Artículo Editorial
ENFERMEDAD Y PODER
Opinión del especialista en asuntos de transparencia y
libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, Ernesto Villanueva
México. D. F., a 8 de agosto de 2012.- El 7 de marzo de
2004, el editorial de The New York Times publicó un sugestivo texto cuyo título
lo decía todo “La necesidad de candidatos sanos” al hacer una crítica a la
información mínima de la salud de los gobernantes. La tensión entre el derecho
a la vida privada de los gobernantes y el derecho a saber de la comunidad es un
tema que en México sigue abierto. Veamos
Primero. La regla general dispone que los expedientes
médicos formen parte del núcleo duro de la vida privada de los seres humanos.
Este punto de partida forma parte de las distintas disposiciones en materia de
protección de datos personales. Por supuesto, por definición los derechos no
son absolutos. Deben ser armonizados con otros derechos y en, suma, con el
interés público. El derecho a saber de la comunidad es una prerrogativa que ha
ido creciendo en México.
Hace tan sólo 17 años constituía una postura políticamente
incorrecta cuestionar el sueldo del presidente de la República. Sergio Aguayo
hizo esa solicitud que le hizo mucho bien al país. Logró que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación ensanchara el alcance del derecho a la información
adicionado al artículo 6º constitucional a instancias de Luis Javier Solana en
1977. (Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista
en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal). Hoy en día,
salvo contadas excepciones, los sueldos, bonos y prestaciones de los servidores
públicos constituyen información que de oficio se pone a disposición de la
comunidad.
Desde 1972 en los Estados Unidos se ha vuelto una práctica
común hacer pública la información sobre la salud de los candidatos,
gobernantes y políticos y se cuenta, mejor todavía, con una estadística con
datos duros sobre la salud de los presidentes de la República. (Jonathan Davidson y otros “Mental
Illness In U.S. Presidents Between 1776 and 1974: A Review of Biographical
Sources” publicado por Journal of Nervous & Mental Disease: Enero del 2006.
Volumen 194, Ejemplar 1 pp 47-51) Janlori Goldman y Elizabeth Ida
Tossell formulan la siguiente pregunta:” ¿Usted votaría por un candidato
presidencial que sufra una enfermedad que lo debilite y pueda afectar el
desempeño de sus funciones o incluso comprometer que pueda cumplir su periodo?”
(“Presidential Health: Do We
Have a Right to Know?” en
http://www.ihealthbeat.org/perspectives/2004/presidential-health-do-we-have-a-right-to-know.aspx#ixzz22LkdPhBb).
En Europa, los doctores Pierre Rentchnick y Pierre Accoce se
dieron a la tarea de estudiar la salud de los gobernantes y su impacto en la
sociedad. Por ejemplo, afirman que el presidente Franklin D. Roosevelt padecía
de presión arterial alta lo que reducía su lucidez en las negociaciones
territoriales en el marco de la segunda Guerra Mundial. (Ces malades qui nous
gouvernent. Librairie Générale Française. 1978)
Segundo. En México, no hay mayor bibliografía sobre el tema.
De manera intuitiva, empieza poco a poco a dejar de ser un tabú. Hace sólo año
y medio, Carmen Aristegui fue sancionada por preguntar si el presidente Felipe
Calderón es o no alcohólico. En Estados Unidos hubiera sido una interrogante
que difícilmente hubiera sido ajena al periodismo. En México, en cambio, generó
que fuera despedida de MVS por ese hecho. No se le perdonó, en principio, que
rompiera los umbrales de tolerancia de los poderes formales e informales ante
un asunto que hacía más de 40 años formaba parte de las culturas democráticas.
En Estados Unidos y en Europa se cuentan con datos para
hacer un estudio comparativo de la salud presidencial. En México, no. Y ahora
creo que no es porque se trate de información clasificada como confidencial,
sino seguramente inexistente por nuestra subcultura política. En las elecciones
presidenciales recientes el tema de la salud de los gobernantes ingresó a la
agenda pública por un desfallecimiento momentáneo de la candidata del PAN,
Josefina Vázquez Mota, que terminó por crear consenso entre los candidatos
presidenciales para realizarse exámenes de salud y poligráficos.
Sobra decir que la información sobre la salud de candidatos
y gobernantes tiene un impacto importante habida cuenta que estos deciden los
asuntos de todos. Ellos sufren sus enfermedades, pero la sociedad las padece si
se toman decisiones equivocadas. (Nelson Castro. Enfermos de poder. La salud de
los presidentes y sus consecuencias. Vergara. 2009)
Tercero. Si bien el tema de la salud presidencial fue
coyuntural, habría que aprovecharlo para generar estándares que permitan crear
un equilibrio entre el legítimo derecho a la vida privada de quienes gobiernan
y el derecho a saber de la comunidad. En el país donde la fuerza del Ejecutivo
es mayúscula por el diseño constitucional se debería crear por ley un sistema
que repose sobre las siguientes líneas mínimas: a) Los exámenes médicos deben hacerse
por lo menos al Presidente de la República, Secretarios de Despacho y
equivalentes, gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y presidentes
municipales de las capitales de los estados así como a los candidatos a cargos
de elección en el ámbito del Poder Ejecutivo; b) La práctica de exámenes de
salud se debe hacer de tal suerte que se haga pública sólo aquella porción
informativa que pueda tener un impacto en el óptimo ejercicio de sus funciones.
De esta suerte, se mantiene a salvo el derecho a la vida privada de candidatos
y gobernantes del morbo o de la curiosidad pública; c) Los exámenes deben
hacerse de manera anual como sucede en los estados democráticos y dar a conocer
con detalle cuando candidatos o gobernantes sean sometidos a operaciones que
impliquen anestesia general, habida cuenta que en ese momento pierden
totalmente la conciencia; d) Los exámenes deben realizarse por expertos
independientes.
AMLO y EPN coincidieron en que fuera la UNAM la encargada de
esta tarea a efecto de evitar exámenes a modo que manipulen la información
real. Este ejercicio sería un paso más en la abultada lista de pendientes en
materia de transparencia y rendición de cuentas.