Ciudad de México.
Para la International Chamber of Commerce México (ICC
México), la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la
Constitución y nueve transitorios, enviada por el presidente de la República al
Congreso de la Unión, significa, contrario a lo que se piensa, una
transformación más amplia de las leyes porque involucra al sector eléctrico, de
hidrocarburos, el litio y recursos naturales del país, así como aspectos de
transición energética que no se limitan al sector de la electricidad.
Tampoco es una contra reforma a la reforma energética de
2013, ni a la de 1992 cuando se abrió la puerta al gas natural y se convirtió
en el inicio de las energías limpias en nuestro país, sino que regresará a
México por lo menos cuatro décadas atrás en la generación de energía eléctrica,
con los consiguientes costos económico-sociales en el interior de un país que
venía solidificando también su gestión frente al medio ambiente.
Lo que vemos los integrantes de la ICC México es la
sincronización de un diseño normativo que por encima de los derechos humanos de
quienes lo habitamos, nos conduce a la recarbonización del modelo energético
del país y a la dependencia en el corto plazo de modelos más destructivos del
medio ambiente como sería el fracking para resolver la demanda de petróleo,
porque las reservas probadas al día de hoy son apenas para 9.5 años.
El problema de reputación internacional para la Nación
tampoco es un asunto menor porque provocará incertidumbre y pone en riesgo la
confianza de la inversión extranjera directa en México y el consiguiente
aislamiento de nuestro país del resto de la economía mundial, al atentar contra
el Estado de Derecho al violentar principios constitucionales de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresión en materia de derechos humanos,
además de una evidente antinomia, incongruencia y oposición constitucional
respecto de aspectos de igualdad, no discriminación, derecho a la salud y a un
medio ambiente sano, desarrollo integral y sustentable, prohibición de leyes
privativas, retroactividad, seguridad jurídica, garantía de audiencia,
impartición de justicia, propiedad privada, libre competencia y concurrencia,
proporcionalidad, racionalidad, confianza legítima y competitividad.
En el plano internacional, la iniciativa violenta principios
insertos en los instrumentos internacionales que incluyen Trato Nacional,
Nación Más Favorecida, Acceso a Mercados, Requisitos de Desempeño y Presencia
Local, Asistencia No Comercial, Medidas Disconformes y Comercio Transfronterizo
de Servicios, Inversión y Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios
Designados, entre otros, todo diseñados para prevenir acciones arbitrarias de
los Estados Parte, que afecten el comercio y las inversiones de sus socios
comerciales.
Es una reforma que busca restringir a los sectores afectados
la posibilidad de recurrir con medios legales de defensa domésticos, al
proponer plasmar esta transformación en el texto constitucional, lo cual
generará confrontación entre derechos y principios constitucionales. No obstante,
se puede anticipar que las empresas analizarán e intentarán acciones legales
domésticas e internacionales en contra de la eventual reforma, por la clara
antinomia e incongruencia que existe con diversos derechos fundamentales y
principios constitucionales.
Aun cuando tampoco se contempla una expropiación directa
para evitar las indemnizaciones, la inanición económica de las empresas y los
proyectos mediante la cancelación de los permisos de producción, los contratos
de compraventa de energía y de autoabasto celebrados con particulares, así como
la cancelación de los Certificados de Energía Limpia (CEL’s), sí constituirían
una expropiación indirecta del sector, al poner en riesgo el valor de las
inversiones como resultado de actos de gobierno (que incluyen cambios
regulatorios en el sector). Es claro que procederá la protección a la inversión
contenida en los diferentes tratados firmados por México e, incluso, si un país
considerara que la violación a los acuerdos es de gran perjuicio para sus
inversionistas, podría darse un litigio Estado-Estado, incluyendo la afectación
mediante la imposición de aranceles.
La política destructiva del medio ambiente contenida en la
reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, está alejada de la
casualidad. Es parte de un diseño normativo de la actual administración,
mediante la cual pretende utilizar las grandes cantidades de combustibles
fósiles, incluido el combustóleo que tiene almacenados, debido a que el año
pasado dejó de utilizarse cuando entró en vigor el Convenio internacional para
prevenir la contaminación del mar por los buques.
Como parte de esta sincronización normativa se aprobó
recientemente la importación legal de autos llamados chocolates, que por su
alta producción de contaminantes son inutilizados en los Estados Unidos.
Tampoco el Gobierno Mexicano ha publicado la NOM 163, donde se establecen los
límites máximos permisibles para bióxido de carbono (CO2) provenientes del
escape y su equivalencia en términos de rendimiento de combustible, aplicable a
vehículos automotores nuevos. También suspendieron la NOM 044, que establece
los niveles máximos de emisión de contaminantes de vehículos pesados nuevos.
La ICC México hace un atento y respetuoso llamado a los
legisladores en el Congreso de la Unión para poner un alto a la iniciativa de
reforma constitucional enviada desde la Presidencia de la República, porque
significa no sólo una simple modificación a la Carta Magna, sino quitar a
México la visión de modernidad que poco a poco se venía registrando en los más
recientes años y en los cuales se habían sentado las bases para entrar al
Primer Mundo en aspectos de manejo del medio ambiente.
ICC México celebra la autodeterminación política que tiene
el gobierno mexicano de dictar las iniciativas que mejor estime en beneficio
del país. No obstante, esa autodeterminación debe de venir acompañada de un
cumplimiento irrestricto a los acuerdos internacionales que México ya ha
suscrito con sus pares en el mundo para promover y proteger inversiones
impulsando el desarrollo general del país y evitar incurrir en un costo
reputacional y económico sin precedente para México.
Todos queremos ver un sector eléctrico eficiente y una
Comisión Federal de Electricidad fortalecida, con mejores y mayores condiciones
de insumo eléctrico para las y los mexicanos. Sin embargo, el sector presenta
retos por demás importantes en materia de infraestructura en transmisión y
distribución y en la necesidad de continuar generando con gas natural, para
contar con una matriz energética diversificada, así como la necesidad de
modernizar las centrales de generación de energía de la CFE para hacerlas más
competitivas y se transite a esquemas de generación de energía más limpia,
eficiente y competitiva.
Existen alternativas y estamos a favor de apoyar a las
Empresas Productivas y Subsidiarias del Estado, así como a los Órganos
Reguladores Coordinados y al CENACE con miras a fortalecer al sector, impulsar
una transición energética sostenible e inclusiva de todos los sectores, y velar
por la Seguridad Energética de nuestro país.
Además, cualquier tipo de reforma está obligada a tutelar
los derechos humanos de los mexicanos a un medio ambiente sano, a la salud y a
la participación, este último protegido por el reciente Acuerdo Regional sobre
el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia
en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa
Rica el 4 de marzo de 2018, que garantiza el derecho humano a la participación
y la consulta, tema en el que tanto el Gobierno Federal como el Congreso de la
Unión han sido omisos.
Tampoco omitimos mencionar que cualquier proceso de reforma
constitucional necesariamente debe de cumplir con el desarrollo de estudios en
materia de impacto social y, en su caso, desarrollar la consulta previa, libre
e informada, prevista en el convenio 169 de la OIT, para que los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanos ejerzan su derecho humano a entablar un
diálogo intercultural respecto de tales decisiones legislativas.
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