CARTA ABIERTA

CARTA ABIERTA

C. ENRIQUE PEÑA NIETO

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

H. CONGRESO DE LA UNIÓN

C. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG

Secretario de Gobernación

C. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ

Procuradora General de la República (PGR)

C. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS

Gobernador Constitucional del Estado de México

C. ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ

Procurador General de Justicia del Estado de México

C. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

C. RICARDO CELSO NÁJERA HERRERA

Titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión​ (FEADLE)

FRATERNIDAD MEXICANA DE COMUNICADORES EN PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA A. C. (COPRATEC)

PRENSA UNIDA DE LA REPÚBLICA A. C.

REPORTEROS SIN FRONTERA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Editores, periodistas, reporteros, corresponsales, camarógrafos, fotógrafos y representantes de medios de comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación, ante el aumento de violencia contra el gremio periodístico dedicado a la noble labor de informar.

Los Estados de México, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Puebla y Veracruz, son algunos de los Estados de la República Mexicana donde se vive a día la violencia contra la PRENSA, estando la libertad de expresión bajo constante ataque en México, siendo este país el más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo, de acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2015 realizada por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Estos ataques perpetrados contra periodistas son agravios directos hacia las aspiraciones democráticas de cualquier sociedad, pues acotan la circulación de información y de las ideas, lo que limita la capacidad ciudadana para participar en el ámbito público y decidir, de manera consciente e informada, el rumbo de su sociedad.

Cada 22 horas, un periodista es agredido en este país, según el informe de la Organización Internacional Artículo 19, que promueve y defiende la libertad de expresión.

La Sociedad Interamericana de Prensa y la organización Artículo 19 señalaron que entre el año 2000 y el pasado 31 de enero fueron asesinados 92 periodistas en México y que la mayoría de los casos sigue impune.

Es por ello, que hacemos un llamado a todas las autoridades arriba mencionadas para asumir con la debida seriedad las medidas cautelares en curso, dirigidas a proteger la integridad de periodistas cuyo nivel de riesgo ha sido evidente. Es necesario se realice una investigación exhaustiva que permita identificar a los responsables y sancionarles conforme corresponda a derecho, para evitar que la impunidad abone a la comisión de nuevos agravios.

Podemos mencionar algunos casos recientes ocurridos en este año 2016, como es el asesinato de Marcos Hernández Bautista, corresponsal del diario Noticias en la Costa, el homicidio de Reynel Martínez Cerqueda, conductor de la radiodifusora “El Manantial”, y del periodista mexicano Manuel Santiago Torres González quien fue asesinado de un disparo en la cabeza el sábado 14 de mayo de 2016, cuando regresaba a su casa, en la ciudad de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz.

Y por último, pero no por ello menos importante, es el caso, del Editor Aliber García de la Cruz, Director del Periódico “Liberal Mexiquense” y escritor de la columna “Los Holgazanes”, quien fue objeto de agresión verbal e intimidación el pasado viernes 27 de mayo alrededor de las 14:00 horas por parte de Javier Espinoza Herrera, responsable de la Central de Abastos en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. La causa de este hecho se relaciona a la crítica publicada en su columna “Los Holgazanes” (mes de mayo 2016), donde el editor hace referencia de dos Integrantes de Cabildo como “Juanitas”, o mejor dicho “chiquilladas” (palabra usada para definir a servidores públicos jóvenes, sin experiencia y que ocupan un cargo importante, sin cumplir el perfil), término que fue malinterpretado por Espinoza Herrera quien lo definió como “prostitutas”, por lo que, de manera inmediata, al darse cuenta de la publicación, susodicho representante de la Central de Abastos, que por cierto, resulto ser familiar de una de las citadas, se dirigió en compañía de su guardaespaldas a buscar al responsable de la columna, Aliber García, para posteriormente agredirlo con palabras altisonantes, intimidándolo en el estacionamiento de la dirección de ODAPAS de Valle de Chalco, para que dejará de seguir repartiendo su medio impreso. Por todo lo anterior, hacemos del conocimiento a las autoridades correspondientes y responsabilizamos a Javier Espinoza Herrera, responsable de la Central de Abastos, de cualquier atentado o agresión que llegara a sucederle al Director del Periódico “Liberal Mexiquense”, Aliber García de la Cruz, Familia y colaboradores.

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental, marcado en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Así también está el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada.

Por todo ello y lo anterior, las autoridades competentes deben identificar y juzgar a los responsables de todos estos crímenes perpetrados contra periodistas, para que sus casos no caigan en el olvido, y se regrese de esta manera, la confianza en la aplicación de justicia.