En la Opinión de...

Artículo Editorial

ENFERMEDAD Y PODER

Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva

  

México. D. F., a 8 de agosto de 2012.- El 7 de marzo de 2004, el editorial de The New York Times publicó un sugestivo texto cuyo título lo decía todo “La necesidad de candidatos sanos” al hacer una crítica a la información mínima de la salud de los gobernantes. La tensión entre el derecho a la vida privada de los gobernantes y el derecho a saber de la comunidad es un tema que en México sigue abierto. Veamos

Primero. La regla general dispone que los expedientes médicos formen parte del núcleo duro de la vida privada de los seres humanos. Este punto de partida forma parte de las distintas disposiciones en materia de protección de datos personales. Por supuesto, por definición los derechos no son absolutos. Deben ser armonizados con otros derechos y en, suma, con el interés público. El derecho a saber de la comunidad es una prerrogativa que ha ido creciendo en México.

Hace tan sólo 17 años constituía una postura políticamente incorrecta cuestionar el sueldo del presidente de la República. Sergio Aguayo hizo esa solicitud que le hizo mucho bien al país. Logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ensanchara el alcance del derecho a la información adicionado al artículo 6º constitucional a instancias de Luis Javier Solana en 1977. (Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal). Hoy en día, salvo contadas excepciones, los sueldos, bonos y prestaciones de los servidores públicos constituyen información que de oficio se pone a disposición de la comunidad.

Desde 1972 en los Estados Unidos se ha vuelto una práctica común hacer pública la información sobre la salud de los candidatos, gobernantes y políticos y se cuenta, mejor todavía, con una estadística con datos duros sobre la salud de los presidentes de la República. (Jonathan Davidson y otros “Mental Illness In U.S. Presidents Between 1776 and 1974: A Review of Biographical Sources” publicado por Journal of Nervous & Mental Disease: Enero del 2006. Volumen 194, Ejemplar 1 pp 47-51) Janlori Goldman y Elizabeth Ida Tossell formulan la siguiente pregunta:” ¿Usted votaría por un candidato presidencial que sufra una enfermedad que lo debilite y pueda afectar el desempeño de sus funciones o incluso comprometer que pueda cumplir su periodo?” (“Presidential Health: Do We Have a Right to Know?” en http://www.ihealthbeat.org/perspectives/2004/presidential-health-do-we-have-a-right-to-know.aspx#ixzz22LkdPhBb).

En Europa, los doctores Pierre Rentchnick y Pierre Accoce se dieron a la tarea de estudiar la salud de los gobernantes y su impacto en la sociedad. Por ejemplo, afirman que el presidente Franklin D. Roosevelt padecía de presión arterial alta lo que reducía su lucidez en las negociaciones territoriales en el marco de la segunda Guerra Mundial. (Ces malades qui nous gouvernent. Librairie Générale Française. 1978)

Segundo. En México, no hay mayor bibliografía sobre el tema. De manera intuitiva, empieza poco a poco a dejar de ser un tabú. Hace sólo año y medio, Carmen Aristegui fue sancionada por preguntar si el presidente Felipe Calderón es o no alcohólico. En Estados Unidos hubiera sido una interrogante que difícilmente hubiera sido ajena al periodismo. En México, en cambio, generó que fuera despedida de MVS por ese hecho. No se le perdonó, en principio, que rompiera los umbrales de tolerancia de los poderes formales e informales ante un asunto que hacía más de 40 años formaba parte de las culturas democráticas.

En Estados Unidos y en Europa se cuentan con datos para hacer un estudio comparativo de la salud presidencial. En México, no. Y ahora creo que no es porque se trate de información clasificada como confidencial, sino seguramente inexistente por nuestra subcultura política. En las elecciones presidenciales recientes el tema de la salud de los gobernantes ingresó a la agenda pública por un desfallecimiento momentáneo de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, que terminó por crear consenso entre los candidatos presidenciales para realizarse exámenes de salud y poligráficos.

