Ciudad de México.
Llevar a los hoy órganos
autónomos al seno de las secretarías de Estado eliminaría el sentido técnico de
las decisiones para convertirlas en disposiciones políticas, tornándose en un
gran retroceso para el posicionamiento del país en materia de regulación,
evaluación y control en temas muy relevantes como telecomunicaciones y radiodifusión,
la competencia económica y la transparencia, con respecto a las tendencias
democráticas en el concierto mundial.
Quienes integramos la Comisión de
Competencia Económica en la International Chamber of Commerce México (ICC
México), consideramos que el Ejecutivo Federal tiene maneras de influir
políticamente y buscar el impulso de sus políticas públicas con los
nombramientos como los que actualmente están en proceso, pero, insistimos, es
prudente hacerlo dentro del orden constitucional y a partir de fundamentos
técnicos.
En ICC México creemos que llevar
los OCA’s (órganos constitucionales autónomos) al seno de las secretarías de
Estado es tanto como convertirlos en órganos políticos y perdería su razón de
ser que es tomar decisiones técnicas.
Esas decisiones técnicas son las
que se han impulsado en el país y que solo pueden ser tomadas por los miembros
de estos órganos con plena autonomía, a partir de la mejor medida para el
bienestar del ciudadano común y no de grupos de interés o políticas públicas de
corto plazo.
Algunos de esos beneficios
propiciados por la existencia de los OCA’s se encumbran, tan solo en el caso de
la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT).
En el caso de la primera, la
Cofece, ha supervisado concentraciones económicas o de mercado por más de 13
billones de pesos; ha logrado beneficios por aplicación de la ley por 20.5
millones de pesos y ha impuesto multas por 6 mil millones.
Y en el caso del IFT ha reducido
los precios de los servicios de telecomunicaciones en 27 por ciento y en el
caso de los servicios móviles hasta 44 por ciento, lo que implica ahorros por
425 mil millones de pesos para los consumidores. Se triplicaron los accesos de
internet móvil y los accesos de internet fijo aumentaron 45%, las conexiones de
fibra óptica aumentaron en 600% mientras que los accesos a TV de paga
incrementaron de 43 a 58 por cada 100 hogares. Con la multiprogramación 30
millones de niños han podido ir a la escuela durante la crisis de COVID-19.
Y en el caso de la red compartida
ha supervisado el despliegue de la red compartida y se ha disminuido la
participación en el mercado de internet de los actores dominantes, 23 por
ciento en Internet fija y 11 por ciento en móvil, además de 6 por ciento en
telefonía móvil.
Los integrantes de los órganos
constitucionales autónomos son personas con alto perfil de conocimientos y
experiencia, quienes fueron aprobados por los órganos legislativos de la Nación
y toman decisiones colegiadas, precisamente para evitar que puedan ser
influenciados y cooptados. Quitar autonomía a estos órganos y llevarlos al seno
de las secretarías de Estado provocaría que se perdieran todas estas
apreciaciones que les han dado alta reputación.
Por la complejidad de sus
funciones, los OCA’s requieren recursos humanos especializados, su nómina
salarial no es gasto corriente, es inversión en capital humano-necesaria para
el país.
De hecho, la existencia de los
órganos autónomos ha venido a impulsar en México la división de poderes, el
equilibrio y apego al orden constitucional y el conocimiento en la toma de
decisiones. Y su riqueza está en que, a pesar de formar parte del Estado, son
un contrapeso para evitar la toma de decisiones interesadas que perjudiquen a
la mayoría de los ciudadanos.
Los consumidores ganamos con
reguladores técnicos y efectivos y blindados de influencias políticas de corto
plazo. No nos equivoquemos, regresar a un modelo ya superado no tendrá ahorros
presupuestales, ni va a mejorar los servicios a los ciudadanos, solo
concentrará más el poder político.
Atentamente
Comisión de Competencia Económica
International Chamber of Commerce
Miguel Flores Bernés
Presidente
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