México, D. F., a 12 de diciembre de 2012.- La figura de un
ombudsman como una autoridad en materia ambiental a través de una Comisión de
Vigilancia de los Derechos de la Tierra y la inscripción de siete derechos
esenciales para la protección, conservación y fortalecimiento del planeta como
un ser vivo, son los rasgos esenciales de la iniciativa de Ley Ambiental y de
Protección de los Derechos de la Tierra en el Distrito Federal, presentada por
el diputado local César Daniel González Madruga, apoyada entre otros
legisladores por la presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural de la
Asamblea Legislativa, Carmen Antuna Cruz.
“Me parece inteligente e innovador que nazca y surja una
Comisión como defensora de los derechos de la tierra; darle la vuelta o el giro
porque estamos acostumbrados a los derechos humanos, a los derechos de la gente
y esta es una propuesta distinta en el sentido de que estamos hablando de cómo
integramos los derechos que tienen los seres humanos y los de la Madre Tierra”,
expresó la diputada emanada del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado local por el PAN, César Daniel González Madruga,
promotor de la iniciativa, dio a conocer este mediodía en conferencia de prensa
que ésta propuesta innovadora de derechos humanos de cuarta generación sólo
tiene antecedente en países como Bolivia, Venezuela y Ecuador en el Continente
Americano, donde ha sido puesta como prioridad de los gobiernos de izquierda.
La iniciativa que será debatida más tarde en Comisiones
Unidas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la finalidad de
subirla cuanto antes al Pleno y hacerla Ley, cuenta con la simpatía y
compromiso de la mayoría de los diputados y sólo quedaban por resolver algunos
pendientes como el asunto de la sostenibilidad de la comisión, así como el
perfil de quien deba encabezarla, quien sin duda debe ser un ciudadano
honorable y con amplio conocimiento del tema ambiental.
Los siete derechos ponderados para la tierra son el
mantenimiento de la vida, de la diversidad de la vida, conservación del agua,
mantener el aire limpio, contar con equilibrio ecológico, restauración del
ecosistema y el derecho a vivir libre de contaminación.
En la iniciativa, afirmó el diputado González Madruga, se
tomaron en su totalidad los contenidos de la Ley Ambiental del Distrito
Federal, con la finalidad de armonizar sus instrumentos de regulación, fomento
y coordinación, “para encontrar elementos efectivos de gestión urbana y
ambiental, con los mecanismos para la defensa, protección y promoción de los
derechos de la tierra, de forma que se garantice una mejor calidad de vida a la
población y el desarrollo sustentable de nuestra ciudad”.
La iniciativa consta de 343 artículos, 10 Títulos, 50
Capítulos, 8 Secciones y 8 Transitorios, donde se le ha incorporado, además de
los derechos de la tierra, las instancias ante las que los habitantes de la
capital puedan denunciar presuntas violaciones a estos derechos.
La instancia, como ya fue anotado, será una Comisión de
Vigilancia de los Derechos de la Tierra, que por su carácter supervisor, será
un organismo donde se recibirán las quejas presentadas por particulares sobre
presuntas violaciones a los derechos de la tierra.
El ombudsman contará con facultades de investigación y
buscará, a través de la figura de la auto composición, la conciliación entre
los quejosos y autoridades señaladas, la promoción de la enseñanza y una
cultura de la defensa de los derechos de la tierra; asimismo, ante la violación
de estos derechos, podrá formular recomendaciones públicas no vinculatorias,
así como denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes.
Finalmente, el diputado explicó que se ha propuesto un
esquema de financiamiento tripartito a través del acceso al denominado “Fondo
Verde”, cuya presidencia tiene nuestro país, y otros otorgados por parte de la
comunidad internacional a los países con mecanismos de protección a los
derechos de la tierra; una fuente más de ingresos será aquella de mecanismos
“autogenerados”, a través de montos recaudados de multas y sanciones y,
finalmente, existe el convencimiento de que en el Presupuesto de Egresos del
2013 se haga una previsión para que la Comisión de Vigilancia de los Derechos
de la Tierra cuente con recursos no menores al 50% de lo que se le destina a la
Comisión de Derechos Humanos del D.F.