Ciudad de México, a 6 de agosto de 2020.- Las organizaciones
firmantes expresan su profunda preocupación por la situación de libertad de
expresión y ataques contra la prensa en el estado de Guerrero y le solicitan
acciones urgentes para proteger la vida de periodistas en Iguala.
En el estado de Guerrero, en la zona que comprenden los
municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco existe una permanente disputa entre
grupos de la delincuencia organizada por el control de esa zona. En medio de
esa lucha se presiona y amenaza a periodistas para que digan o dejen de decir
cosas de acuerdo con los intereses de dichos grupos.
Se tiene conocimiento que desde inicios de este año decenas
de periodistas han recibido amenazas contra su integridad y las de su familia,
provocando autocensura, miedo e incluso desplazamientos. El 17 de marzo se
publicó un video en Facebook en el cual se ve a un grupo de personas
encapuchadas portando armas largas. En el video se amenaza a toda la prensa de
Iguala. Entre las y los comunicadores amenazados se mencionó al director del
medio PM Noticias, Pablo Morrugares.
Ante la falta de reacción de su gobierno frente a esta
situación, la violencia contra la prensa se agravó aún más. El pasado 2 de
agosto Morrugares y su escolta fueron asesinados por un grupo de sujetos
armados.Horas antes del crimen el periodista realizó una trasmisión en vivo en
la página de Facebook de PM Noticiasdonde hizo comentarios referentes a la
presencia de grupos de la delincuencia organizada y los vínculos existentes entre
estos y la policía. Morrugares era beneficiario del Mecanismo de protección de
personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Dos días después del asesinato de Morrugares, también en
Iguala, las instalaciones del Diario de Iguala fueron atacadas con armas de
fuego. Los hechos ocurrieron a plena luz del día. En ese inmueble se maquilan
cuatro periódicos: El diario de Iguala, el diario de Taxco, Redes del sur y
Diario de la Tarde de Iguala.
Durante su gobierno han sido asesinados 6 periodistas, sumando
16 desde 2005. Hasta la fecha ninguno de estos hechos se ha esclarecido ni hay
ningún responsable condenado.[1]
En 2019, ARTICLE 19 ubicó a Guerrero como la entidad más
peligrosa para ejercer el periodismo en México. En los últimos 10 años, dicha
organización documentó 280 ataques contra la prensa en la entidad. Estas
agresiones incluyen amenazas de muerte y de desaparición, privación ilegal de
la libertad, campañas de desprestigio, desplazamiento interno forzado,
intimidación con armas de fuego por parte de policías, allanamientos y robos de
equipo, ataques físicos y asesinatos.
Se necesita la implementación de acciones contundentes que
garanticen justicia y la no repetición de crímenes contra la libertad de
expresión para garantizar el pleno ejercicio de la labor periodística, la cual
es esencial para el fortalecimiento de la democracia.
La crisis de violencia que atraviesa Guerrero solo podrá
enfrentarse en la medida en que la ciudadanía cuente con acceso a diversas
fuentes de información y hasta que la prensa pueda expresarse libremente y sin
temor a represalias sobre los hechos de relevancia pública que suceden en el
estado. Es su responsabilidad como gobernador garantizar estas condiciones
antes de que más periodistas sigan perdiendo la vida.
Por lo anterior, nos dirigimos a usted para solicitar con la
mayor urgencia que su gobierno tome medidas para salvaguardar la vida e
integridad de quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión en Iguala y
en todo Guerrero, considerando como mínimo:
Reconocer públicamente la importancia de la labor de la
prensa en la entidad, así como el rechazo público a todos los ataques contra
periodistas.
Desde un esquema preventivo, coordinarse con autoridades
locales, Fiscalía General del Estado de Guerrero, Secretaría de Gobierno del
Estado de Guerrero; en conjunto con la 3era Unidad del Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de
Gobernación para implementar acciones que reviertan las causas que generan las
agresiones e implementar planes de protección integral para las y los
periodistas.
Solicite la intervención de la Fiscalía General de la
República a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para atender los
contextos de macrocriminalidad contra periodistas.
Es deber del estado asegurar a las víctimas una reparación
del daño integral, toda vez que, por omisión u acción, su gobierno no ha sido
contundente en el combate a la impunidad y violencia contra la prensa.
[1] Francisco Pacheco (25-04-2016); Cecilio Pineda
-03-2017); Pamela Montenegro (05-02-2018); Gabriel Soriano Kuri (24-10-2018);
Edgar Alberto Nava López (02-08-2019)
Firmantes:
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
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