, como la síndico municipal, María Guadalupe Leal Uc, coinciden en que esto es sólo el principio de las investigaciones y estiman que éstas puede durar cerca de tres meses para dar con los responsables del desfalco millonario.

Las huellas del dinero

El problema de los baches y la falta de recursos han sido cíclicos en Cancún. A finales de 2006, durante el gobierno de Francisco Alor Quezada, fue declarada una contingencia vial en Benito Juárez por el grave deterioro en que se encontraban las calles y, en ese entonces, se anunció una inversión de 30 millones de pesos que nada resolvieron.

Hoy, los expertos señalan que el rezago histórico en pavimentación es de cerca de 2 mil millones de pesos en obra pública, lo que equivale al presupuesto anual completo de Benito Juárez – que en 2010 fue de casi 2 mil 300 millones.

Antonio Terrazas Lara, director de Obras Públicas del municipio, reconoce que hay regiones completas que ya no ameritan ni siquiera el bacheo, pues se encuentran tan deterioradas que requieren una repavimentación total. “Sería difícil calcular cuánta mezcla asfáltica se necesitaría”, apunta.

Y es que, por más que las autoridades intentan cuantificar el daño causado al pavimento por las inclemencias naturales, los habitantes responsabilizan a los respectivos gobiernos municipales por su falta de interés para mitigar este problema que año con año se agrava cada vez más.

Justamente, el crédito de 229 millones de pesos que el Congreso del Estado autorizó en septiembre de 2009, era para inversión de obra pública exclusivamente. De acuerdo al proyecto original, se pretendía rehabilitar las calles en 40 regiones de Cancún, además de la pavimentación, guarniciones, banquetas y alumbrado público en las avenidas Leona Vicario, Niños Héroes, Industrial y Zona Centro, con lo cual se iba a beneficiar a más de 800 mil habitantes.

Según Terrazas Lara, de haberse aplicado en su totalidad el empréstito, el avance en pavimentación hubiera sido significativo. “Cada administración tiene el dinero fijo corriente que le da la Federación, nosotros tuvimos un poco más de 200 millones que ejercimos este 2011; los 229 millones de pesos del empréstito del 2010 no eran parte de un presupuesto, era un además”, admite.

Con base en un diagnóstico, el funcionario señala que al menos el 25 por ciento de las vialidades del municipio benitojuarense no cuentan ni siquiera con caminos de terracería. “Hasta un peso mal aplicado o perdido, significa un bache. Para darnos una idea, en esta administración con 220 millones estamos haciendo arriba de 700 mil metros cuadrados de concreto hidráulico y nueve parques, imagínate o que se pudo hacer con los recursos perdidos”, refiere.

En cuanto al empréstito de los 229 millones de pesos – de los cuales 162 millones están desparecidos–, dice que existen algunas obras que se iniciaron pero no se finiquitó el pago y se abandonaron. Cita el caso de un contrato con Cemex, empresa regiomontana a la cual se le concedieron las obras de tres avenidas importantes, en proceso de entrega. “En la avenida Fonatur le faltan algunas luminarias eléctricas, algunos detalles que se le están corrigiendo”, comenta.

En idéntica situación está el caso del Centro de Sanciones Administrativas, en el que tuvieron que hacer algunas modificaciones, pero es una obra que está en proceso de finiquito. “Se han estado pagando estimaciones hasta el mes de abril. En el caso de Cemex, se están atendiendo las observaciones, y se le está preparando su finiquito”, dice Terrazas.

Después de las lluvias de la reciente tormenta tropical “Rina”, las calles y avenidas de Cancún colapsaron. Ahora, el gobierno municipal intenta solucionar el problema con 3 millones de pesos que abarcarán sólo las calles del centro y las avenidas principales. Aunque se anunció que se buscan captar recursos por la cantidad de 17 millones de pesos para aplicarlos hasta diciembre.

Obligado por las circunstancias

Fue hasta el pasado domingo 6 de noviembre cuando el gobierno del Ayuntamiento de Benito Juárez decidió romper el silencio y lanzó su primera aclaratoria sobre el paradero de los recursos del empréstito de 229 millones de pesos 656 mil 192 pesos.

En su informe destaca que gran parte de este capital fue utilizado en gasto corriente. De acuerdo con los registros contables exhibidos por el propio gobierno municipal, el dinero ingresó el 14 de abril de 2010 a través de la cuenta Banorte 0638275250 y el 30 de abril, de forma irregular, los recursos fueron transferidos a otra cuenta del banco HSBC.

