- Se pronuncia por hacer cambios que garanticen la equidad de género en su vida interna y la perspectiva de género en sus resoluciones
La próxima reforma al Poder Judicial de la Federación,
deberá garantizar derechos humanos de la ciudadanía y su acceso efectivo a la
justicia; el combate a la corrupción, la impunidad y el nepotismo, y la
seguridad de sus integrantes frente a amenazas de la delincuencia organizada,
aseveró la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña.
Asimismo, abundó, dicha reforma deberá incluir la equidad de
género en su vida interna y la perspectiva de género en sus resoluciones, así
como la garantía de reinserción social para sentenciados, particularmente de
adolescentes y jóvenes.
“Es indispensable una nueva reforma a este Poder, porque la
última que se le hizo en 1994, con objeto de prevenir la corrupción en su
interior, quedó ya rebasada”, manifestó en un comunicado, relativo a su
participación en la inauguración del foro “¿Hacia dónde va la reforma con y
para el Poder Judicial?”
La diputada perredista consideró prioritario garantizar el
respeto a los derechos humanos en cualquier cambio que a futuro se realice,
porque los realizados en el pasado reciente, como la suma de delitos que
ameritan prisión preventiva oficiosa y los relacionados con la delincuencia
organizada, imponen retos importantes al respecto.
“Es decir, ¿cómo generar una interacción positiva entre
juzgadores y ciudadanos, a partir de una limitación de las facultades de los
primeros y de los derechos de los segundos, de tal forma que se atienda la
legalidad y se abata la impunidad?”, cuestionó la legisladora jalisciense.
Es de suma relevancia garantizar la seguridad de jueces,
juezas, magistrados y magistradas en un contexto de violencia generalizada que
ya costó la vida a varios de ellos.
En su consideración, también urge garantizar el acceso a la
justicia de quienes carecen de recursos para una defensa particular, así como
las mujeres, las y los adolescentes en conflicto con la ley, y las y los
trabajadores.
Respecto a los primeros, se pronunció por rediseñar la
defensoría de oficio para dotarla de instrumentos legales y presupuestales que
le permitan contribuir a la defensa de todas las personas, sin que éstas
pierdan sus bienes en algún proceso.
En cuanto a las mujeres, faltan mecanismos especiales para
la impartición de justicia con perspectiva de género, pero también políticas
públicas dentro del Poder Judicial para garantizar la paridad de género en el
ascenso y promoción en toda su estructura institucional.
Juárez Piña consideró necesaria la creación de nuevos
juzgados, la capacitación del personal y hasta la disposición de espacios
físicos adecuados para impartir justicia correctamente en el ámbito laboral.
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