viernes, 14 de agosto de 2020

Organizaciones exigen a gobierno de Guerrero acciones urgentes para proteger a periodistas


Ciudad de México, a 6 de agosto de 2020.- Las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación por la situación de libertad de expresión y ataques contra la prensa en el estado de Guerrero y le solicitan acciones urgentes para proteger la vida de periodistas en Iguala.

 

En el estado de Guerrero, en la zona que comprenden los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco existe una permanente disputa entre grupos de la delincuencia organizada por el control de esa zona. En medio de esa lucha se presiona y amenaza a periodistas para que digan o dejen de decir cosas de acuerdo con los intereses de dichos grupos.

 

Se tiene conocimiento que desde inicios de este año decenas de periodistas han recibido amenazas contra su integridad y las de su familia, provocando autocensura, miedo e incluso desplazamientos. El 17 de marzo se publicó un video en Facebook en el cual se ve a un grupo de personas encapuchadas portando armas largas. En el video se amenaza a toda la prensa de Iguala. Entre las y los comunicadores amenazados se mencionó al director del medio PM Noticias, Pablo Morrugares.

 

Ante la falta de reacción de su gobierno frente a esta situación, la violencia contra la prensa se agravó aún más. El pasado 2 de agosto Morrugares y su escolta fueron asesinados por un grupo de sujetos armados.Horas antes del crimen el periodista realizó una trasmisión en vivo en la página de Facebook de PM Noticiasdonde hizo comentarios referentes a la presencia de grupos de la delincuencia organizada y los vínculos existentes entre estos y la policía. Morrugares era beneficiario del Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

 

Dos días después del asesinato de Morrugares, también en Iguala, las instalaciones del Diario de Iguala fueron atacadas con armas de fuego. Los hechos ocurrieron a plena luz del día. En ese inmueble se maquilan cuatro periódicos: El diario de Iguala, el diario de Taxco, Redes del sur y Diario de la Tarde de Iguala.

 

Durante su gobierno han sido asesinados 6 periodistas, sumando 16 desde 2005. Hasta la fecha ninguno de estos hechos se ha esclarecido ni hay ningún responsable condenado.[1]   

 

En 2019, ARTICLE 19 ubicó a Guerrero como la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo en México. En los últimos 10 años, dicha organización documentó 280 ataques contra la prensa en la entidad. Estas agresiones incluyen amenazas de muerte y de desaparición, privación ilegal de la libertad, campañas de desprestigio, desplazamiento interno forzado, intimidación con armas de fuego por parte de policías, allanamientos y robos de equipo, ataques físicos y asesinatos.

 

Se necesita la implementación de acciones contundentes que garanticen justicia y la no repetición de crímenes contra la libertad de expresión para garantizar el pleno ejercicio de la labor periodística, la cual es esencial para el fortalecimiento de la democracia.

 

La crisis de violencia que atraviesa Guerrero solo podrá enfrentarse en la medida en que la ciudadanía cuente con acceso a diversas fuentes de información y hasta que la prensa pueda expresarse libremente y sin temor a represalias sobre los hechos de relevancia pública que suceden en el estado. Es su responsabilidad como gobernador garantizar estas condiciones antes de que más periodistas sigan perdiendo la vida.

 

Por lo anterior, nos dirigimos a usted para solicitar con la mayor urgencia que su gobierno tome medidas para salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión en Iguala y en todo Guerrero, considerando como mínimo:

 

Reconocer públicamente la importancia de la labor de la prensa en la entidad, así como el rechazo público a todos los ataques contra periodistas.

Desde un esquema preventivo, coordinarse con autoridades locales, Fiscalía General del Estado de Guerrero, Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero; en conjunto con la 3era Unidad del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación para implementar acciones que reviertan las causas que generan las agresiones e implementar planes de protección integral para las y los periodistas.

Solicite la intervención de la Fiscalía General de la República a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión​ (FEADLE) para atender los contextos de macrocriminalidad contra periodistas.

Es deber del estado asegurar a las víctimas una reparación del daño integral, toda vez que, por omisión u acción, su gobierno no ha sido contundente en el combate a la impunidad y violencia contra la prensa.

 

[1] Francisco Pacheco (25-04-2016); Cecilio Pineda -03-2017); Pamela Montenegro (05-02-2018); Gabriel Soriano Kuri (24-10-2018); Edgar Alberto Nava López (02-08-2019)

 

 

Firmantes:

 

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

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