- La magistrada Marcela Gerardina Ramírez Borjón se niega a cuantificar la apropiación de áreas más allá del derecho de vía, afectando los intereses de los ejidatarios de Durango
Pueblo Nuevo, Dgo.- Contrario a los actos de jurisdicción
voluntaria que los ejidatarios afectados por la construcción de la autopista
Mazatlán-Durango realizan en Sinaloa y Nayarit, la magistrada del 7º Tribunal
Unitario Agrario con sede en la capital del estado, Marcela Gerardina Ramírez
Borjón, actúa en contra de los intereses de los propietarios de la tierra en
Durango.
Los representantes de 29 ejidos de Sinaloa, Durango y
Nayarit emprendieron una lucha para que el Gobierno Federal vía la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), les pague al precio comercial
actualizado de más de mil 900 hectáreas utilizadas para la construcción de las
autopistas, supercarreteras, libramientos y el famoso puente Baluarte en la vía
Mazatlán- Durango, presumida como la más grande obra de ingeniería del sexenio
anterior, no sólo en México sino en Latinoamérica.
Entre esas acciones está la de solicitar la jurisdicción
voluntaria en los tres estados, con el fin de que se realice el deslinde
(medición del terreno afectado) y se les declare el derecho que tienen de
exigir la indemnización, para lo que la magistrada sólo tiene que cumplir lo
que le solicitan los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, es decir,
la medición, ya que para esta acción no hay pleito ni controversia.
En este caso, dicta la ley, la jurisdicción voluntaria sirve
para el “apeo o deslinde de predios, para saber sus límites de superficie”.
Sin embargo, Ramírez Borjón y el topógrafo a su cargo,
Francisco Cruz Cruz, han ejercido acciones dilatorias y decisiones autoritarias
que afectan a los interesados, con tal de dilatar el proceso. Primero el
topógrafo no se presentó a medir en la fecha inicialmente acordada porque
supuestamente le robaron los aparatos tras ser asaltado.
Posteriormente la magistrada promovió un acuerdo para usar
el GPS y pasaron otros 9-10 días para que se procediera a la firma del mismo.
Finalmente el topógrafo llegó al ejido Pueblo Nuevo a pie. Los ejidatarios le
pusieron todos los instrumentos para que trabajara, además de gasolina y
viáticos, pero midió no lo acordado, sino sólo el derecho de vía que es de 60
metros de ancho.
Afirmó el representante de los ejidatarios afectados, Ernesto
Pérez Virgen, que cuando le reclamaron que sólo midiera el derecho de vía, la
respuesta fue que esa fue la instrucción de la magistrada.
Los dueños de la tierra afirman que ha sido afectada más
tierra adentro del derecho de vía, como los cauces de los ríos, los ojos de
agua, flora y fauna. “Y esto debe ser también medido”, añadió Pérez Virgen.
De tal suerte que ante la actitud de la magistrada, los
ejidatarios han determinado perder el tiempo que ya habían ganado para reponer
el proceso y dejar nada a la interpretación de Ramírez Borjón.
Por este motivo, ayer mismo realizaron una nueva
Jurisdicción Voluntaria mediante la cual demandaron el deslinde y avalúo de sus
tierras, así como el avalúo y estudio de mercado a valor comercial a precios
actualizados.
“En Sinaloa y Nayarit la jurisdicción voluntaria ha
caminado. Los topógrafos en Sinaloa y Nayarit están midiendo lo que demandaron
los campesinos”, expresó Pérez Virgen, quien detalló que además del derecho de
vía, se deben medir como en los otros estados, “los daños colaterales como son
la apropiación de más terreno, daños ambientales, daños a las comunidades y
otros”.