En su edición 427, Luces del Siglo publicó el estado de cuenta de Banorte el cual indica que hasta el 13 de mayo de 2010 los recursos aún seguían ahí. Inclusive, el crédito había generado intereses dejando la cifra en cerca de 239 millones.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la Contraloría hubiera errado en esta información, el secretario de Gobierno, Eduardo Galaviz Ibarra, asegura que lo presentado no es el resultado definitivo de la investigación. “Puede haber una contrariedad en los tiempos, lo que se hizo fue dar información porque había muchos rumores, por eso se pidió a la contraloría un reporte. No significa que con esto se agote el tema, sigue la investigación y sobre todo la petición al órgano superior de fiscalización para que nos mande copias certificadas de los documentos para que podamos hacer las aclaraciones y, en dado caso, las denuncias”, reconoció.

El comunicado oficial de la Comuna señala que parte del dinero fue utilizado para pagar un adelanto a cada una de las empresas ganadoras de la licitación de las obras. Y hasta el pasado 9 de abril de 2011, el reporte indica que se tenían contratadas 14 de las 15 obras, las cuales representaron un gasto total de 60 millones 722 mil 863 pesos.

Después de esta aclaración, el presidente Julián Ricalde Magaña aseguró que algunas de las empresas responsables obtuvieron un anticipo de 30 por ciento mientras que otras recibieron el pago en un 100 por ciento y las obras hoy están inconclusas.

El munícipe admitió que el dinero desapareció cuando Gregorio Sánchez Martínez ya no estaba al frente de la administración municipal, pero insistió en que eso no exime a su antecesor de la serie de mecanismos que se adoptaron para realizar las licitaciones y entregar el dinero.

Luego de que el Ayuntamiento adelantó casi 60 millones de pesos a las empresas constructoras, en la cuenta debían quedar 162 millones 560 mil 328 pesos. Sin embargo, el 10 de abril de 2011, al realizarse el proceso de entrega-recepción entre la administración anterior y la actual, el tesorero municipal entrante, Joel Sauri Galué, informó en su momento que no encontró evidencia de la existencia de los recursos.

Respecto al arqueo que se realizó hacia la cuenta HSBC 4041784919 a cargo de la Contraloría Municipal, se determinó que el saldo que se encontraba en la referida cuenta al día 9 de abril de 2011, correspondía a ingresos por concepto de pago del impuesto predial 2011. Es decir, no se hallaron recursos del crédito.

Según datos del ayuntamiento, Construcpecsa S.A. de C.V. fue contratada por siete obras con un monto total de 92 millones 924 mil 667 pesos, de los cuales recibió un anticipo de 31 millones 279 mil 727. Esta empresa que durante la administración de Gregorio Sánchez fue generosamente beneficiada, es propiedad de su compadre y amigo, Pedro Salinas García.

En respuesta, en una entrevista para Radio Ayuntamiento, “Greg” aseguró que el proceso de licitación fue conforme a la ley y negó el manejo de esos fondos dado que se encontraba de licencia para competir por la gubernatura. El desenlace de estas acusaciones se sabrá en las próximas semanas cuando Sánchez Martínez acuda a comparecer.

Trabajan sin recursos.

“Tener recursos es la diferencia entre calles deterioradas y calles con obra pública digna para una ciudad turística como Cancún”, asegura Jorge Aguilar Osorio, titular de Servicios Públicos de Benito Juárez. Es así que la dependencia solicitará un presupuesto de 350 millones de pesos para el siguiente año, aunque está consciente de que hay pocas posibilidades de obtenerlo.

Servicios Públicos, añade el funcionario, ha trabajado con un capital de 30 millones para llevar a cabo las obras de micropavimentación que se han realizado en seis meses; por eso se está pidiendo a las empresas que inviertan en las obras con el riesgo de no recibir el pago hasta diciembre.

De los 17 millones de pesos que se necesitan para pagar, sólo se han conseguido cuatro. “Básicamente sin recursos estamos haciendo el trabajo”, declara el titular de la dependencia municipal. Aguilar Osorio refiere que no tiene conocimiento sobre el desfalco de los 230 millones, pero considera que apenas con 200 millones de pesos podrían repavimentar con concreto hidráulico un número mayor a las 20 regiones que han realizado este año. “El dinero puede estar, el problema es que se transforme en calles”, concluye.