Ciudad de México.
Desde nuestra posición como coadyuvantes al progreso mundial
a través del desarrollo de políticas públicas y la promoción de las mejores
prácticas, quienes integramos la International Chamber of Commerce México (ICC
México), consideramos que la absorción por parte de las Secretarías de Estado
del Ejecutivo Federal de los Organismos Constitucionales Autónomos y otros
Organismos Autónomos (OCA’s), además de grave, atentaría contra el estado de
derecho que con tanto esfuerzo se ha consolidado en México desde la pacífica
alternancia política del 2000.
La absorción de los OCA’s demerita derechos fundamentales de
las personas y empresas que en México aspiran a desarrollarse en un entorno
donde imperen reglas claras y donde exista un ejercicio de poder con pesos y
contrapesos reales, no donde predomine el autoritarismo que perduró en nuestro
país la mayor parte del siglo XX. No donde el Ejecutivo Federal sea juez y
parte y donde la competencia económica, el uso eficiente de telecomunicaciones
y la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público
sean sólo un anhelo.
Al ser una organización que fomenta el comercio y la
inversión a través de las fronteras, y que ayuda a las empresas a enfrentar los
retos y oportunidades que surgen con la globalización, también creemos que
desaparecer la autonomía de los OCA’s enviará a los mercados internacionales un
mensaje de que, en México, se ha puesto en marcha un retroceso democrático
importante y de riesgo para las inversiones extranjeras. La desaparición de los
OCA’s también podría generar responsabilidades conforme a los Tratados de Libre
Comercio y Protección a las Inversiones celebrados por nuestro país.
El malentendido ahorro que implicaría la absorción de los
OCA’s por las Secretarías de Estado apartaría a México del modelo de Estado
Regulador, basado en un ejercicio apolítico del poder en donde impere la
ciencia, la experiencia y la técnica en la toma de decisiones públicas. Dicha absorción de los OCA’s impondrá mayores
costos al ciudadano común y las empresas porque sus compras de bienes o
servicios serán víctimas de la especulación en los mercados y el gasto público
—que es su dinero convertido en impuestos para el buen aprovechamiento
general—, carecerá de elementos necesarios para conocer su destino y que este
sea, precisamente, transparente.
Estamos convencidos de que los mexicanos tenemos el derecho
humano de vivir en una sociedad que permita el desarrollo económico para
satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, con un poder adquisitivo suficiente,
sostenible y en fortaleza, además del derecho humano a la información pública y
a la protección de datos personales, con decisiones basadas en ciencia y
experiencia en las políticas públicas a través de los OCA’s, que han demostrado
a lo largo de su vida institucional ser órganos técnicos y no políticos, cuya
existencia ha hecho realidad la alternancia en el poder y el paulatino y
sostenido fortalecimiento transexenal de nuestra democracia.
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