- Además, proponen a diputados que soliciten la concesión de la carretera Durango-Mazatlán para los dos estados por donde pasará y su renta sea para educación, salud y generación de empleos
Durango, Dgo.- Los campesinos integrados en el movimiento
por la Justicia Agraria de 29 ejidos de Sinaloa, Durango y Nayarit, solicitaron
al Congreso local un pronunciamiento de apoyo para lograr que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes les pague de inmediato sus tierras afectadas por
la autopista Durango-Mazatlán, además de reiterar su propuesta de que la vía
sea concesionada a los estados por donde pasa y no a la iniciativa privada, ya
que el costo de más de 28 mil millones de pesos por su construcción ha sido
absorbido por el gobierno mexicano.
En un documento entregado a la Diputada Anavel Fernández
Martínez, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso duranguense en el mes de
septiembre, los ejidatarios le solicitaron “elaborar, analizar, consensar y
aprobar en este mes, un punto de acuerdo de obvia y pronta resolución que
aborde y abrace un gran beneficio para nuestro estado de Durango y que
nosotros, los dueños de la tierra, alcancemos la justicia agraria y se nos
incluya en el progreso que traerá la supercarretera”.
Este punto de acuerdo solicitado debe llevar la solicitud
para “el pago inmediato a los campesinos y ejidatarios de sus tierras afectadas
por la construcción de la autopista Durango–Mazatlán, tanto en el derecho de
vía como en las tierras afectadas que les destruyeron (como) bosques, ojos de
agua, arroyos, caminos y reservas ecológicas, por los abusos de las
constructoras españolas y mexicanas; daños y abusos que en el pasado inmediato
fueron solapadas por la Dirección del Centro de la SCT en nuestro estado”.
Asimismo, “que el Congreso de Durango se pronuncie y
solicite a la Secretaria del Comunicaciones y Transportes la CONCESIÓN de la
autopista Durango-Mazatlán para los estados de Durango y Sinaloa, cuya renta y
ganancia que generará esta obra hecha con el dinero público federal, beneficie
a la educación, salud y generación de empleo en ambos estados”.
El representante del movimiento, Ernesto Pérez Virgen,
recordó que la empresa española Aldesa, que es investigada por presuntos
sobornos a los gobiernos de Partido Popular en el nombrado Caso Bárcenas, en
España, continúa realizando destrozos en las tierras propiedad todavía de los
ejidatarios, luego de los problemas ocurridos por la mala planeación de las
obras, como son las grietas sobre el asfalto y el desgajamiento de un cerro en
el kilómetro 138+100.