Sobra decir que la información sobre la salud de candidatos y gobernantes tiene un impacto importante habida cuenta que estos deciden los asuntos de todos. Ellos sufren sus enfermedades, pero la sociedad las padece si se toman decisiones equivocadas. (Nelson Castro. Enfermos de poder. La salud de los presidentes y sus consecuencias. Vergara. 2009)

Tercero. Si bien el tema de la salud presidencial fue coyuntural, habría que aprovecharlo para generar estándares que permitan crear un equilibrio entre el legítimo derecho a la vida privada de quienes gobiernan y el derecho a saber de la comunidad. En el país donde la fuerza del Ejecutivo es mayúscula por el diseño constitucional se debería crear por ley un sistema que repose sobre las siguientes líneas mínimas: a) Los exámenes médicos deben hacerse por lo menos al Presidente de la República, Secretarios de Despacho y equivalentes, gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales de las capitales de los estados así como a los candidatos a cargos de elección en el ámbito del Poder Ejecutivo; b) La práctica de exámenes de salud se debe hacer de tal suerte que se haga pública sólo aquella porción informativa que pueda tener un impacto en el óptimo ejercicio de sus funciones. De esta suerte, se mantiene a salvo el derecho a la vida privada de candidatos y gobernantes del morbo o de la curiosidad pública; c) Los exámenes deben hacerse de manera anual como sucede en los estados democráticos y dar a conocer con detalle cuando candidatos o gobernantes sean sometidos a operaciones que impliquen anestesia general, habida cuenta que en ese momento pierden totalmente la conciencia; d) Los exámenes deben realizarse por expertos independientes.

AMLO y EPN coincidieron en que fuera la UNAM la encargada de esta tarea a efecto de evitar exámenes a modo que manipulen la información real. Este ejercicio sería un paso más en la abultada lista de pendientes en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Columna

Reflexiones

Por Francisco Alfaro Ramírez

LA REPÚBLICA

La república tiene su origen en una palabra que por no utilizarse pareciera que ha quedado fuera del lenguaje común de la población, la res publica, es decir la cosa pública, lo que implica que la república es un elemento que se hace y pertenece a todo el público, lo que nos pone como herederos de la dirección de la cosa pública, todo lo que nos afecte nos beneficie, o nos complique la existencia dentro del ámbito público, nos compete y nos compromete.

Hemos conformado y nacido en un país que pese a sus brutales gobernantes hemos podido salir adelante, no han sabido los absurdos gobiernos encaminar un país rico en población, con grandes recursos naturales y con una tierra rica y generosa, el problema es que hemos dejado que unos cuantos que han tenido la fortuna de gobernar, se han hecho de grandes fortunas, cierto que sin esfuerzo, solo sabiendo que con leyes hechas  por personajes como ellos, les garantiza impunidad.

La cosa pública pertenece a todos los pobladores, pero hemos dado mucho peso a los habladores, a aquellos que dicen defendernos, hemos creado caudillos, los cuales ponemos en altares, ellos se la creen y nosotros lo fomentamos, creemos que ellos podrán solucionar los problemas urgentes y prioritarios que nos afectan.

Así que debemos de desmitificar a todos esos ladrones que sin hacer nada cobran, sin producir nada ganan y se dan bonos de actuación.

Todo presunto político que nos gobierna es igual que tú o que yo, solo que ellos tienen la posibilidad de proponer y hacer que se ejecuten obras en beneficio de las personas, pero debemos de comprender que las obras realizadas son siempre pagadas con tu dinero, y estas son en apariencia otorgadas a profesionales, pero, sabemos que los que realizan las obras tienen que hacer donaciones en obra, especie o económica para seguir prestando sus servicios.

Lo que debemos de entender que quienes gobiernan, quienes ejecutan, quienes juzgan, son personas normales que nada tienen de especiales, y muchos de ellos tienen el puesto gracias a sus relaciones, no por sus aptitudes, por lo que podemos encontrar brutos legislando, brutos juzgando, brutos gobernando, todos ellos llegando y haciendo sin pensar en el bien común, en la población, es decir en México, ya que necesario entender que México no es un terreno, ni un lugar, es una idea que confluye en un lugar, somos todos los que queremos tener y hacer de un territorio, un sitio de prosperidad, desarrollo, cultura, oportunidades, libertad, justicia y búsqueda de una real democracia.

