- Son utilizados como auxiliares en seguridad pública y conservación del patrimonio e integridad física de particulares.
Toluca, Estado de México.- La iniciativa de Ley de Medios
Tecnológicos de Seguridad Pública del Estado de México, tiene por objeto
regular la operación de los medios tecnológicos de seguridad pública, para el
mantenimiento del orden, tranquilidad y seguridad de la ciudadanía en la
entidad; así como prevenir y atender situaciones de desastre, tanto natural
como el producido por los humanos, afirmó el diputado Adrián Juárez Jiménez.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, en tribuna, expuso que las tecnologías de la información como la videovigilancia,
detección de metales, gases, estudios de morfología humana, detección de
sustancias tóxicas o de agentes infecto-contagiosos, radiofrecuencias, lectura
de huellas, iris, identificación de rostro, entre otras, son utilizadas en
mayor medida como auxiliares en la seguridad pública y en la conservación del
patrimonio e integridad física de los particulares.
Por ello, Juárez Jiménez resaltó que el Estado no puede
renunciar al empleo de éstas, salvo que resultaran atentatorias de derechos
humanos o denigrantes para las personas, sin embargo, los legisladores deben
armonizar la función de seguridad pública con la protección de datos personales
de la ciudadanía, de forma que dichos derechos no se contrapongan, sino que se
complementen.
“Los diputados panistas, estamos a favor de que las
instituciones encargadas de la seguridad pública, cuenten con elementos cada
día más avanzados para hacer frente al problema de la delincuencia, ahorrando
recursos y eficientando la vigilancia del orden público y la prevención de
desastres naturales o humanos”, agregó.
Finalmente, Adrián Juárez manifestó que la iniciativa
contempla imponer disposiciones relativas a la colocación de dichos medios
tecnológicos, su conservación y utilización exclusiva para fines de seguridad
pública y prevención de desastres; su registro; la posibilidad de que los
particulares los instalen en lugares públicos de sus inmuebles, vinculados a
una central de seguridad ya sea estatal o municipal; la confidencialidad de
datos personales; su utilización para fines del proceso penal o administrativo.