- En sesión del Noveno Periodo Extraordinario se aprobaron las iniciativas del Grupo Parlamentario del PAN que modifican los códigos Penal y de Procedimientos Penales.
- Además, se avalaron dos iniciativas del Ejecutivo mexiquense en materia de transporte público y salarios caídos de servidores con condena dictada en sentencia.
Toluca de Lerdo, Méx.- Por considerar que en la esfera de la
procuración de justicia los niños merecen mayor consideración en la legislación
procesal penal, a fin de otorgarles una mejor y amplia protección en sus
derechos, en su persona y en su desarrollo, la LVIII Legislatura estatal avaló
el dictamen a la iniciativa de la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes
(PAN), que reforma el Código de Procedimientos Penales.
De acuerdo con el dictamen aprobado por las Comisiones
Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y
Administración de Justicia, la victimización de menores puede afectar la
formación de la personalidad e impactar en su salud mental, por lo que es
necesario dotar a los juzgadores de una herramienta que les facilite ejercer
sus funciones, respetando los derechos básicos de las niñas, niños y
adolescentes, reconociéndoles su personalidad jurídica con la capacidad para
gozar y ejercer los derechos que les son propios debido al estado de desarrollo
en que se encuentran.
Las modificaciones establecen, entre otras medidas, fijar su interés superior en un proceso en
que se ven involucrados menores con una sola comparecencia para declaración
ministerial y desahogo de pruebas, calificar como urgentes estos casos,
video-grabar la denuncia que presente ante la presencia exclusiva del
representante legal y/o persona de confianza del menor y del agente del
Ministerio Público, quien deberá estar capacitado en la atención de menores,
así como procurar en todas las etapas del proceso que no se encuentre con el
victimario.
Respecto a la iniciativa de su compañero Alonso Adrián
Juárez Jiménez, avalada por las mismas comisiones, que reforma el Código Penal
en su artículo 218, asienta que al integrante de un núcleo familiar que haga
uso de violencia física o moral en contra de otro integrante de ese núcleo
mayor de 60 años, se le impondrán las penas ya previstas en dicho ordenamiento
(De dos a cinco años de prisión, de 100 a 500 días multa y tratamiento
psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo).
GARANTIZAR SEGURIDAD DE USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
El Pleno dio su aval al dictamen a la propuesta del
gobernador Eruviel Ávila Villegas para garantizar la seguridad de las personas
del sexo femenino y la de sus menores acompañantes, que tienen necesidad de
usar el servicio público de pasajeros en sus diferentes modalidades,
especialmente el transporte rosa.
Presentada en tribuna por la legisladora María Teresa Garza
Martínez (Verde Ecologista), establece una multa de 500 a dos mil veces el
salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate al momento
de cometer la infracción, a quien preste el servicio público de transporte sin
la concesión o permiso correspondiente o sin la cromática respectiva para los
concesionarios, y que la misma sea reproducida y utilizada por vehículos no
concesionados.
Agrega que, quien preste el servicio público de transporte
de pasajeros sin concesión, permiso o autorización correspondiente, recibirá de
uno a cinco años de prisión y de 30 a 150 días multa, y suspensión por un año
del derecho de manejar. El dictamen correspondiente también fue elaborado por
las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración
y Administración de Justicia.
La Soberanía también determinó por unanimidad modificar la
Ley de Seguridad para consignar en 12 meses como máximo el pago de haberes,
sueldos o salarios caídos o dejados de percibir por el tiempo que un servidor
público tutelado por este ordenamiento haya estado suspendido, separado o
removido del cargo como consecuencia de una condena dictada en sentencia.