Todos hacemos, decimos, criticamos, nos quejamos, pero también nos comprometemos con nuestra comunidad cercana, es decir nuestra familia, cuando la tenemos o con nuestro grupo, o con nuestra comunidad, pero también hemos dejado de hacer nuestra parte, que es, conducirnos de mejor manera, evitando corromper y con ello corrompernos, hemos dejado que unos cuantos nos digan, dirijan, y nos gobiernen, pero ellos no han sabido corresponder  a la confianza que se les ha conferido, con unos cuantos votos, generados por esta aparente democracia, es decir, todos somos responsables de la cosa pública, de la dirección de la república, la cual necesita de personas como tú, como yo, los que queremos hacer algo por nuestra población que es hacer algo por nuestro México, por nosotros.

La pregunta es: ¿Queremos sacar del atraso a nuestro país, comprometidos con la población y con nosotros mismos, es decir con México?

Por supuesto tú tienes la mejor opinión.

Obligatoria la protección legal y sicológica en el proceso de custodia de menores de edad

Por mayoría aprueba el Congreso propuesta de la bancada panista

Toluca de Lerdo, Méx., 03 de Agosto  de 2012. Por mayoría de votos, los integrantes de la LVII Legislatura local aprobaron la reforma de diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México para hacer obligatoria la práctica de periciales en materia de trabajo social y de psicología familiar, con el fin de determinar cuál de los padres habrá de ejercer la guarda y custodia del menor cuando no lleguen a un acuerdo, en los procedimientos sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada local Karina Labastida Sotelo explicó que dichas adecuaciones van enfocadas sobre los problemas que actualmente aquejan a la familia y a la infancia, puntualizando las directrices que protegen no sólo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sino que repercuten en una mejor convivencia entre sus padres y en todo aquello que implica la custodia como situación elemental para desarrollo físico y psico-social.

Con la aprobación de este dictamen, dijo, se habrá de promover la equidad entre padres y madres, para que ambos tengan la misma posibilidad de poder criar a sus hijos de acuerdo a sus capacidades fielmente demostradas mediante la pericial y finalmente eliminar de manera completa la discrecionalidad en cualquier juicio de guarda y custodia.

Señala además, que con esto, la autoridad jurisdiccional, tendrá la atribución de recabar datos integrales para determinar con independencia y prudente arbitrio jurisdiccional, quién debe quedarse con el menor, pues la práctica de periciales en materia de trabajo y psicología familiar tiene como fin que los menores mexiquenses puedan ver materializado su derecho a una vida digna y de pleno desarrollo psico-social y afectivo.

Reportaje

NARCOMENUDEO: PRONTO, RESPONSABILIDAD ESTATAL

Se acerca el plazo para que este delito pase al ámbito del fuero común; los aparatos de justicia quintanarroenses se capacitan para combatirlo, aunque hay dudas de que opere correctamente con los negativos resultados de los exámenes de confianza del personal policíaco

Por Enrique Huerta / Luces del Siglo

Cancún, Qna. Roo., a 2 de agosto de 2012.- A partir del próximo 21 de agosto, el aparato de justicia estatal comenzará a investigar y sancionar el narcomenudeo, para acatar el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2009.

Ese año se reformaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, que clasifican a este delito como competencia de las autoridades judiciales de los estados.

Por ello, tanto la policía estatal, las procuradurías y los tribunales superiores de justicia estatal tendrán la facultad de perseguir los delitos relacionados con tráfico de drogas al menudeo, siempre y cuando las cantidades involucradas no rebasen ciertos límites, pues en ese caso, la persecución del delito se reserva a las autoridades del fuero Federal.

Según el procurador de justicia de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, se necesita que la cantidad de droga sea mil veces superior a las previstas en la tabla de orientación prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud, así como cuando el narcótico no esté contemplado en dicha tabla, o bien, así lo solicite el Ministerio Público de la Federación.

El funcionario lo ejemplifica: será competencia estatal si la persona detenida tiene en su poder de 5 a 5 mil gramos de mariguana, es decir, de 0.05 hasta menos de 5 kilogramos, o de 500 a 500 mil miligramos de cocaína, de 0.5 hasta menos de 500 gramos.

La semana pasada inició una capacitación dirigida a agentes del Ministerio Público, peritos y policías judiciales, a cargo del doctor Roberto Ochoa Moreno, experto del Instituto Nacional de Ciencia Penales (Inacipe).

