- Establece multas económicas, suspensión temporal y cancelación definitiva de los permisos, por incumplir la nueva normatividad.
Toluca de Lerdo, Méx.- Multas económicas, suspensiones
temporales y cancelación definitiva de los permisos, son las sanciones que
enfrentarán los propietarios de Casas de Empeño privadas que incumplan con la
autorización legal para operar, así como otras disposiciones consideradas en la
Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de México, avalada por las
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como Desarrollo
Económico, Industrial, Comercial y Minero de la LVIII Legislatura estatal.
Con la presidencia del diputado Saúl Benítez Avilés (PRD),
los legisladores aprobaron la propuesta del Ejecutivo estatal para crear esta
ley, por ser necesario garantizar al público usuario la transparencia sobre las
operaciones de estas casas de empeño y evitar que caigan en manos de empresas
informales o en la comisión de delitos.
De acuerdo con el proyecto de decreto, que deberá ser votado
en el Pleno Legislativo, para operar alguno de estos establecimientos debe
solicitarse el permiso respectivo—el cual deberá renovarse cada año—, al
Gobierno estatal a través de la Secretaría de Finanzas, que llevará un registro
y deberá publicarlo anualmente en la Gaceta Oficial.
El permisionario que tenga conocimiento de la comisión de
hechos posiblemente delictuosos, con motivo de los servicios que presta, está
obligado a denunciarlos ante el ministerio público, además de que no podrán
concertarse operaciones con menores de edad o con alguna incapacidad.
Entre las sanciones previstas, destaca que se impondrá multa
de cincuenta a quinientos salarios mínimos, cuando el permisionario cancele con
anticipación a la fecha de conclusión del período de vigencia, la póliza de
seguro para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a los
contratantes; omita anexar al contrato, los documentos que amparen la identidad
del contratante o, en su caso, la factura que ampare la propiedad del bien dado
en garantía, y se oponga sin causa justificada, a la práctica de una visita de
inspección, auditoría o de supervisión de la operación del establecimiento.
Durante la discusión del dictamen, el diputado del PRD,
Silvestre García Moreno anunció su voto en contra por considerar que en los
términos expuestos, esta ley impide al municipio expedir los permisos y es
contraria a diversas disposiciones del Código Administrativo de la entidad.
Su compañero de partido, Saúl Benítez Avilés, señaló que la
iniciativa es una respuesta necesaria a la proliferación de estos giros a los
que acude principalmente gente de escasos recursos, mientras que el diputado
Apolinar Escobedo Ildefonso (PRI), llamó a preparar una iniciativa semejante
para el ámbito federal a fin de que el Congreso de la Unión legisle lo que
corresponde en la materia.