Teotihuacán, México.
Con el propósito de establecer las normas básicas y los
instrumentos para plantear y regular el ordenamiento territorial, los
asentamientos humanos y el desarrollo urbano de la entidad, con base en la
coordinación entre estado y municipios para el diseño de programas y políticas
públicas en la materia, el diputado Reynaldo Navarro de Alba (PRI) planteó
reformas a los códigos Administrativo y Financiero del Estado de México.
En la zona arqueológica de Teotihuacán, declarada recinto
oficial de la más reciente sesión de la 59 Legislatura mexiquense, el también
secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano, propuso redefinir la tipología
de la vivienda, de tal manera que aquellos conjuntos habitacionales que hoy
pasan por residenciales sin alcanzar los requisitos, se conviertan en conjuntos
de vivienda popular progresiva.
De acuerdo con el legislador, en la entidad la ocupación del
territorio con fines urbanos, incluido el suelo sujeto al régimen ejidal y
comunal, requiere este nuevo marco legal que respete el derecho de las
personas, que sea amigable con el ambiente y considere la escasez de los
recursos hídricos.
Agregó que esta necesidad deriva del progresivo crecimiento
de las urbes, pues México ha pasado de ser un país predominantemente rural a
uno urbano, toda vez que en 1950 la población urbana era 29 por ciento del
total, en 1980 pasó a más de 60 por ciento y hoy ocupa cerca de 85 por ciento,
aunado a que la entidad mexiquense forma parte de la Zona Metropolitana del
Valle de México, donde habitan más de 20 millones de personas, de acuerdo con
el censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La iniciativa, turnada a las comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales y de Desarrollo Urbano para su dictamen, explica que se
trata además de armonizar las disposiciones en la materia del Código
Administrativo, particularmente el Libro Quinto denominado “del Ordenamiento
Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros
de Población”, con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, aprobada en 2016 por el Congreso de la Unión.
Esta ley, abundó, establece un nuevo modelo urbano,
incluyente, descentralizado, colaborativo y flexible que reenfoca los esfuerzos
gubernamentales para garantizar que los espacios públicos permitan la evolución
de las ciudades privilegiando la participación social y el respeto a los
derechos humanos.
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