Hasta el momento se han creado dos fiscalías especializadas en el tema, una instalada en la capital del estado, Chetumal, y la otra se encuentra en Cancún, que también brindará servicio al municipio de Solidaridad. Se planea construir una tercera fiscalía para la Riviera Maya, pero esto a futuro.

Por cada fiscalía habrá de 18 a 20 miembros, seis agentes del Ministerio Público en cada una de éstas, aunque habrá personal que apoyará el trabajo de estas oficinas.

Los cuestionamientos

Con la obligación de los aparatos de justicia quintanarroense en la persecución del narcomenudeo, surgen las dudas sobre si realmente se trabajará de manera eficiente y sin corrupción.

Los quintanarooenses son escépticos sobre el funcionamiento de la justicia, pues en la memoria colectiva se mantiene todavía fresco el caso de la joven Fernanda García Alto Aguirre, hija de Francisco Javier García Rosado, del ex magistrado del Tribunal Electoral del estado, quien fue aprehendida por elementos de la policía municipal junto con otros cinco personas y se les encontró con drogas y armas de fuego, en mayo de 2011.

Días después, sólo se consignaron en la PGR a Mauricio Canto Miru, de 20 años, y los hermanos Cristian y Miguel Sosa Barragán, de 21 y 35 años. Los demás salieron libres e, incluso, a nivel de la leyenda urbana se habla de tráfico de influencias para liberar a la joven.

Otra incertidumbre es la selección de personal para estas fiscalías. Si bien en la inauguración de los cursos de capacitación del personal el procurador estatal Gaspar Armando García dijo haber seleccionado a quienes integrarían estas oficinas, la decisión se tomó a partir de aquellos que aprobaron los exámenes de control de confianza y no cuentan con antecedentes penales.

También prometió que se estarán haciendo periódicamente exámenes permanente, “porque puede ser que más adelante incurran en alguna cuestión”.

De acuerdo con cifras oficiales, Quintana Roo es el estado más atrasado en materia de confianza a la policía. Sólo 1.3 por ciento de los 6 mil 904 agentes de la policía estatal acreditaron exámenes de confiabilidad, según datos de la organización Causa en Común.

De los 6 mil 900 mandos altos, medios, personal operativo y ministeriales de las Direcciones de Seguridad Pública y Policía Judicial del Estado, sólo 90 han acreditado dos de los cuatro exámenes que corresponden a las evaluaciones de control y confianza.

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PENAS ESTIPULADAS:

Por comerciar drogas: De 4 a 8 años en términos generales. La pena se amplia en 50 por ciento en servidores públicos.

Por posesión simple de drogas: De 3 a 6 años

Ley General de Salud.

Columna

LOS PARTIDOS NOS QUEDARON A DEBER

México, D. F., a 31 de julio de 2012.- Hablar de democracia implica decir de la forma más perfecta, menos perjudicial y más avanzada para tener una convivencia donde las mayorías marquen el rumbo de quién, cómo y hasta cuándo debe gobernar; es decir, existe la posibilidad de que otro grupo o partido político llegue al poder de manera institucionalizada.

Todo lo contrario es la dictadura donde el poder se concentra en torno a la figura de una sola persona o grupo de personas y los beneficios son para los cercanos al dictador o junta, generalmente militar; esta forma de gobierno en su acepción clásica impide que la oposición acceda al poder de forma institucionalizada, aunque en la época moderna ésta práctica quienes la ejercen buscan las maneras de pintarla de democrática.

El político español Enrique Múgica Herzog, un miembro histórico del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), afirma que “la democracia no es el silencio, sino la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos”.

Mirándolo así, en México están dados los dos supuestos que marca la democracia. Existe libertad para expresar los problemas y medios para resolverlos. Esta forma democrática se ha visto privilegiada desde 1988, cuando finalmente el PRI perdió el poder omnímodo que ejercía, la dictadura perfecta que señaló Mario Vargas Llosa.

Que debieran ser mejores y con mayor equilibrio las formas democráticas de nuestro país, cierto. Sin embargo, la sociedad no tiene por qué pagar la falta de equilibrio que los propios partidos no quieren resolver y, por el contrario, no sólo la omiten, sino que la promueven para, en el caso de llegar al poder, beneficiarse de ella.

Entonces, la falta de equilibrios es una carencia que debemos imputar única y exclusivamente a los partidos políticos de la oposición, quienes poco o nada hicieron con la representación que las minorías les otorgaron en los congresos estatales y federal.

Por este motivo, resulta fastidioso que hoy no sólo el PRD y su líder Andrés Manuel López Obrador, sino todavía más el PAN y su presidente Gustavo Madero, pretendan descalificar una elección que ellos mismos no supieron o no quisieron cuidar.

Y este cuidado no se trata sólo del día de la elección, mucho menos del periodo electoral que incluye preparación de la elección, campañas y votación, sino todo el armado de la elección desde años previos.

Pero resulta que todos los partidos políticos estuvieron más ocupados en cómo hacer trampa que en armar una estructura legal y política para evitarlas. Comenzaron desde el momento en que sometieron a la picota al anterior presidente del IFE y se dedicaron a tratar de hacer llegar a personas afines quienes los representaran. Y de ahí, p’al real.

Si los partidos políticos tienen una representación popular que encarnizadamente buscan en cada proceso electoral, deben rendirnos cuentas de lo que hicieron con nuestro voto. Y por la forma cómo ocurrió la elección del pasado 1º de julio, son los partidos los que le han quedado a deber a los ciudadanos porque, en todo caso, ellos no supieron cuidar el sentido de nuestro voto.

Es muy fácil para ellos culpar a los ciudadanos, porque finalmente eso es lo que realizan, acusan al pobre de haber vendido el voto, cuando fueron ellos quienes no supieron o no quisieron hacer las reglas para que esto no se diera.

Como depositarios de la mayoría del voto ciudadano, hoy los priístas tendrían la gran encomienda de generar un país todavía más democrático, pero como tienen el poder, como todos, su inclinación será la de volver a aceitar las formas para mantenerlo de cualquier forma dentro de los cauces democráticos.

Entonces, es la oposición, PAN, PRD, PT, PANAL y Movimiento Ciudadano, que juntos pueden formar una verdadera oposición, los moralmente comprometidos para generar el cambio en la estructura electoral.

Si no presionan para generar tales cambios, que no sigan culpando a la sociedad de que vendió el voto ni al partido en el poder que lo compró. 

Protección a menores en procesos judiciales

• Comisiones aprueban reformas y adiciones al Código Civil y de Procedimientos Civiles.
• Garantizan representación jurídica para menores y otras personas especialmente protegidas por la Ley.

       

Toluca, Méx., 30 de julio 2012.- Especificar los casos en que se requiera la intervención del Ministerio Público en procesos judiciales de naturaleza civil y familiar, cuando los derechos e intereses de menores de edad, incapaces u otras personas especialmente protegidas por la Ley se vean en conflicto o amenazados, es el objetivo de las reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de México, aprobadas por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la LVII Legislatura estatal.

La iniciativa, avalada por unanimidad, fue formulada por el Ejecutivo estatal y tiene como finalidad brindar protección en los casos donde exista riesgo de que los afectados carezcan de una representación jurídica eficaz y puedan quedar en estado de indefensión.

Estipula que se cuida el interés superior de los menores e incapaces, toda vez que la autoridad judicial estará obligada a velar por ellos, ya sea nombrando a los tutores y curadores correspondientes o requiriendo la intervención del Ministerio Público, en los casos en que advierta una falta de representación legal o, incluso, cuando se percate que el representante es omiso o actúa en contra de los intereses de aquellos.

Se plantea suprimir la figura de Ministerio Público adscrito, a fin de potenciar las capacidades de investigación y persecución de los delitos, por ser ésta la función que más atención requiere y ser el principal reclamo de la sociedad.

Por lo tanto, los Ministerios Públicos que actualmente se encuentran adscritos a los órganos jurisdiccionales en materias civil y familiar, serán incorporados en las funciones propias de investigación.

Establece que la intervención del Ministerio Público se realice por conducto de las unidades administrativas que determine el Procurador General de Justicia del Estado de México.

El documento aclara que la autoridad judicial a cargo de los procesos civiles y familiares está obligada, por la Constitución y los ordenamientos jurídicos, a velar por el interés superior de los menores, incapaces y personas especialmente protegidas por la Ley.